PAÍS
Déficit por más de $17 mil 500 millones, “incumpliendo con ello el principio de la legalidad del gasto”, pagos indebidos a empresas (incluidos los trabajos de reparación del emblemático reloj de flores) y desembolsos por horas extras no realizadas son parte de las observaciones resultadas de la fiscalización del ente contralor. Los antecedentes fueron puestos en manos del Ministerio Público.
Un lapidario informe de auditoría emitió la Contraloría General de la República respecto de la gestión financiera de la Municipalidad de Viña del Mar que encabeza la UDI Virginia Reginato, al punto que el ente contralor decidió enviar los antecedentes al Ministerio Público e iniciará un sumario para establecer responsabilidades, que se suma a los ya iniciados por la propia administración comunal.
Déficit por más de $17 mil 500 millones, “incumpliendo con ello el principio de la legalidad del gasto”, pagos indebidos a empresas (incluidos los trabajos de reparación del reloj de flores) y desembolsos por horas extras no realizadas son parte de las observaciones de los resultados de la fiscalización al sistema de información, endeudamiento y un examen de cuenta de los saldos de ingresos y gastos al 31 de diciembre del 2017.
El preinforme de la Contraloría, de septiembre del 2018, arrojó un total de 93 observaciones. Si bien el municipio entregó antecedentes que permitieron dar por superadas 12 de ellas y adoptó medidas para hacer frente a otras 25 observaciones, hay un saldo de 56 observaciones con diversas irregularidades que no pudo explicar.
Por las irregularidades detectadas, el ente contralor informó además que ejecutará un “reparo” por $150 millones aproximadamente, que serán exigidos a trabajadores y empresas a quienes se les haya pagado montos en exceso.
Producto de estos antecedentes, los parlamentarios de la zona ya anuncian medidas. “Estoy estudiando detenidamente el informe de la Contraloría, para anunciar las presentaciones que haré. Me reuniré con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, con el Fiscal Nacional del Ministerio Público y con el Contralor General de la República por este caso”, señaló el diputado RN Andrés Celis.
Por su parte, el diputado RD Jorge Brito señaló que “la derecha en Viña del Mar ha llevado a la quiebra al municipio, lo mismo que hicieron en Valparaíso”, añadiendo que “la alcaldesa año tras año nos ha mentido en las cuentas públicas, diciendo que el municipio registra superávit, cuando en realidad son pérdidas”.
Por este motivo, emplazó al Concejo Municipal para que “discuta la acusación por notable abandono de deberes, que la ciudadanía identifique, con nombre y rostro a los responsables de esto y que la justicia determine las responsabilidades penales”.
El informe final n.º 577 verificó además que en las cuentas públicas del 2015 y 2016 se informa un superávit en la gestión, mientras que en el 2017 se dio a conocer un déficit. No obstante, todo lo anterior difiere de los antecedentes entregados por el director de control del municipio.
Otra objeción señalada es que, al 31 de mayo 2018, la municipalidad contabilizó y pagó facturas por $9.583.743.047 y que devengó otras por $1.776.431.513, en circunstancias que todas ellas correspondían a bienes y/o servicios recibidos en el 2017.
Igualmente, se confirmó que el municipio adeudaba 25 facturas por $336.683.538 a cuatro proveedores sin que estas se encuentren pendientes en los registros de la municipalidad.
Asimismo, se estableció que si la municipalidad hubiera registrado su deuda al término del ejercicio presupuestario 2017, pudo haber advertido la existencia de gastos devengados superiores a los límites definidos en el presupuesto.
En la fiscalización también se constató que, al menos desde el 2015, diferentes directores de control dieron a conocer a la alcaldesa y al Concejo Municipal que parte del déficit presupuestario se debía a deudas no reconocidas ni pagadas oportunamente.
Incluso, la Contraloría estableció que el presupuesto inicial del 2017 no contempló el déficit, pese a que las autoridades ya contaban con dicha información.
En cuanto a la ejecución del presupuesto, se determinó que en el 2017 el municipio gastó $5.540.515.128 en horas extraordinarias, que se suman a otros $7.077.259.529 en pagos por honorarios y programas comunitarios. Ambas cifras completaron $12.617.774.657, equivalentes al 43,20% del total de gastos de personal de ese municipio y un 14,93% del total de gastos del presupuesto municipal.
Al respecto, el ente fiscalizador advirtió que ambos montos superan lo que el municipio reservó para la materialización de proyectos, consultorías y obras civiles, cifra que llegó a $ 3.775.106.785, equivalentes al 4,47% del presupuesto municipal.
Otra observación se vincula a la reparación del emblemático reloj de flores de la ciudad, destruido por la caída de un árbol en mayo del 2017.
El informe comprobó que la entidad edilicia cedió 887 plantas, costeó $22.435.363 para ornamentación y retiro de escombros y compró $2.691.780 en 3.200 especies florales. Todo ello fue entregado a la empresa Siglo Verde S.A., pese a que la responsabilidad de mantener y reponer las especies es de la concesionaria.
Igualmente, se detectó el pago de $64.473.910 a la empresa González y Fierro Ltda. por siete trabajadores, sin que se hayan verificado las labores ni los lugares donde estos se habrían desempeñado.
Además, el municipio gastó $1.044.915 en alojamiento y alimentación para los artistas que participaron en la celebración del año nuevo chino 2017, siendo que las municipalidades no están facultadas para utilizar fondos en este tipo de situaciones.
A ello se suma el desembolso de $2.503.901 a las empresas Piamonte S.A. y Rene Godoy y Cía. Ltda. por el uso del dispositivo TAG en las autopistas Vespucio Norte Express S. A., Autopista Central S. A., Costanera Norte S. A. y Vespucio Sur S. A. sin que exista detalle de los vehículos que utilizaron tales vías.
La Contraloría señaló que el municipio destinó $20.260.862 en honorarios respaldados con informes que son similares entre un mes y otro, sin indicar fechas, lugares u otro antecedente que permita demostrar fehacientemente la realización de las actividades detalladas. Además, el municipio desembolsó $35.709.773 a la empresa PROEXSI Ltda. por el módulo Inspección Municipal, pese a que este no fue instalado.
Adicionalmente, mediante una visita inspectiva, se determinó que el 11 de julio del 2018, entre las 21:00 y 23:10 horas, hubo personal municipal que no fue habido en sus puestos de trabajo. No obstante, en el sistema de control horario figuran con una salida posterior a la señalada.
En esa línea, la Contraloría igualmente cuestionó que un funcionario contratado a honorarios por el municipio, sin horario establecido, también fue contratado por las empresas González y Fierro Ltda. (de 08 a 17:30 horas, con posibilidades de realizar horas extraordinarias) y Alto Jardín S. A. (de 18 a 00:00 horas), registrando salidas en González y Fierro Ltda. que le impedían cumplir con el contrato que tenía con Alto Jardín S. A. Pese a lo anterior, el municipio pagó por los servicios contratados.
