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En Chile no existe un marco legal «orientado a la protección integral y eficaz» de sus recursos hídricos, aseguran las organizaciones ambientalistas impulsoras de la nueva ley. En este sentido, consideran que es urgente elaborar «una legislación que resguarde su valor natural, cultural y recreativo para el disfrute de las generaciones presentes y futuras (…) Esto no es una sutileza, es una necesidad”.
En Chile, menos del 1% de los ríos del país están protegidos, y para contrarrestar esa situación organizaciones ambientalistas lanzaron la propuesta llamada “Ley Ríos Salvajes” que tiene como objetivo la protección y restauración de los cauces y sus tramos en Chile, relevando su importancia sociocultural, ecológica, salvaje y turística.
La iniciativa, que busca promover en el país la participación política y pública en torno a la protección de los ríos, pretende «introducir herramientas de gestión orientadas a preservar, conservar y restaurar los ríos, sus recursos naturales, ecosistemas asociados y el patrimonio cultural del que forman parte; impulsando un desarrollo productivo y de servicios amigables con el medio ambiente», comentó Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur.
Actualmente, en Chile no existe legislación orientada a la protección integral y eficaz de los ríos. El cuerpo legal que, de cierta forma, trata de hacerlo es la Ley N.º 20.017 de 2005, que tiene como finalidad preservar el recurso para el abastecimiento de la población, por no existir otros medios para obtener agua.
Sin embargo, hasta la fecha solo 12 ríos de los 1251 del país, cuentan con “Reserva de Agua” por circunstancias excepcionales y por interés nacional, mediante el Decreto Supremo del Presidente de la República, según el inventario público de la Dirección General de Agua (DGA/2014).
“Ahora es el momento para generar una protección permanente de los ríos. Esto no es una sutileza, es una necesidad”, remarcan las organizaciones ambientales que proponen la Ley de Ríos Salvajes en Chile.
Para Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, avanzar hacia una protección legislativa «es un imperativo vital». “En nuestro país urge una ley integral y eficaz orientada a la protección específica de los ríos, en un contexto donde su situación es dramática. De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales, hidroeléctricos, de aguas servidas, con trasvases de cuencas a cuencas, entre otros», denunció.
En este sentido, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, comentó sobre la propuesta que “una ley de este tipo, que valora las aguas en sí mismas, agregándole una perspectiva ecológica, ecosistémica y de bien público, incorporaría a la legislación una visión sobre aguas que hoy no existe, la que normalmente se ha incorporado a los usos productivos tradicionales tales como minería, acuicultura, sector silvoagropecuario y energético».
Asimismo, en el contexto de las crisis ambientales a nivel mundial, la coordinadora para Latinoamérica de International Rivers, Monti Aguirre, comentó que «los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta».
Dado este complejo escenario global, es que las organizaciones ambientales consideran urgente tomar las medidas legislativas correspondientes para preservar «ríos saludables y agua limpia», como una «visión de cooperación más allá de las fronteras», describió Aguirre.
