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Crédito: Agencia UNO
En otra arista de la crisis que atraviesa el Ministerio Público, este martes se reunirá el consejo general extraordinario de fiscales que zanjará el nombre del persecutor que se hará cargo de la indagatoria penal. La investigación administrativa, en tanto, quedó en manos del actual Fiscal Regional de Antofagasta, quien ha tenido una trayectoria que no ha estado ajena al revuelo mediático. En su momento fue investigado por una supuesta filtración de parte de la carpeta investigativa del caso SQM al entonces ministro Rodrigo Peñailillo y en 2015, tras declarar a la prensa que el “caso Penta es mío”, fue separado de la causa por el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán. Otro aspecto que también se le cuestiona a Ayala es que nunca termina los periodos de los cargos que detenta.
Esta mañana, el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, pidió que la indagatoria de las denuncias en su contra sea asumida por un “fiscal con pantalones”. Y, en cuestión de horas, el Fiscal Nacional Jorge Abbott escogió al Fiscal Regional de Antofagasta, Alberto Ayala, para hacerse cargo de la investigación administrativa tras las denuncias hechas por el persecutor Sergio Moya.
Ayala, el escogido por el jefe del Ministerio Público, ha sido protagonista de procesos mediáticos, como la indagatoria del caso Penta que tuvo en sus manos cuando ejerció como Fiscal Metropolitano Oriente.
Sin embargo, en 2015, y tras declarar a la prensa que el “caso Penta es mío”, Ayala fue separado de la causa en un golpe de efecto propinado por el entonces Fiscal Nacional Sabas Chahuán.
En ese momento, Chahuán tomó las riendas del caso y se hizo cargo de todas sus aristas –con el apoyo de un grupo especial conformado por los entonces fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y el mismo Emiliano Arias, todos especialistas en causas de alta complejidad, dejando fuera a Ayala–.
Por ese entonces, Ayala también estuvo en el ojo del huracán y fue investigado por una supuesta filtración de parte la carpeta investigativa del caso SQM al entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo. La denuncia estuvo en manos del entonces Fiscal Regional de Tarapacá, Manuel Guerra.
Otro aspecto que también se le cuestiona a Ayala es que nunca termina los periodos de los cargos que detenta: en el año 2000 asumió como Fiscal Regional de Antofagasta, y luego el 2 de octubre de 2007 fue nombrado Fiscal Regional de Los Lagos. Debía estar hasta 2015 en el sur, pero el cargo lo desempeñó hasta julio de 2011, cuando fue nombrado Fiscal Regional Metropolitano Oriente. Pero en 2015, antes de cumplir los 8 años que estipula el cargo, volvió a la Fiscalía Regional de Antofagasta, donde se mantiene en la actualidad.
La investigación administrativa a Arias es una de las aristas que enfrenta el Fiscal Regional de O’Higgins, Emiliano Arias, porque mañana está citado el consejo regional de fiscales que zanjará el nombre del persecutor que se hará cargo de la indagatoria penal.
A este procedimiento Arias también pone sus fichas, y de hecho ha declarado que “la trascendencia» de la denuncia amerita que «se designe un Fiscal Regional que haga una investigación penal con urgencia en que se respeten las garantías». «Si se decide hacer una investigación administrativa, yo voy a presentar una autodenuncia penal», dijo esta mañana en Radio Cooperativa.
Cabe recordar que la denuncia del fiscal Moya apunta a Arias por cuatro hechos. Además de tráfico de influencias en el Caso Caval, también lo acusa de obstrucción contra la investigación del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, ocultamiento en la causa del Teatro Municipal de Rancagua y violación de secreto por sustracción de información de la base de datos de la Fiscalía de O’Higgins que llegó a manos de una persona en Puerto Montt.
