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La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió este miércoles una orden de no innovar presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y ordenó suspender clases en el Liceo El Palomar y la Escuela Las Brisas. El problema es que se sabía de la existencia de los gases explosivos desde el viernes, y los alumnos concurrieron el lunes y martes a clases en forma normal. La senadora Provoste ofició a los ministerios de Educación e Interior.
El pasado viernes 8 de marzo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios fiscalizó las instalaciones del Liceo El Palomar y de la Escuela Las Brisas en Copiapó y detectó emanaciones de gases explosivos. Ese mismo día, la repartición le envió un correo “a la Municipalidad de Copiapó, Gobernación de Copiapó, Onemi, Bomberos, Seremi de Salud, Seremi de Educación y Seremi MOP” advirtiendo sobre los hallazgos.
Pero las clases en ambos establecimientos de dependencia municipal continuaron normales hasta este miércoles 13 de marzo. Recién este día, la Corte de Apelaciones de Copiapó emitió un dictamen para suspender las actividades escolares en esos recintos.
La decisión del tribunal de alzada copiapino fue adoptada tras acoger una orden de no innovar presentada por la Dirección Regional Atacama del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
“Luego de una presentación realizada el martes por el INDH, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó la suspensión inmediata de actividades de dos colegios públicos al descubrirse la presencia de un gas de naturaleza explosiva, de origen desconocido y que pone en evidente riesgo la salud de los niños, niñas y adolescentes que concurren a dichos establecimientos, y también al personal docente y administrativo que trabaja en ello”, explicó a El Mostrador el jefe del INDH Copiapó, Carlos Bellei.
La corte argumentó su decisión “atendida la gravedad de los hechos constatados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (…) y considerando el principio precautorio y la necesidad de proteger eficazmente el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las comunidades educativas afectadas y que se encuentra asegurado por el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República”.
Pero además el tribunal de alzada capitalino cuestionó el proceder de la municipalidad, al señalar que “el informe de folio 88 evacuado por la Ilustre Municipalidad de Copiapó no da cuenta de ninguna medida concreta adoptada a fin de subsanar de manera específica dicha problemática”.
La suspensión de actividades escolares se extenderá hasta que el municipio acredite que tal situación ha sido superada o no revista una amenaza seria para estudiantes y funcionarios de esos establecimientos.
El tema escaló hasta el Senado. En la hora de incidentes de la sesión de ayer, la parlamentaria por la región Yasna Provoste (DC) planteó la situación en el hemiciclo intervino en la sesión de ayer y exigió tomar medidas, dado que se sabía la existencia de los gases explosivos desde el viernes, y los alumnos concurrieron el lunes y martes a clases en forma normal, con el evidente riesgo para la comunidad.
Por eso, anunció el envío de oficios al ministerio de Educación, Interior y las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública para que den explicaciones.
Pero el problema de las emanaciones son de larga data en la zona. El tema está relacionado con los aluviones de 2015 que dejaron a “varios sectores de la ciudad evidenciaron presencia de gas sulfhídrico en la infraestructura sanitaria interior de los inmuebles en que se emplazan determinados recintos educacionales”, ha admitido la misma Corte de Apelaciones copiapina.
“Del 2016 estudio aquí y los olores son insoportables, puro gas, y más encima la Onemi dice que no hay olor a gas, vienen los bomberos, ¿qué quieren? ¿que nos muramos? Me parece excelente que cierre el liceo” contó al Diario Atacama un estudiante de El Palomar.
“Hace tres años que estamos con los mismos problemas, no es algo reciente, las mismas suspensiones, van tres días y hay fuga de gas y ahora nos salen con el tema de gases explosivos”, relató una apoderada al mismo medio.
El 31 diciembre de 2018, el tribunal ya había acogido un recurso de protección interpuesto por el INDH, a raíz de las numerosas denuncias de permanentes eventos de emanaciones de gases que ocurrían tanto al interior de los mismos como en los alrededores. “Cuando presentamos el recurso de protección el año pasado, documentamos atenciones en servicios de salud de acá. Los niños ven interrumpidos sus procesos educativos porque permanentemente son enviados de vuelta a sus casas cuando ocurren estas emanaciones. De hecho, llevamos 5 días de clases este 2019, y ya tenemos otro par de colegios que el lunes y martes tuvieron que suspender sus clases por emanación”, explica Bellei.
Al acoger el recurso de protección en diciembre pasado, la Corte de Apelaciones de Copiapó puso un plazo de 90 días para que la municipalidad de Copiapó con asistencia y fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios resolvieran el problema. “El plazo está por vencer a finales de marzo, y vamos a estar monitoreando que eso se cumpla”, concluye Bellei.
El Mostrador tomó contacto con el municipio, donde desde este miércoles se encontraban preparando una declaración oficial. Este jueves comunicaron que estaban alistando un punto de prensa para referirse al respecto.
