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El proyecto de Admisión Justa es solo una de las iniciativas que ha impulsado el Ministerio de Educación y que pretenden remover los cimientos de las reformas claves del Gobierno de Bachelet. El Presidente anunció la restitución de la selección y un “copago voluntario”; además, puso a cargo de la desmunicipalización a una directora que se ha mostrado abiertamente en contra del Sistema de Nueva Educación Pública. Y los rectores, por su parte, denuncian que el Gobierno ha llevado adelante una cruzada en contra de la gratuidad.
El proyecto de “Admisión Justa” ha revelado la estrategia de La Moneda y de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, un verdadero cortafuegos para lograr frenar las crisis y captar la atención de los medios cada vez que el Gobierno se encuentra en apuros. Pero también es una forma de desmantelar o ajustar los cambios que realizó la administración de la expresidenta Michelle Bachelet en esta área.
Desde el oficialismo reconocen que el anterior Gobierno dejó muchos “vacíos” y que es momento de “realizar los ajustes necesarios” para la aplicación de la reformas que ya están en curso. Admisión Justa apunta directamente a uno de los corazones de la Ley de Inclusión, la que pretendía poner fin al copago, el lucro y la selección en el sistema de educación pública y subvencionada.
Pretende restituir la selección en un 100% en los denominados colegios de excelencia y emblemáticos, los que correspondían a unos 208 hasta el 2017, según los datos de la Agencia de la Calidad de Educación, detalla Mauricio Castro, jefe del área de educación de Lagos & Asociados. Cabe recalcar que el universo de colegios en Chile supera los 7 mil; por lo tanto, esta reforma apuntaría a menos del 5% de los establecimientos del país.
Es más, son solo 18 los liceos que tienen el reconocimiento de “emblemáticos” y, entre los bicentenarios, 31 caen en la categoría de “inclusivos”, 12 de “alta excelencia” y 29 “no cumplen con alguno de los requisitos” para entrar a la categoría de excelentes. La actual Ley de Inclusión permite que los colegios de excelencia y emblemáticos seleccionen un 30% de la matrícula. Hasta el 2017 eran 139 los colegios que podrían haber realizado la postulación para seleccionar, pero solo 20 lo hicieron, por lo tanto –agrega Castro– “hablamos de un grupo muy reducido”.
Según el Ejecutivo, este proyecto pretende devolverles a los padres la capacidad de escoger el colegio de sus hijos, pero, tras la implementación de la Ley de Inclusión, solo el 17% de los estudiantes no quedó en sus primeras opciones. Según Castro –que fue parte del equipo de implementación de la reforma en el Gobierno anterior– “los padres siempre postulan a los mismos colegios” o aquellos que conocen, lo que hace que “las solicitudes se concentren en algunos establecimientos”.
La ministra Cubillos ha destacado que la selección permite que se premie el mérito y la excelencia académica de niños y niñas, pero desde la oposición han señalado que, sin las mismas condiciones socioeconómicas, las notas no son un factor que pueda medir equitativamente a los estudiantes.
“Si yo tengo un niño miembro de una familia llamada ‘bien constituida’, con padres profesionales, va a tener un capital cultural y económico distinto a un niño de papás separados, en condiciones de vulnerabilidad; su capital cultural y socioeconómico no es el mismo. Si el primer niño tiene promedio 6, el segundo 5,5, ¿qué niño tiene mayor mérito? Seguramente si el niño con el 5,5 tuviera las condiciones del niño que se sacó un 6, tendría un promedio sobre 6. Por lo tanto, la nota no mide el mérito”, detalla Mauricio Castro.
Otro eje de la Ley de Inclusión que el Mineduc de Piñera pretende reformar es el aporte de privados a los colegios particulares subvencionados. El Presidente destacó que se permitirá “el aporte de los padres y apoderados para la educación de sus hijos”, aunque no hay mayores detalles de cómo se restituirá esta especie de copago voluntario, porque el proyecto recién será ingresado al Congreso en marzo, pero ya ha desatado críticas desde la oposición.
[cita tipo=»destaque»]Precisamente, la exencargada de Educación de Lo Barnechea es la carta bajo la manga del Gobierno para asumir la dirección durante los próximos años de la Nueva Educación Pública: Francisca Johansen, ingeniera de la Universidad Católica, quien ingresó a la Dirección de Educación Pública a fines de octubre del 2018. Eso, después que el Gobierno declarara desierto el concurso público para llenar el cargo de Director de Educación Pública, en el que estaba Rodrigo Egaña, reconocido en el mundo educacional y que fue parte de la terna del proceso de Alta Dirección Pública para definir al futuro director, en la que también compitieron Alan Wilkins, ex coordinador nacional de los Liceos Bicentenario y ex seremi metropolitano de Educación en el primer Gobierno de Piñera, además de Juan Enrique Guarachi García-Huidobro, director ejecutivo de Belén Educa.[/cita]
Junto con el financiamiento total de la matrícula por parte del Estado para los colegios subvencionados, se les exigió a los sostenedores eliminar el lucro de sus colegios, de forma que todos los recursos deben ser reinvertidos en el establecimiento educativo. Como no hay claridad del objetivo de estos aportes de padres y apoderados a los colegios, al interior de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados temen que estos proyectos puedan ir a parar “al bolsillo de los sostenedores, es como comprar un puesto en el colegio”.
Además de la Ley de Inclusión, otra reforma que está en plena implementación es la de Nueva Educación Pública, más conocida como desmunicipalización, la cual debe terminar de instalarse en el año 2025. Un nuevo sistema de administración de los colegios públicos que ha sido criticado por la centroderecha, es más, hay alcaldes que se han opuesto a entregar sus colegios, como el jefe comunal de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), quien la ha calificado como “una mala política”.
Precisamente, la exencargada de Educación de Lo Barnechea es la carta bajo la manga del Gobierno para asumir la dirección durante los próximos años de la Nueva Educación Pública: Francisca Johansen, ingeniera de la Universidad Católica, quien ingresó a la Dirección de Educación Pública a fines de octubre de 2018. Eso, después que el Gobierno declarara desierto el concurso público para llenar el cargo de director de Educación Pública que antes ocupaba Rodrigo Egaña, reconocido en el mundo educacional y que fue parte de la terna del proceso de Alta Dirección Pública para definir al futuro director, en la que también compitieron Alan Wilkins, ex coordinador nacional de los Liceos Bicentenario y ex seremi metropolitano de Educación en el primer Gobierno de Piñera, además de Juan Enrique Guarachi García-Huidobro, director ejecutivo de Belén Educa.
Según la DEP, ninguno de los otros candidatos habría cumplido con la “prueba de blancura exigida por el Gobierno” y agregan que Johansen siempre fue “la carta de Piñera”. Tenía un problema: no cumplía los requisitos exigidos por la Alta Dirección Pública, razón por la que la ingresaron al equipo de la DEP como jefa de División de Asuntos Económicos y Financieros, cargo en que asumió la subrogancia desde el 29 de noviembre del 2018.
Una nueva dirección que ha causado preocupación entre los cuadros técnicos que están a cargo del proceso de Nueva Educación Pública. Desde la DEP destacan que el principal temor es que el proceso de desmunicipalización “se haga voluntario” y se creen distinciones entre los servicios locales y los municipios “con más poder económico”, lo que podría aumentar la segregación al interior del sistema escolar.
El área escolar no es el único ámbito que ha sido removido por el Mineduc. Los principales cambios se dieron en la época del ministro Gerardo Varela y apuntaron directamente a debilitar el proceso de implementación de la gratuidad. El objetivo era que no avanzara “ni un paso más”, según señala un exfuncionario del ministerio, pero se “coló la propuesta del senador Ossandón”, que la ampliaba para los institutos profesionales y centros de formación técnica.
El Gobierno ingresó el proyecto de gratuidad para los IP y CFT, cumpliendo con la promesa de campaña de Piñera de ampliar a un 70% la gratuidad para sus estudiantes, pero no incluyó a los de carreras técnicas impartidas por universidades, que se concentran en las universidades del Estado.
Este error del ministerio fue evidenciado por la presidenta de la comisión de Educación del Senado, Yasna Provoste (DC), y el Gobierno se comprometió a ingresar una indicación para incluir a las instituciones del Estado antes que se votara el proyecto en la comisión. Pero durante ocho meses de tramitación esto nunca ocurrió, y el proyecto fue aprobado sin la modificación solicitada al Ejecutivo.
El proyecto del Crédito Solidario Unificado, que busca reemplazar al criticado CAE, también tiene una “letra chica” que ha sido denunciada por parlamentarios de oposición y rectores. Es más, hoy el presidente del Cuech y rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, deberá exponer en la comisión de Educación del Senado al respecto.
Pese a que el denominado CAE 2.0 de Piñera elimina la participación de la banca en el sistema de financiamiento a la Educación Superior, mantiene el principio del “endeudar para educar” que tenía el CAE y que tiene a más de 900 mil jóvenes endeudados en $10 millones promedio.
Los rectores de IES estatales han recalcado que las condiciones para que las instituciones accedan al nuevo CAE son mucho más flexibles que las que incluye la gratuidad. El proyecto no controla el alza de aranceles ni prohíbe a las instituciones entregar créditos internos para financiar la diferencia entre arancel real y de referencia. Aspecto de la gratuidad que hoy tiene con un déficit de $17 mil millones a las universidades adscritas al sistema. Esta falta de control haría al nuevo crédito “más atractivo que la gratuidad para las universidades, principalmente privadas”, señalan desde el sector estatal.
Para lograr rebajar el millonario déficit que ataca principalmente a las universidades del Consejo de Rectores y del Estado, el Cruch propuso utilizar un 30% de los excedentes de los recursos recuperados del Crédito Fondo Solidario para financiar al 50% de los estudiantes que pierden la gratuidad al no terminar sus carreras a tiempo, alumnos que en el 2018 sumaron 40 mil.
La modificación fue respaldada por los parlamentarios de oposición y aprobada en la tramitación presupuestaria, pero los diputados de Chile Vamos acudieron al Tribunal Constitucional (TC), petición a la que se sumó el Gobierno, y el TC definió como inconstitucional la medida. El rector Vivaldi señaló que el fallo del TC debilita los objetivos de la gratuidad e impide “el uso de los recursos del Fondo de Crédito Solidario, se busca acentuar los problemas que genera en nuestras instituciones el financiamiento de la gratuidad”.
Para la especialista en Educación Superior y colaboradora de Fundación Crea, Marjorie Cuello, “el Gobierno se encuentra en una actitud pasivo-agresiva, en el sentido que no responde a las críticas o falta de claridades respecto de la aplicación de la reforma a la Educación Superior que lamentablemente corresponde aplicar”. Destaca que el Mineduc “ha dado tribuna a los ‘expertos’ ideológicamente afines y, a su vez, las universidades adscritas a la gratuidad han levantado una crítica respecto a la aplicación de esta, un problema que el movimiento social advirtió desde un principio: entregar los recursos en función de la demanda y no de la oferta”.
