PAÍS
Cuarenta centros penitenciarios administrados por Gendarmería fueron analizados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que reveló que el hacinamiento, la falta de camas y de salubridad son los problemas más graves que atraviesan los más de 5 mil privados de libertad que tiene el sistema. En algunos casos han tenido que instalar colchonetas para dormir en los baños de las celdas, y en otros lugares ni siquiera hay baños y tienen que usar botellas para orinar. Las condiciones ya fueron calificadas como «infrahumanas» por parte de ONGs que velan por los derechos de los presos [ACTUALIZADA]
Ochenta y cuatro cárceles tiene Chile. Omitiendo las que son de carácter concesionado, hay cuarenta que son administradas por Gendarmería, bajo el alero del ministerio de Justicia. Esos 40 centros penitenciarios fueron analizados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que recabó toda la información y los relatos de los presos en el Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile (2016-2017).
El problema más recurrente que viven los 5.417 reos a lo largo del país es la falta de camas: el 51,3% de los hombres privados de libertad no cuenta con un espacio propio para dormir; mientras que en el caso de las mujeres la cifra llega a 35,7%.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, desglosando esa cifra, 26 centros no cuentan con suficientes camas, de los cuales 5 son de carácter femenino. Esto lleva al siguiente problema que fue revelado en el estudio: el conocido hacinamiento de las cárceles chilenas. Al menos 22 cárceles está por sobre el 100% de su capacidad.
Por ejemplo, en la cárcel de San Antonio, en la Región de Valparaíso, la situación es la siguiente: “Los camarotes llegan hasta a cuatro niveles. Hay alrededor de 60 centímetros entre las literas. En algunos colectivos los internos dicen que duermen hasta en los baños ubicados al interior de las celdas, instalando colchonetas para ello”.
La situación es similar en la cárcel Yumbel, según relata el informe de 153 páginas: “En la celda de imputados primerizos hay 19 camas, pero duermen 24 personas en dichas camas. No hay espacio en la celda para instalar más”.
Es tanta la saturación de las cárceles chilenas, que acarrea otra consecuencia: la escasa atención médica. Si bien en promedio, hay un médico para 49 reclusos, al mirar caso a caso, se aprecia que la situación es alarmante: por ejemplo, el Centro de Cumplimiento Penal de Los Andes tiene un facultativo por cada 187 internos, la proporción más alta del país. Por otro lado, en Porvenir, en la Región de Magallanes, hay un profesional cada 4 reos. En Punta Peuco, uno cada 12. Situación especial es la del Centro de Detención Preventivo de Combarbalá, en la Región de Coquimbo, ya que no cuentan con instalaciones de enfermería, por lo que «solo se puede mencionar la visita de una paramédica una vez a la semana o cada quince días”, como detalla el informe.
La infraestructura es otro problema que reveló el informe. Por ejemplo, en el Centro de Cumplimiento Penal de Victoria, en La Araucanía, las celdas “no cuentan con baños ni calefacción (…) no tienen ventanas, por lo cual la circulación de aire es deficiente”. Al no tener baños, los reos usan «botellas o recipientes plásticos para orinar «.
24 de los 40 penales no cuenta con agua potable las 24 horas del día. En 7 de esos 24, hay agua caliente. También se constataron desagües tapados o estancados, falta de limpieza, humedad, hongos, filtraciones y escasez de ventilación.
Estas malas condiciones de salubridad originaron plagas en al menos 10 centros penitenciarios, aunque la cifra puede ser mayor ya que, de acuerdo al informe, en algunas unidades no se detectaron porque no son visibles fácilmente y, en otros, la información no fue entregada por las cárceles. Las plagas más comunes son las vinchucas y chinches, y en algunos lados se vieron ratones.
Las reacciones al Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile fueron de un consenso general: no se puede tener a las personas en esas condiciones «infrahumanas», como lo indica, a través de su cuenta de Twitter, la ONG Leasur, que se dedica a la crítica, examen y promoción de los derechos de quienes se encuentran privados de libertad: «Es inadmisible que Chile -país miembro de la OCDE, con un ingreso per cápita más altos de la región y parte de tratados de derechos humanos- mantenga a personas bajo su custodia viviendo en condiciones infrahumanas».
Opinión que es compartida por Julio Gamboa, exjefe nacional de la población penal de Gendarmería: «hace 40 años que estoy inmerso en el sistema penitenciario de una u otra forma, y la precariedad, desamparo, desidia en que viven los presos y los gendarmes en las cárceles es de todos los años, informes varios, soluciones ninguna».
Joe González, secretario nacional de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes, señaló al diario La Tercera que las carencias del sistema no han sido abordadas con la urgencia requerida. “El Estado debe hacerse cargo del problema en dos frentes, uno en relación a la población penal, y el segundo en personal de Gendarmería. Es momento que la autoridad ejecute medidas concretas».
En el mundo político también aparecieron reacciones al informe. El diputado exRD Renato Garín señaló que «eso no pasa en Punta Peuco, y preocupa aún más considerando que se encarcela la pobreza y a delincuentes de cuello y corbata se les envía a clases de ética». En tanto, el diputado Miguel Crispi preguntó si «¿será posible convencer al Ejecutivo para que patrocine leyes que avancen en solucionar este horror?».
