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Crédito: Agencia UNO
El diputado DC Gabriel Silber señaló que el incremento aplicado por 4 isapres abiertas (Cruz Blanca, Colmena, Consalud y Banmédica) representa “una suerte de portonazo a la clase media, algo no cuadra, y por eso estamos solicitando a la FNE que investigue una eventual colusión”. Además, luego que el Gobierno anunciara –ahora sí- el envío de la reforma a las isapres, el senador Girardi (PPD) advirtió que “no estamos disponibles para hacer un lavado de imagen de las isapres a través de un proyecto que no les toque un pelo de la cola a todos estos abusos”.
La polémica por el alza en los previos de los planes de las isapres escaló hasta la Fiscalía Nacional Económica donde llegó esta mañana el diputado DC Gabriel Silber para interponer una denuncia a nombre de varios parlamentarios de ese partido, mientras el senador PPD Guido Girardi tiene presupuestado hacer lo propio esta próxima semana.
Silber señaló que el aumento aplicado por 4 isapres abiertas (Cruz Blanca, Colmena, Consalud y Banmédica) representa “un alza intempestiva y casi coordinada, una suerte de portonazo a la clase media. Algo no cuadra, y por eso estamos solicitando a la FNE que investigue una eventual colusión”.
El requerimiento DC que lleva la firma de los diputados Gabriel Ascencio –jefe de bancada- Victor Torres y Daniel Verdessi, miembros de la Comisión de Salud, y los diputados Joanna Pérez y Mario Venegas, requiere al Fiscal Nacional Económico “iniciar una investigación acerca de la determinación de la posición dominante de las Instituciones de Salud Previsional (isapres) en el comportamiento del mercado de la salud, y que de su accionar se podría estar en presencia de alguna figura ilegal o contraria a derecho, afectando con ello el orden público económico, cometiéndose, en consecuencia, por parte de los actores, una eventual comisión de infracciones al D.L. 211, que sanciona actos contra la Libre Competencia en la fijación unilateral de los precios.”
En la misma línea, el senador Girardi anunció que este viernes acudirá al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) junto a Conadecus para denunciar “prácticas predatorias” de las isapres.
Pero también recurrirá a la FNE. “El próximo miércoles vamos a hacer una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue porque es sospechoso que al mismo tiempo varias isapres aumenten juntas los costos de los planes, hay un problema de mercado, de competencia, y además queremos que se investigue la integración vertical que afecta la competencia”, dijo.
Este punto también fue rescatado por el diputado Silber, quien dijo que la FNE debe poner “zoom” en la integración vertical porque “muchas isapres son dueños de las clínicas o los prestadores y en consecuencia, del punto de vista económico, puede haber un atentado el orden público económico o los mercados”.
De acuerdo a lo informado por la Superintendencia de Salud, las isapres que concretarán las alzas para el período 2019-2020 desde julio son Cruz Blanca (7,7%), Colmena (6,3%), Consalud (5,9%) y Banmedica (4,9%). El promedio de aumento en el sistema durante este periodo es de un 5,1%, en lo que representa la mayor alza en 8 años.
En medio de este debate, en la oposición también tuvieron palabras para el proyecto del ley de isapres que finalmente el Gobierno ingresará durante este mes. Y desde ya hay advertencias para los contenidos de la iniciativa.
“Nosotros no estamos disponibles para hacer un lavado de imagen de las isapres a través de un proyecto que no les toque un pelo de la cola a todos estos abusos. Si va a enviar un proyecto, que sea un proyecto que termine con todos los abusos que se han denunciado con otras las practicas predatorias y abusivas de las isapres porque si no, no tiene sentido enviarlo”, advirtió Girardi.
El senador PPD dijo que la legislación que envié el Gobierno debe “terminar con todos los instrumentos que tienen las isapres para abusar de las personas, por ejemplo las preexistencias, la no atención de las personas que ya están enfermas, la discriminación por sexo, edad, la discriminación al que está por nacer. Además, debe establecer un piso de aseguramiento de 80%, que nadie tenga que pagar más de un 20% por la prestación, y terminar con la integración vertical”.
