Ministro Lamberto Cisternas y el debate sobre derechos humanos: “Esta relativización es fruto del clima general, es un vaivén que va a ir pasando”

Entre el año 2002 y el 2018, la Corte Suprema estableció 457 sentencias por violaciones a los derechos humanos. De esas, 394 son penales, 175 por secuestro calificado, 108 por homicidio calificado y 217 indemnizaciones, que en total implican un monto de 55 mil millones de pesos. Hay siete ministros en visita con dedicación absoluta a los procesos en marcha, de los cuales 245 son causas nuevas. Estas son algunas de las cifras que dio a conocer esta semana el máximo tribunal del país en el marco de un seminario sobre la labor en DDHH de la sala penal y la laboral. el ministro Lamberto Cisterna explicó que se decidieron a dar a conocer el trabajo realizado en casos de derechos humanos, precisamente porque tomaron conciencia que «se conoce poco o nada las cosas que hacemos».

El juez confesó que la idea de este seminario surgió luego de las acusaciones constitucionales que enfrentaron a mediados del 2018 los ministros Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Kunsmuller por otorgar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad. Cisterna contó que tras ese episodio hubo un pleno en que los integrantes de la Corte Suprema reflexionaron sobre su «relación con la comunidad, con la sociedad», aunque reconoció que tiene sus dudas que haber difundido antes los avances obtenido habría detenido el proceso del líbelo acusatorio. «La acusación constitucional es un mecanismo que más corresponde a lo que técnicamente se puede llamar un juicio político y si eso es así, obedece más a razones políticas que técnicas. Probablemente se habrían disminuido las expectativas de quienes la presentaron o habría sido más fácil que el Poder Judicial se conectara con la comunidad, pero tengo la sensación que no habría eliminado la acusación porque tenía razones políticas».

-Pero esas razones políticas estaban sustentadas en el malestar y rechazo público a las decisiones de la Corte respecto de dar libertades condicionales a violadores de la DDHH…

-De nuevo venimos al tema de la información. Si la información nuestra hubiera sido más contante y más clara, probablemente habríamos tenido una disminución o eliminación de las expectativas. Estamos acostumbrados a trabajar calladitos y cuando se trabaja así, el resto de la comunidad no sabe cuáles son las razones o los fundamentos. Otra cosa es que no los comparta, pero al menos es bueno que se sepan, que se den a conocer.

-¿Qué es lo más valioso que ha hecho la Corte Suprema en materia de DDHH en estos 28 años?

-Haber enfrentado decididamente la labor de resolver estas causas, de tramitarlas adecuadamente y tratar de hacerlo lo más pronto posible. Tener una Unidad de Coordinación Nacional, una memoria digital que deje constancia de las causas, esa decisión de enfrentarlo así, lo más racional y eficientemente posible, es lo más valioso. Paralelamente, la declaración del año 2013 de la Corte Suprema en que reconoce que no tuvo una respuesta adecuada a las severas violaciones a los derechos humanos y expresa su compromiso de resolver las causas.

[cita tipo=»destaque»]Creo que ha hecho sus máximos esfuerzos en un proceso evolutivo. Al comienzo fue muy cerrada la cosa, recuerde que en un inicio se dijo que la Comisión Rettig no era seria y hoy por hoy, los procesos consideran ese informe como un elemento relevante. Paulatinamente nos hemos ido posicionando de la necesidad de dar una respuesta actual y dinámica, pero sin olvidar que las cosas ocurrieron en un contexto determinado, que es otro punto importante. Hemos dado una buena respuesta, pero teniendo esa reserva, que ha sido una cosa evolutiva. Al principio no, claro, 10 recursos de amparo de 5 mil, no, pero hoy por hoy, las cosas son distintas.[/cita]

-Cuando se retiraron los jueces Carlos Cerda y Milton Juica se instaló la idea que la Corte Suprema se debilitó en sus posiciones en DD.HH ¿Comparte esa visión y que se ha hecho para que no sea así?

-Es muy bueno que cuando se retiran personas tan importantes como Carlos Cerda y Milton Juica, quede esa sensación y las instituciones, con su funcionamiento, van supliendo esto y van apareciendo otras personas que se destacan en distintos ámbitos. Hemos tomado todos una conciencia colectiva fuerte de la importancia del tema, prueba de ello es la reflexión que tuvimos y este seminario, entonces pienso que -teniendo mucho cariño por los dos colegas y reconocimiento por sus aportes- la institución se va adecuando para enfrentar esta temática con los “soldados” que actualmente tiene.

-¿Cree que estas cifras de causas sentenciadas ayudan a terminar con la sensación colectiva que no ha habido justicia, que ha sido poca o que solo ha sido en la medida de lo posible?

-Si queremos hablar de justicia podemos estar hasta mañana conversando, pero nosotros somos un poco reticentes para hablar de justicia en general, en abstracto y por eso decimos que somos parte de la administración de justicia, tratamos de hacer esa justicia y para eso, contamos con la ley, que es la herramienta fundamental, la ley, la Constitución, los Tratados Internacionales. No podemos salirnos de allí y eso muchas veces la gente no lo entiende.

-¿La Corte Suprema ha hecho su máximo esfuerzo para entregar justicia al país en relación a las violaciones a los DDHH en dictadura?

-Creo que ha hecho sus máximos esfuerzos en un proceso evolutivo. Al comienzo fue muy cerrada la cosa, recuerde que en un inicio se dijo que la Comisión Rettig no era seria y hoy por hoy, los procesos consideran ese informe como un elemento relevante. Paulatinamente nos hemos ido posicionando de la necesidad de dar una respuesta actual y dinámica, pero sin olvidar que las cosas ocurrieron en un contexto determinado, que es otro punto importante. Hemos dado una buena respuesta, pero teniendo esa reserva, que ha sido una cosa evolutiva. Al principio no, claro, 10 recursos de amparo de 5 mil, no, pero hoy por hoy, las cosas son distintas.

-¿Cuando habla de contexto, habla del que llevó al Golpe Militar o al contexto de la dictadura?

-A las dos cosas, pero fundamentalmente a cómo eran las cosas en el gobierno militar, porque eran distintas. El que era subteniente, difícilmente podía decir que no y si lo hacía iba a tener un problema. Eso tiene que ser evaluado y ponderado de alguna manera.

–¿Ha costado que estas sentencias establezcan una verdad jurídica sobre lo que pasó en Chile, considerando el clima de relativización que se ha instalado actualmente en el país?

-Se ha hecho un avance, se ha trabajado en lo más posible, no diría que se ha podido mostrar toda la verdad en términos claros y contundentes, porque los procesos no logran hacerlo, generalmente, en forma cabal, porque son reconstrucciones, que son traídas al proceso por las partes, entonces el problema del juez es que trabaja sobre hechos pasados, reconstituidos por los interesados. El juez tiene que resolver sobre algo medio teórico, va deduciendo, los procesos muchas veces logra reflejar lo que sucedió, pero otras veces solo se acerca. Ahora esta relativización es fruto del clima general, es un vaivén que va a ir pasando en la sociedad. Siempre van a permanecer los puntos de vista tan diferentes de los familiares de las víctimas y de los familiares de los ejecutores, que lo fueron porque quisieron o los mandaron. Ese contrapunto lo vamos a tener siempre.

-¿Por más sentencias y fallos que haya de la Corte Suprema en causas de DDHH siempre va a existir esta polarización?

-Siempre.

-Las libertades condicionales a violadores de DDHH genera mucho ruido. No se entiende que se le de este beneficio, considerando que dichos crímenes no son iguales al resto de los delitos…

-La libertad condicional está inserta en la etapa de cumplimiento, es un derecho. La ley es antigua, es de comienzo del siglo pasado, no se ha adecuado. Nos encontramos frente a la petición de una persona condenada por un crimen de lesa humanidad, un secuestro calificado, en general para otorgarla se necesita la mitad del tiempo, salvo delitos que necesitan dos tercios de tiempo y ese secuestro no está en esos dos tercios, entonces acontece que hubo una modificación a la ley para incorporar nuevos delitos a los dos tercios, como la violación a un menor, pero no este secuestro. ¿Qué se interpreta como juez? ¿Necesita el 50% de la condena o los dos tercios? Cualquiera de las dos interpretaciones son lícitas, entonces la ley no es clara.

-¿Y el arrepentimiento no es un factor relevante para libertades condicionales a violadores de DDHH?

-Puede ser relevante, pero eso debe ser una decisión de la autoridad política, de quienes dictan la ley. La ley no es clara, no se exige arrepentimiento actualmente. Los informes que elabora Gendarmería son una pauta, orientan a la comisión, pero no es un requisito. No son vinculantes.

-En la perspectiva que los DDHH deben ser resguardados para todos ¿cree que la Corte hace lo correcto en otorgar libertades condicionales a violadores de derechos humanos que están muy viejos o enfermos en estado terminal?

-Este es un derecho de los que están recluidos, por lo tanto todos tienen derecho a pedirlo y si la ley no se lo restringe, no tendríamos porque nosotros tener que decirles que no. A no ser que haya un elemento objetivo, como que una persona tenga varias condenas por lo mismo. No quisiera decir que hay una irresponsabilidad del poder político, pero este es un tema que hace muchos años lleva debatiéndose y que recién está llegando a puerto. El tema del arrepentimiento, además, tiene el problema de cómo lo demuestras, porque sino, llegamos a una declaración jurada y al final puede ser que no refleje lo que queremos que refleje, el arrepentimiento.

-Así como en la historia del país quedó marcado que la Corte Suprema denegó justicia en la dictadura y que el 2013 hizo un mea culpa al respecto, ¿qué le gustaría que fuera el siguiente hito del tribunal en materia de DDHH?

-Me gustaría que prontamente pudiéramos llegar a sentencias, para que así las personas que han recurrido al Poder Judicial, obtengan su respuesta. Que se formulen las condenas que haya que formularlas, que se establezcan las indemnizaciones necesarias, y eso que sirva, ojalá, como elemento para la tranquilidad ciudadana, en la medida que pueda tranquilizar.