Ingrid Wehr, representante regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll, y Esteban Valenzuela, regionalista y académico de la Universidad de Concepción, analizaron en El Mostrador la paradoja de la crisis hídrica del país, la lógica extractivista que se impone en los cultivos y la necesidad de considerar el acceso al agua como un derecho humano. Esto, a contrapelo de las políticas de Gobierno que buscan garantizar derechos “indefinidos”, como lo propuso eufemísticamente el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine. En este marco resaltan, además, las extrañas muertes de dirigentes socioecológicos. “América Latina es la región más peligrosa para los defensores medioambientales y Chile no está ajeno a ese fenómeno”, advirtió Wehr.
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América Latina es la región más peligrosa para los defensores medioambientales y Chile no está ajeno a ese fenómeno. Las muertes de dirigentes como Macarena Valdés, Alejandro Castro y más recientemente el pescador de Mehuín, Marcelo Vega Cortés, cuyo cuerpo apareció flotando en las aguas del río Lingue hace unos días, se suman a las amenazas que enfrentan los activistas en la zona de Petorca. Todos estos eventos dejan en claro que luchar por este derecho es todo un peligro en un país como el nuestro.
“Si bien son 4 países los que acumulan más muertos, México, Colombia, Brasil y Honduras, tenemos un país como Chile con una acumulación reciente muy rara de muertes, de suicidios no esclarecidos”, advierte Ingrid Wehr, representante regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll.
A estos sucesos, Wehr agrega otro antecedente que se vive en Petorca, una de las zonas donde la lucha por el agua ha sido emblemática: “Una de las dirigentas sobrevivió a dos atropellos con una camioneta. En la zona hay camionetas negras circulando sin ninguna patente, hay intimidaciones cotidianas”, denuncia.
Según ella, en esos casos, el Estado de Derecho no funciona. “Dirigentas como Verónica Vilches, de Cabildo, deberían tener protección policial, pero ella no ha visto ningún policía circulando en meses. Y a ella la siguen, a su familia la intimidan. No sabemos quiénes son, pero sabemos que hay que defender a las defensoras de agua, no solo en Petorca”, enfatiza.
La directora de la Fundación Heinrich Böll estuvo con Esteban Valenzuela, regionalista y académico de la Universidad de Concepción, analizando en El Mostrador la situación de crisis hídrica del país, el cambio climático, la lógica extractivista que se impone y la necesidad de considerar el acceso al agua como un derecho humano. Esto, claramente a contrapelo de las políticas de Gobierno que buscan garantizar derechos de agua “indefinidos”, como lo propone eufemísticamente el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, en la reforma del Código de Aguas en trámite en el Congreso.
Pero esa no es la única irregularidad, a juicio de los expertos. Valenzuela recuerda otras, como la denuncia de El Mostrador respecto al caso Tralcán, la sociedad agrícola de propiedad de Nicolás del Río Silva, que ha arrasado con el bosque nativo en el sector Las Cabras, Región de O’Higgins, y que ya ha sacado de raíz más de 40 hectáreas de peumos, quillayes y boldos de hasta 200 años, para plantar paltos.
En Petorca, en tanto, se vive una mezcla de derechos de agua “sobreotorgados”, más el robo de este elemento, como lo denunciaron dos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del 2014 y 2018, que no tuvieron mayor impacto, recuerda Wehr.
Como prueba de que el problema es cotidiano, el alcalde de la comuna, Gustavo Valdenegro, ordenó esta semana el desmantelamiento de dos tuberías de agua que la conducían en forma ilegal a la propiedad de la Sociedad Agrícola El Peñón de Zapallar. Lo paradójico es que en esa zona “están completamente secos los ríos, mientras los acumuladores de agua para las plantaciones de paltas están llenos. Y AgroPetorca está amenazando con demandar al alcalde y además descalifican a la organización Modatima (Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente), como extremistas de izquierda, como una especie de ecoterroristas”, acusó Wehr.
En opinión de Valenzuela, “esto es producto de un modelo, de un Estado que subvenciona a plutócratas, dejando sin agua a las comunidades (…). Acá hay centralismo y neoliberalismo. Alguien vende y vende derechos de agua y no como los países desarrollados y decentes, donde el agua es como un bien público y con corresponsabilidad”, indica.
Según el experto, la situación es más grave aún, porque “no hay fiscalización, nadie supervisa. Creemos que hay una mafia, de una parte de los productores agrícolas del ‘oro verde’ que es la palta, que está corrompiendo a funcionarios, porque no se explica que la DGA dé tantos derechos de agua sin una estructura de supervisión y que no ocurra nada”.
Para Wehr, lo que ocurre en Chile, en definitiva, es que “el tema del acceso al agua es un derecho humano que, a mi parecer, aún no se entiende en todas sus dimensiones. Ese derecho en Chile está cada vez más en riesgo, aun cuando es un país abundante en recursos hídricos”, plantea.
A juicio de Esteban Valenzuela, tiene que haber “justicia verde” y la Fiscalía debe hacer su trabajo. Pero también –advierte– hay que “terminar con la locura que nos ha metido el neoliberalismo, que la UDI defiende, que defiende Fontaine, y un remezón en la clase política, para entender la profundidad de esta crisis”.
