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Crédito: Agencia UNO
El denominado “Desastre de Rancagua” no sólo tiene complicado al Poder Judicial, sino también ha salpicado al Fiscal Nacional y al senador socialista Juan Pablo Letelier por una reunión sostenida en el marco de la indagatoria a los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Abbott dijo que se ha intentado mezclar “mañosamente” ambos hechos y se quejó de los “comentarios livianos que desinforman y alimentan la ignorancia” y dañan a las instituciones.
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, salió al paso de las especulaciones tras la reunión con el senador socialista Juan Pablo Letelier, acusando “ignorancia y mala fe” a quienes intentan vincular este hecho con la indagación por corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Letelier quedó en la mira luego que un reportaje de Ciper lo vinculara a los ministros Marcelo Vásquez, Marcelo Albornoz y Emilio Elgueta, suspendidos por el Poder Judicial en el marco de la indagatoria por el “Desastre de Rancagua”.
El parlamentario, que fue respaldado por su partido, ha sostenido que “no es cierto que haya hecho gestiones ante fiscal nacional para ‘defender’ a jueces de Rancagua hoy cuestionados”.
El otro implicado en estas versiones, el Fiscal Nacional optó por hacer sus descargos en una extensa carta al director enviada a El Mercurio, donde descartó cualquier irregularidad, señalando que hay quienes “mañosamente han intentado mezclar la reunión que sostuve con el senador Juan Pablo Letelier -que por lo demás, fue solicitada y debidamente publicada de acuerdo a la Ley 20.730- el 19 de noviembre pasado, con las resoluciones que firmé ese día respecto de una investigación por nombramientos irregulares que involucra a magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua”.
En ese sentido, sostuvo que “es fácil opinar desde la ignorancia o desde la mala fe para quienes no son conscientes del daño que pueden causar en la reputación de las instituciones y de las personas cuando se emiten comentarios para los que no se cuenta con información completa”.
Según Abbott, “la toma de decisiones en el Ministerio Público no es trivial, oportunista, subjetiva ni infundada: contempla etapas ajustadas a la normativa vigente, flujos de información y consumados tiempos de análisis antes de que se materialicen en el papel. Por el contrario, los comentarios livianos e injustificados desinforman y alimentan la ignorancia, lo que a la larga puede llegar a provocar profundos daños en la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.
En su misiva, el Jefe del Ministerio Público pasa revista a lo ocurrido señalando que el 29 de octubre de 2018 “los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez presentaron una denuncia administrativa contra el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, que solo puede resolver su superior jerárquico. En dicha presentación, me fue solicitado que pidiera a la Corte Suprema la remoción del fiscal Arias”.
Añade que “conforme a los procedimientos regulares del Ministerio Público, el 6 de noviembre pedí un informe al fiscal Arias, el que llegó el 12 de noviembre. Un día después, el fiscal Arias interpuso una recusación ante la Corte Suprema en contra de los ministros Elgueta y Vásquez, argumentando tener causa pendiente con los aludidos y porque los magistrados tendrían enemistad o resentimiento en su contra. En tales condiciones, habiendo recibido el informe del fiscal y teniendo a la vista que consideraba a los referidos ministros inhabilitados para resolver los asuntos que se relacionaran con sus causas, emití dos resoluciones”.
Agrega que “en una de ellas rechacé completamente la denuncia de los ministros, por no existir antecedentes que justificaran el inicio de investigación alguna en contra del fiscal Arias. Y en la otra designé al fiscal regional del Maule para seguir adelante con la investigación penal contra los ministros, considerando -además de los antecedentes expuestos- el hecho de que si eventualmente se encontrase inhabilitada toda la Corte de Apelaciones de Rancagua, el asunto pasaría a la Corte de Apelaciones de Talca, que la subroga, según las normas legales”.
Según Abbott, “esta relación de hechos refleja que, por un lado, se recibió una presentación legítima para cualquier interviniente (en este caso, ministros imputados) en el marco de una investigación penal, y que, por otro, ante ella se procedió de acuerdo a las atribuciones legales que le competen a todo fiscal nacional que ejerza este cargo”.
