Parlamentarias de oposición fustigan ineficacia del sistema para proteger a las víctimas de la violencia de género

Entre el 2007 y 2017, un 40,2% de las mujeres víctimas de femicidio consumado había interpuesto una denuncia por violencia ante los organismos del Estado. En ese período, se cometieron 489 femicidios en nuestro país y en 197 de ellos las mujeres víctimas de la violencia habían dejado constancia de dicho maltrato en el sistema.

Los datos fueron revelados este lunes en un reportaje de El Mostrador, que analizó las cifras publicadas por el Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (Red).

Los números no pasaron por debajo de la mesa entre un grupo de parlamentarias de oposición, quienes apuntaron directamente a una institucionalidad débil e ineficaz para tratar las denuncias por violencia de género. 

En esa línea, la diputada del Partido Comunista (PC) y presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Camila Vallejo, dijo a El Mostrador que estas cifras dan cuenta de un sistema «sumamente machista y patriarcal», que no está preparado para hacerse cargo de este tipo de denuncias. 

«Esto de alguna manera nos plantea un desafío no solo a un cambio cultural, sino que en cuanto a protocolo, en cuanto a capacitación de los funcionarios y funcionarias de Carabineros como de la PDI, del mismo Poder Ejecutivo, también la legislación, obviamente también las mismas sanciones respecto a aquellos funcionarios que, habiendo recibido denuncias, no hicieron nada al respecto, porque lamentablemente producto de esa negligencia terminan siendo asesinadas mujeres en nuestro país. Yo creo que da cuenta de este sistema, un sistema que no está todavía pensado para atender la violencia machista que están sufriendo miles de mujeres a lo largo de todo Chile», dijo.

La parlamentaria sostuvo además que todavía hay mucho que avanzar en materia institucional, desde el momento en que se hace la denuncia y cómo esta es procesada en el sistema judicial. Vallejo también apunta a «cómo erradicamos las prácticas machistas que se viven al momento de conseguir abogado, abogada, al momento de presentarse además a una audiencia de juicio, cómo se entienden los distintos delitos que están configurados al momento de las agresiones hacia las mujeres, la tipificación del femicidio, del delito de violación, la legislación en materia sancionatoria y el proceso judicial que, ante denuncias o casos de femicidio, agresión sexual, requiere una actualización, y en eso obviamente es importante el proyecto de Ley Gabriela».

«También el proyecto de ley Sin consentimiento es Violación, para dar también mayor protección a las mujeres que denuncian una situación de violación y que no queden impunes los agresores y, además, protocolos que orienten de mejor manera la comprensión de la violencia de género en todo el sistema judicial, de pronto también tribunales especializados». 

Para la presidenta de la Comisión de Familia, Natalia Castillo, no basta con incentivar la denuncia, sino que «el Estado tiene que asegurar todos aquellos mecanismos de protección hacia las mujeres víctimas, ya sea con el apoyo psicológico necesario (…) y en casos extremos incluso poder acogerla físicamente en algún espacio determinado. Esto requiere obviamente una implementación de recursos importante que no se vio plasmada en la Ley de Presupuesto anterior y que esperamos que durante este año se pueda corregir».

Por otra parte, la diputada Claudia Mix cree que «esta es una realidad a la que la autoridad le ha vuelto la espalda, proponiendo soluciones superficiales, pero que no van al fondo del asunto. Las mujeres, en todos los contextos, están expuestas a altísimos niveles de violencia. No contamos con protección y por eso nos están matando».

Mix hace un emplazamiento a las autoridades a que entiendan que «la violencia a la mujer de parte de sus parejas no corresponde al ámbito privado. Este es un tema público y debe ser tratado como tal. No basta con el aumento de penas, es fundamental crear una potente red de protección desde el Estado, y fortalecer las redes comunitarias vecinales y barriales».

Procedimiento ineficaz

Para la diputada de Revolución Democrática (RD), Gael Yeomans, el procedimiento de recepción de denuncias por violencia a la mujer es ineficaz y las deja desprotegidas. Además, considera que son las mismas instituciones del Estado –como Carabineros, PDI y los Tribunales de Familia– las que replican esta violencia, al tratar estos casos como un «problema de pareja». «Estamos hablando que si una mujer denuncia, se deberían abrir todas las puertas y todas las alertas de que esa mujer podría ser víctima de una violencia mucho más grave que podría terminar con su vida, y en eso al menos creo que, a pesar de los llamados que se han realizado desde el Ministerio de la Mujer a denunciar, no se han generado las medidas de protección adecuadas para poder acompañar y proteger realmente a las mujeres, y eso implica cambios estructurales que lamentablemente no están incorporados en la Ley de Violencia Integral, y se hizo saber durante la tramitación».

«Se mantiene lamentablemente en el mismo procedimiento de violencia intrafamiliar, aquellos casos de violencia de género contra las mujeres, por lo tanto, se hace una mezcla y no se trata con la especificidad que esto requiere, y es por eso que yo creo que una de las formas para poder resolver esto, es que tenga un tratamiento separado en un procedimiento distinto, que genere los mecanismos de protección y que evite llegar al asesinato de las mujeres», agrega.

Yeomans también cree que existe un problema de formación grave en las instituciones, algo que –a su juicio– no se arregla con una capacitación de un día. «Tiene que haber un compromiso, un mandato real de las instituciones a que esto se haga carne en todos aquellos funcionarios que tienen que ejercer algún rol, me refiero a que, por ejemplo, cuando Carabineros reciba una denuncia y mande a la mujer a su casa a resolver el problema con su pareja, ese carabinero debería ser sancionado, así como cualquier funcionario o funcionaria del Estado que sea receptor de estos hechos tan graves como los que estamos conociendo, y en eso me parece que no ha habido, lamentablemente, una respuesta desde el Estado, con la estructura que esto requiere, y yo veo que el Ministerio de la Mujer tiene que ser más responsable también a la hora de hacer el llamado a denunciar».

«Todas estamos de acuerdo con que hay que denunciar, pero si no tenemos la estructura, no tenemos las condiciones desde el Estado de hacernos cargo de esa denuncia, estamos siendo sumamente irresponsables con esa mujer y con muchas otras más que están poniendo en peligro su vida para poder hacerse cargo de este paso tan importante. Para una mujer no es cualquier cosa denunciar, este es un hecho muy valiente y que, por lo tanto, debería ser respaldado por el Estado en su conjunto», finalizó.

El rol del sistema educacional

Pero el problema de la violencia contra las mujeres no pasa exclusivamente por la ineficacia de las instituciones. Es un problema más complejo que involucra –incluso–al sistema educacional. Al menos esa es la percepción de Camila Vallejo, quien considera que la educación no sexista juega un papel central.

«Desde los más pequeñitos, desde los primeros años que ya empiezan a ir al jardín infantil, al prekínder, kínder, 1° básico, son momentos clave para educarnos en el respeto, independientemente del sexo biológico, y eso es algo que hay que empezar a hacer ya para que los adultos del futuro entiendan cómo se deben relacionar en sociedad, sin odio, con respeto a la diversidad y sobre todas las cosas, en este caso, respeto a las mujeres, y no educarlos en estereotipos de género», recalcó.

«El resto son las violencia también institucionalizadas, económicas, laborales. Todavía la equidad salarial es un tema pendiente, el proyecto de ley sobre equidad salarial tiene que avanzar. No tenemos todavía el apoyo necesario por parte del Gobierno, la sala cuna universal, la corresponsabilidad parental en lo que es el trabajo reproductivo, de crianza, del cuidado de niños y niñas de nuestro país, el sistema de pensiones requiere una modificación completa, radical. Las AFP obviamente no van a dar cuenta de las necesidades que hay de las mujeres que van a jubilar, o de las mismas pensionadas que están recibiendo pensiones mucho más bajas que los hombres. El mismo sistema de salud, las isapres que discriminan a las mujeres. Hay muchos temas todavía pendientes que requieren una respuesta institucional de carácter urgente», sostuvo.