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Investigación del BID señala que, por consecuencia de «las acciones y omisiones del Estado, Municipios y privados», se gestó un «desarrollo rural dispar» de los territorios con alta concentración de población indígena en comparación con los territorios con mayoría no indígena. “Lo que el estudio está diciendo es que la pobreza mapuche nace de las políticas del Estado”, resume Diego Ancalao. Una de las propuestas es la creación de un Ministerio de Pueblos, con facultades para combatir la desigualdad y «asumir una política indígena participativa con fuerte énfasis en la articulación interinstitucional”.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado «Desigualdades de Inversión Pública en Territorios con Alta Presencia Indígena en Chile», dejó en evidencia empíricamente cómo se condena a la pobreza a las comunidades indígenas, especialmente en La Araucanía, la región del país que concentra un tercio de la población indígena del país, pero también con el porcentaje más alto de hogares con carencia de servicios básicos (14%).
El estudio revela que el Estado gasta tres veces menos en las zonas con alta población indígena versus los territorios con baja población indígena, y señala que, por consecuencia de «las acciones y omisiones del Estado, Municipios y privados», se gestó un «desarrollo rural dispar» de los territorios con alta concentración de población indígena en comparación con los territorios con mayoría no indígena.
Tomando en cuenta los resultados de la encuesta Casen 2015, la investigación precisa además que en Chile el 30,8% de los indígenas se encuentra en situación de pobreza multidimensional, mientras que el resto del país registra solo un 20,9%.
Para el presidente de la Fundación de Liderazgo y Desarrollo Indígena, Diego Ancalao, la responsabilidad de estos 10 puntos de diferencia que hay entre el promedio nacional y el de las comunidades indígenas, «es de los partidos políticos y parlamentarios que han gobernado Chile», quienes «les echan la culpa a los mapuches con justificaciones como que son borrachos o flojos, comentarios que rayan bastante en la discriminación”.
Sin embargo, este estudio “desmitifica los prejuicios sociales y da cuenta de la responsabilidad política de Estado, que ha fabricado la pobreza y ha orquestado la segregación que tienen los pueblos indígenas hoy en día, porque lo que el estudio está diciendo es que la pobreza mapuche nace de las políticas del Estado”, asegura a El Mostrador.
Ante este fenómeno, la consultoría de BID plantea que una de «las posibles causas» que justifican la menor inversión del Estado en territorios indígenas, está asociada a la «baja capacidad técnica de los equipos de municipios con alta concentración de población indígena», limitando, por consecuencia, sus posibilidades para obtener financiamiento público para este tipo de inversiones.
En relación con la reducción de pobreza multidimensional en la población indígena, el estudio señala que “urge la creación de un Ministerio de Pueblos que aborde justamente estas debilidades y que permita asumir una política indígena participativa y con fuerte énfasis en la articulación interinstitucional”.
El análisis sobre las condiciones productivas de la población indígena rural muestra que esta se encuentra en una situación bastante más desmejorada respecto a la población no rural indígena.
Para Ancalao, este diagnóstico demuestra que Chile “no tiene una estrategia de desarrollo económico para los pueblos indígenas. El Estado no ha mejorado la capacidad productiva de las personas mapuches, y solo se concentra en los no indígenas o colonos”.
El estudio cita el VII Censo Nacional Agropecuario, que revela que, entre el 2005 y el 2007, el acceso a subsidios públicos –de capital productivo no reembolsable– por parte de los productores indígenas fue de 4.909, mientras que el de los no indígenas ascendió a 8.379.
Otra desigualdad también se manifiesta en el salario que reciben los trabajadores por cuenta propia. En el caso de los indígenas, el ingreso medio de la actividad silvoagropecuaria registra un sueldo de $588.631, casi la mitad de lo que gana el productor no indígena, quien percibe un monto de $1.114.477.
Es decir, el estudio comprueba que existe una discriminación laboral y salarial donde, sin justificación, la retribución monetaria para los indígenas es menor. Este acto de discriminación está prohibido por el mismo Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, puntualiza la investigación.
En este sentido, “todos los gobiernos desde el 2002 que han administrado el Estado están cometiendo una situación que rompe el convenio y rompe la ley, produciendo un nivel de discriminación muy grande, creando pobreza, segregación económica y segregación política en los pueblos indígenas de Chile”, concluye Diego Ancalao.
