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Crédito: Agencia UNO
Pese a que la Conadi respaldó rápidamente al subsecretario del Interior afirmando que la compra de tierras en el sector de Quetroleufu, a 13 kilómetros de Pucón, es una operación “legal entre particulares”, el analista político mapuche Diego Ancalao señaló que se trata de una venta que contraviene la Ley Indígena. El caso de Ubilla también ha escalado a la arena política. Desde el Congreso, señalan que podrían citarlo a dar explicaciones a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados e incluso hay parlamentarios, como el PC Daniel Núñez, que advirtieron que podría conformarse una comisión investigadora.
“He actuado con apego a la ley y a la normativa vigente y cumpliendo los requisitos que ella establece”. Con estas palabras, el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla intentó zanjar la polémica por la compra de un terreno de 10 mil metros cuadrados en el sector de Quetroleufu, a 13 kilómetros de Pucón, concretada en el 2009.
En medio de la polémica, el número 2 del ministerio del Interior, que actualmente se encuentra de vacaciones, fue respaldado rápidamente por la Conadi. “Tras revisar los antecedentes, desde Conadi podemos afirmar que esta fue una compra legal entre particulares”, según indicó el director nacional subrogante de la entidad, Fernando Sáenz.
Sin embargo, el caso de Ubilla también ha escalado a la arena política. Desde el Congreso, señalan que podrían citarlo a dar explicaciones a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados e incluso hay parlamentarios, como el PC Daniel Núñez, que declaran que podría conformarse una Comisión Investigadora.
En el debate entró también el senador DC por la zona, Francisco Huenchumilla, quien aseguró que “a lo mejor hizo uso de un resquicio legal o, lo que sería peor, simplemente de alguna tinterillada de esa compra-venta. Así que, como Condorito, todos exigimos una explicación”.
Sin embargo, la respuesta de Conadi provocó rechazo en el mundo indígena. Si bien la vendedora del terreno, Guadalupe Moris Gajardo, no tiene apellido indígena, al haber estado casada con Jorge Painequir Molina, “de acuerdo con la Ley Indígena tiene la calidad indígena, de tal manera que la compra que hizo Ubilla no está sujeta a derecho porque está violando el artículo 13 de la Ley Indígena”, señala Diego Ancalao, líder mapuche de La Araucanía y presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo de Liderazgo Indígena.
Según Ancalao, se trata de una “venta ilegal y fraudulenta”, dado que el artículo 13 de la Ley 19.253 establece que “las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia”.
A esto se suma que el artículo 4 del citado texto legal señala que, al ser un matrimonio, las personas automáticamente adquieren la condición de indígenas y son parte de los derechos del cónyuge.
“Conadi está montando una defensa institucional para defender al subsecretario Ubilla, siendo que la constitución de la Conadi dice que su objetivo es defender a las comunidades indígenas de que pierdan sus derechos territoriales adquiridos. Y, en este caso, Conadi está defendiendo los derechos particulares de Ubilla porque es parte del Gobierno, en desmedro del propio objetivo de la Conadi que es defender a la comunidad que está perdiendo este territorio y los derechos que Ubilla se los quitó de manera irregular”, precisa Ancalao.
En efecto, de acuerdo con la misión institucional de la Conadi, su objetivo es “promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas”.
Operaciones como las de Ubilla se dieron mucho hasta los años noventa, pero hay antecedentes de compras de tierras que han tenido que revertirse, como ocurrió en el 2015, cuando la comunidad indígena Ignacio Huilipán le ganó un juicio de restitución de propiedad indígena a la Forestal Celco (ex-Arauco) en Contulmo.
En dicho proceso, el argumento de la empresa era que le compraron el terreno a una persona chilena, pero la comunidad detentaba el título de merced desde 1904.
En el caso de Ubilla, Ancalao insiste en que “la Conadi tiene que resarcir su error, porque tiene que resolver cómo un título de merced que data, en este caso, de 1908, y dentro de la comunidad mapuche Mariano Millahual, termina en manos de alguien que no es mapuche”.
