PAÍS
Invitados por el Presidente Sebastián Piñera, los monarcas noruegos visitarán esta semana junto a 60 empresarios la ciudad de Puerto Williams, la capital de las comunas de Cabo de Hornos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La visita es considerada por las comunidades australes como la más abierta de las gestiones de lobby en favor de las empresas salmoneras transnacionales, toda que vez que hace un año en Argentina recibieron a los mismos visitantes, tras lo cual se realizó un convenio para llevar la industria de salmónidos a la Patagonia de dicho país. Este hecho marca un antes y un después, al activar una resistencia con enfoque binacional para impedir, en el caso chileno, que las compañías sigan migrando al sur en búsqueda de aguas puras y frías y, en el caso argentino, que se apruebe una ley que impida su instalación. El propósito: proteger las Reservas Mundiales de la Biósfera y evitar, respecto a Cabo de Hornos y Torres del Paine, el colapso de unos de los pocos lugares prístinos que quedan en el mundo.
El Cabo de Hornos es bañado por las aguas más prístinas y frías del continente. Declarado en 2005 como Reserva Mundial de la Biósfera y uno de los últimos 24 lugares incólumes del planeta, esta zona de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena es constituida por un mosaico de contrastes ecológicos que la convierten en un ecosistema subantártico único en el mundo. A Puerto Williams, la capital de las comunas de Cabo de Hornos, llegarán de visita esta semana el Rey Harald V y la Reina Sonja, monarcas de Noruega, acompañados de una extensa delegación que incluye a ministros y más de 60 empresarios nórdicos.
Invitados por el Presidente Sebastián Piñera, en el marco de la conmemoración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Noruega, las actividades de las autoridades reales contemplan una ceremonia de bienvenida en La Moneda, una cena con el Mandatario y encuentros en el Congreso Nacional, la Corte Suprema y la Municipalidad de Santiago. La visita a Magallanes, sin embargo, es de un alto valor estratégico para los noruegos, que va más allá de lo protocolar y turístico.
Siendo los industriales de salmónidos de su país, con Marine Harvest a la cabeza, los mayores productores y exportadores de salmón en el mundo, la visita real vendría a ser una de las más abiertas gestiones de lobby a favor de la industria, y que tiene un claro precedente, en marzo de 2018 en Argentina, cuando los reyes noruegos visitaron a Mauricio Macri, tras lo cual el Ministerio de Agroindustria trasandino suscribió con Noruega un convenio de cooperación para estudiar la factibilidad de desarrollar la acuicultura en el sur del país, que no es otra cosa que instaurar las jaulas de salmónidos en el Beagle de la Patagonia argentina.
Rey Harald V y la Reina Sonja, monarcas de Noruega.
Ampliar la industria del salmón al extremo sur del país –según el estudio de enero de 2018 sobre el Estado de la Salmonicultura Intensiva de la Región de Magallanes, elaborado por la Asociación Interamericana de Defensa del Medio Ambiente (IADA)– está relacionado con un proyecto de migración de la industria salmonera hacia los corredores biológicos australes que dan vida a las Reservas de la Biósfera de Cabo de Hornos y Torres del Paine, para ir en búsqueda de condiciones de pristinidad sanitaria-ambiental, que aseguren la continuidad del millonario negocio. Estos ya no existen en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde esta actividad económica estaría provocando una de las mayores catástrofes ecológicas del sur de Chile, al dejar sin oxígeno amplias zonas del mar, según el consenso de la comunidad científica internacional.
Puerto Williams y Puerto Natales, con las comunidades indígenas Yagán y Kawésqar incluidas, llevan años enfrentándose a la industria, presentando recursos contra las concesiones marítimas para el cultivo del salmón, exigiendo Estudios de Impacto Ambiental y no meras declaraciones, y sumando a activistas internacionales como Greenpeace y a científicos subantárticos chilenos y extranjeros.
Ahora dieron un paso más, al agregar como nuevo aliado al Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia de Argentina. La idea: plantear una estrategia binacional para convertirse en actores de poder en la «Guerra Fría» contra los salmones.
De acuerdo a la consultora IndexSalmón, en Magallanes existen 125 concesiones de acuicultura vinculadas a la Agrupación de Concesiones de Salmónidos (ACS). Son lideradas por Salmones Magallanes (Acuimag) y Nova Austral con 27 –cada una representa el 21,6% de la participación regional–, seguidas por Cermaq con 17 (13,6%), Australis con 15 (12,0%), Blumar con 12 (9,6%), Lago Yelcho con 9 (7,2%) y Multiexport con 7 (5,6%). El resto es repartido entre firmas como Pesquera Cabo Pilar, AquaChile, Salmones Austral, Salmotec, Salmones Tierra del Fuego, Pesca Suribérica y Salmones Frowar.
El aumento de las concesiones marinas para el cultivo de salmónidos partió hace seis años, cuando la industria salmonera anunció sus aspiraciones de expandir su actividad a la Región de Magallanes. El biólogo Héctor Kol –quien el 2016 relacionó a las salmoneras con la intensificación de la marea roja, lo que que le valió que se realizaran publicaciones en su contra para desprestigiarlo en la comunidad científica– en enero del 2018 sostuvo que la migración de la industria hacia el sur implicaba una estrategia de supervivencia de esta, advertencia que plasmó en su informe sobre el «Riesgo de la expansión salmonera en Magallanes».
«En efecto, el crecimiento de la industria salmonera en Chile depende actualmente de su expansión geográfica hacia Magallanes. Las ictiopatologías virales, bacterianas y parasitarias, que la propia industria llevó a las regiones de Los Lagos y Aysén han generado una situación de colapso sanitario y ambiental con altos costos para la industria, obligándola a buscar nuevos ambientes sanos donde operar», sostiene el informe.
Las ictiopatologías virales, bacterianas y parasitarias que describe Kol, de acuerdo a datos de la bióloga Marcela Ávila expuestos en Revista de Biología Marina y Oceanografía, estarían asociados a un incremento excesivo y descontrolado de nutrientes en el agua producto del alimento que se les suministra a los salmones, a las altas tasas de descomposición de cadáveres de salmónidos, los que contribuirían a la proliferación de marea roja. “La descarga excesiva de desechos nitrogenados al medio marino se relaciona también con la proliferación de algas tóxicas, particularmente de la denominada Alexandrium Catenella. Lo anterior significa que podría existir un vínculo entre la intensificación de las mareas rojas y la mayor disponibilidad de nitrógeno en la columna de agua, consecuencia de la actividad salmonera», describe Ávila en su artículo.
Otro factor responsable del colapso sanitario y que está llevando a la industria a desplazarse a La Patagonia, lo constituyen los escapes masivos de salmones, como el ocurrido en julio del 2018 desde las jaulas de la gigante noruega Marine Harvest, cuando se escaparon más de 690 mil salmones, los que –según Greenpeace– equivale a una plaga de 140 millones de ratones.
El mayor de los peligros de esta situación, de acuerdo a datos del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia de Argentina, es que, al liberarse la contención de las redes de las balsas jaula, los salmónidos se alimentan de especies nativas de insectos, crustáceos, moluscos y peces, impactando los ecosistemas como si se tratara de un depredador tope. Al ser depredadores introducidos, afectan las cadenas tróficas y resisten al control biológico natural.
Adicionalmente al desequilibrio ecosistémico, el abuso de antibióticos en los salmones sería una de las causas de la resistencia bacteriana, uno de los mayores problemas sanitarios que podría enfrentar la humanidad en el corto plazo, según una alerta de noviembre del año pasado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostuvo que, de no cambiar drásticamente la situación, la salud humana podría sufrir una regresión de 200 años.
De acuerdo al último informe del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el uso de antibióticos en la industria salmonera chilena alcanzó las 557 toneladas en 2015, poco menos de un gramo de antibiótico por kilo producido. Las dosis utilizadas en el país, que se suministran por vía oral a través del alimento, y también de manera inyectable, superan en más de 36.000% la cantidad usada por Noruega, país que produce más salmones de cultivo que Chile, donde la cifra es de 0,18 g por tonelada métrica de salmón.
A este paisaje de externalidades negativas, se suma otra igual o más grave para los océanos: la generación de grandes zonas del mar con condiciones anaeróbicas, que implica insuficiencia de oxígeno para soportar la vida marina. La causa de este problema, a juicio del Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina (Gesamp), sería el proceso de contaminación de las aguas producto del exceso de nitrógeno y fósforo, llamado eutrofización orgánica.
En septiembre de 2016, la Contraloría General de la República emitió los informes de dos auditorías hechas a los servicios estatales encargados de regular y fiscalizar las actividades acuícolas: el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca). La auditoría a Subpesca evidenció que, entre 2013 y 2015, el 53% de los centros que operaban en la Región de Magallanes había reportado la ausencia de oxígeno en el perímetro de los cultivos.
Para la comunidad de Puerto Natales, que sostiene hace ya varios años una lucha contra la instalación en la ciudad misma de la planta procesadora Puerto Dumaistre, de propiedad de la empresa Australis Seafoods, los números son más que elocuentes. Las 70 mil toneladas anuales que pretende procesar la planta provocarían, en términos diarios, la producción de 10 metros cúbicos de lodo y 80 toneladas de desperdicios que se botarían en el fiordo.
La planta, cuyo inicio de construcción se planea para julio de este año, supone un acopio de peces en tierra destinado a la recepción de materia prima viva, además de una planta de tratamiento de los residuos industriales líquidos, un salmoducto para la recepción de materia prima, ductos de devolución de aguas del salmoducto, emisario submarino para la descarga de los residuos industriales líquidos tratados y un edificio de producción que considera oficinas administrativas y bodegas varias.
Según un estudio realizado por Greenpeace, la Salmonera Australis aumentará en unos 350 el movimiento de barcos –con el consiguiente incremento en el peligro de derrames–, manejará más de 23 mil metros cúbicos diarios de residuos líquidos industriales, tomará la energía eléctrica equivalente al 20% de los hogares natalinos, aumentará en 200 viajes el tráfico vehicular asociado a la planta y hará uso de 12 mil litros de agua dulce diarios, una cifra enorme, considerando la escasez de este recurso en la comuna que ha llevado, solo en el último año, a tener tres cortes del suministro debido a problemas de origen natural.
El impacto a la ciudad y al turismo llevó a la comunidad a enfrentarse duramente con la empresa, hoy bajo el control de intereses chino. Hasta hace poco, Australis era la firma de Isidoro Quiroga, ex miembro del directorio de SQM y uno de los pioneros de la industria salmonera, pero hace algunos meses vendió su compañía al grupo Joyvio por US$ 880 millones.
La operación ocurrió poco después de la transacción por AquaChile y generó sorpresas, considerando que fue por un monto mayor, en circunstancias que su producción era menor a la firma que hoy controla Agrosuper. Los nuevos dueños son Legend Holdings Corporation, propietarios de la gigante tecnológica Lenovo. Dicha operación supuso la primera entrada de capitales chinos como controladores de una empresa salmonera, según consignó un reportaje publicado por El Mostrador Mercados.
Sumada a la envergadura de la empresa, la comunidad de Puerto Natales dio otra fuerte pelea contra la institucionalidad ambiental, destinada a evitar que la Comisión Evaluadora de Magallanes y la Antártica Chilena aprobara la Declaración de Impacto Ambiental –trámite indispensable para que la planta procesadora entrara en funcionamiento– y, por el contrario, que se estableciera la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental. «Presentamos una serie de observaciones que dejaban establecido claramente que la planta no estaba en condiciones de operar», explica Sussane Steiger, miembro de la Junta Vecinal número 30, la que ha librado una fuerte lucha contra el gigante chino.
Una de las observaciones centrales es que no se realizó una consulta indígena al pueblo Kawésqar, tal como lo obliga el art. 169 de la OIT. Por el contrario –denuncia la comunidad–, fue la Conadi la que informó que no había indígenas comprometidos, por lo que no se tenía que efectuar la consulta. En respuesta, la comunidad Kawésqar denunció, a través de un escrito al SEA, que «nunca le han delegado a la Oficina de Asuntos Indígenas, el derecho a decidir por sus prioridades».
«La Oficina de Asuntos Indígenas vulnera ampliamente los derechos del Pueblo Kawésqar y sus miembros al no reconocer a estos mismos, los que, precisamente, fueron reconocidos por esta entidad como pertenecientes al Pueblo Kawésqar en sus dependencias y a través de sus certificados. Esta es una acción racista y de exclusión y falta a la verdad, pues existen comunidades y personas naturales miembros del Pueblo Kawésqar que hacen uso del borde costero para la recolección de orilla en las inmediaciones del lugar».
Junto al tema indígena, las observaciones sumaron al Servicio de Monumentos Nacionales, que a través de una carta al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes, José Luis Riffo, informó que en el lugar existían numerosos antecedentes paleontológicos, donde se ha observado incluso la presencia de plesiosaurios en la zona de influencia de la planta, por lo que no era posible asegurar «su no afectación».
Otra de las importantes observaciones provino de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la que por medio de áreas de disposición de aguas servidas y riles, comunicó a Riffo que la planta «se encuentra en una condición vulnerable respecto de su capacidad hidráulica que puede traer como consecuencia que no sea posible recibir aguas servidas fuera de su territorio operacional».
Tras un largo proceso, donde la comunidad acusa haber tenido siempre la desventaja, la Comisión Evaluadora Regional se reunió a votar y, en la sesión extraordinaria del 15 de enero de este año en Punta Arenas, los Seremis dieron por superadas todas las observaciones y aprobaron por unanimidad la planta de Australis.
«No tomaron en consideración ninguna de las observaciones presentadas, ni siquiera las revisaron en la audiencia de los Seremis. No se tomaron ni un minuto en dar la aprobación a la empresa que provocará un daño irreparable a Puerto Natales», acusa Steiger.
Consultado el SEA, desde el nivel central aseguraron que ante las «observaciones de los distintos servicios u Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) que participaron en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se puede señalar que todas ellas fueron consideradas en su mérito durante la evaluación». En el detalle informaron que, en cuanto a la posible afectación de patrimonio arqueológico y paleontológico, la empresa cumplió con la normativa vigente. Y respecto a las aguas servidas, informó que la compañía subsanó las observaciones planteadas.
La aprobación de Australis por la Comisión Evaluadora Regional motivó la presentación, el 7 de marzo último, de un recurso de reclamación ante el director del SEA por parte de María Beatriz Castro, por desoír sus observaciones ante el peligro de perder la denominación de Reserva de la Biósfera de Torres del Paine.
«El proyecto no considera que es parte de la zona de transición de la Reserva de la Biósfera Torres del Paine, los lineamientos de Unesco para con las reservas de la Biósfera son el desarrollo de actividades sustentables entre la que se destacan la ganadería, turismo, agricultura y pesca artesanal. En ninguna parte se menciona a la industria acuícola como una actividad sustentable, en la actualidad el dossier se encuentra en manos de la Conaf y Puerto Natales ha decidido suscribirse de manera voluntaria, el aceptar esta industria eventualmente podría poner en riesgo la declaratoria y hacernos perder el estatus de Reserva de la Biósfera, generando un impacto negativo en el turismo y en la imagen y marca Chile. Es sabido que Torres del Paine es una imagen icónica y emblemática para la marca Patagonia Chile, donde los lineamientos principales es Naturaleza que Conmueve, la posible instalación de esta planta pone en riesgo la Imagen de Destino como la Imagen País, no colaborando de manera positiva sino muy al revés», sostuvo Castro en su escrito.
Karina Bastidas, ex directora del SEA de Magallanes.
Fuera de ello, la mayor desconfianza que persiste en la comunidad de Puerto Natales tiene que ver con el papel de Karina Bastidas, ex directora regional del SEA en Magallanes. «Siempre nos decía que la empresa iba a traer beneficios», recuerda Castro. El recuerdo de Bastidas se tiene tan presente porque, habiendo trabajado durante años en el SEA, poco antes de que se decidiera el futuro a favor de Australis, renunció a dicho organismo para entrar a trabajar, precisamente, a la empresa sometida a evaluación. «En seis meses pasó de trabajar al SEA para ingresar a Australis», refuerza la idea Steiger.
Desde su nuevo empleo, denuncian en Puerto Natales, a Bastidas le tocaba presidir las visitas a terreno a la empresa Australis solicitadas por el SEA. «Llegó a tanto la doble militancia, que incluso Bastidas, no trabajando ya para el SEA, firmó paralelamente un acta de visita como miembro del equipo de Australis y también como miembro del SEA», puntualiza Castro.
Para el Servicio de Evaluación Ambiental, lo anterior fue simplemente un error por la fuerza de la costumbre. Y sobre el cambio de trabajo señala que «la señora Karina Bastidas Torlaschi, participó tanto en sesión del Comité Técnico de Evaluación realizado el 4 de abril de 2018 como en la visita a terreno del día 6 de mismo mes y anualidad, en calidad de la representante de la empresa Australis Mar S.A., habiendo trascurrido un periodo superior a 6 meses desde que dejó de pertenecer a la dotación de la Administración del Estado».
Bastidas, actualmente, dejó de trabajar en Australis y, mediante concurso público, volvió al SEA, ahora como directora regional de Los Ríos.
En Puerto Williams, el movimiento «No a las Salmoneras en el Canal Beagle» ha recibido la asesoría directa de varias instituciones y la comunidad científica nacional. De acuerdo a la información pública de Subpesca, serían cuatro las concesiones entregadas que se ubican en el Canal Beagle al sur de Isla Delia; Paso Picton al sureste de Islote Silva; Paso Picton al oeste de Islote Jorge (Islote Solitario); y Paso Picton al norte de Puerto Toro.
Estas concesiones estarían caducadas, pero aun así iniciarían sus operaciones este año, explica la periodista Lisselotte R. Álvarez, una de las activistas más comprometidas con el movimiento.
Según las resoluciones de calificación ambiental a las que tuvo acceso, las concesiones fueron otorgadas por la Subsecretaría de Marina a la empresa Concar S.A. el año 2005, sin que realizara ninguna actividad. Posteriormente, como demuestra una carta de fecha 26 de enero de 2015, dirigida al entonces director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso Contreras, la concesión de Concar fue transferida a la pesquera Cabo Pilar S.A. En la actualidad, sin embargo, Cabo Pilar es representada por Nova Austral, que asumiría las operaciones.
Nova Austral es uno de los principales operadores de salmones en la Región de Magallanes. La propiedad de la empresa proviene de la fusión de capitales extranjeros conformados por Bain Capital y Altor, dos fondos de origen nórdico, Estocolmo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca) y Helsinki (Finlandia), que han invertido en empresas salmoneras para doblar sus utilidades.
El 2018, la compañía tuvo lo que calificó Bloomberg como “un año para el olvido”, debido a la alta mortandad de especies. Tuvieron problemas biológicos de gran magnitud. “Parte de lo que pasó fue que el guidance que hicimos en 2018 fue bajando: nosotros partimos con un guidance de 27.000 toneladas y terminamos con uno de 20.000 toneladas porque, de verdad, el problema que tuvimos en el aspecto biológico fue importante”, explicó el gerente de administración y finanzas de la empresa, Sergio Montenegro, en una entrevista con Bloomberg, en Santiago, el 25 de enero pasado.
Aun cuando esta empresa se define como sustentable, razón por la cual el precio de cada espécimen es más caro en el mercado global, los problemas de arrastre generan dudas más que plausibles sobre el deterioro de los corredores biológicos de la Reserva de la Biósfera. De hecho, la auditoría a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que evidenció que entre 2013 y 2015 el 53% de los centros que operaban en la Región de Magallanes habían reportado la generación de condiciones anaeróbicas, eran precisamente en las instalaciones de Nova Austral.
Tamara Contardo, bióloga del Centro Universitario de la Universidad de Magallanes, es una de las investigadoras que concilia su trabajo en el Programa de Preservación Biocultural Subantártico con la asesoría a la comunidad para defender la Reserva de la Biósfera. «En todo el planeta existen apenas 24 zonas que aún son prístinas y el Cabo de Hornos es una de ellas», advierte de entrada.
«Los salmones son exóticos. La introducción en los sistemas insulares tiene impactos nocivos para los ecosistemas naturales, generando la depredación de especies autóctonas que están en peligro de extinción. Pero no es el único problema, la amenaza de que se produzca una catástrofe ambiental de proporciones con la llegada de la industria salmonera, afectará a todo el mundo, ya que este lugar es un laboratorio natural que, entre otras cosas, sirve para medir la evolución del calentamiento global producto del cambio climático».
El movimiento en Puerto Williams de resistencia a las salmoneras y que tendrá su expresión más pública con motivo de la llegada de los reyes noruegos a la ciudad, es seguido atentamente en la región de Ushuaia, en Tierra del Fuego, que comparte el canal Beagle.
Estefanía González, miembro de Greenpeace, y quien ha liderado la asesoría medioambiental en Puerto Williams y Puerto Natales, y que ahora incluye el área argentina del Beagle, explica que enfrentar a las salmoneras desde una perspectiva binacional posee un amplio sentido, porque en definitiva lo que se busca es proteger todo el ecosistema patagónico: «En Argentina, en lo concreto, lo que se busca es aprender de la experiencia en Chile y lograr sacar en Tierra del Fuego una ley provincial que prohíba proyectos de salmonicultura. Y en Chile, que no se instale Nova Austral, cuyos permisos fueron otorgados hace más de 15 años».
