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Crédito: Agencia UNO
En la formalización, el fiscal Sergio Moya reveló que el suspendido ministro tuvo un aumento patrimonial de más de $28 millones. En la audiencia, la defensa de Elgueta intentó inhabilitar a la jueza Paz Reyes, por pertenecer a la masonería, pero su solicitud fue desestimada.
Pese a la estrategia de la defensa de Emilio Elgueta para frenar su formalización, finalmente el fiscal de Alta Complejidad, Sergio Moya, imputó cargos al suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
En la audiencia desarrollada en el Tribunal de Garantía de Rancagua, una diligencia inédita dado que se trata del primer ministro formalizado desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, la magistrada Paz Reyes decretó 180 días de investigación y no se decretaron medidas cautelares en contra del magistrado.
Luego de la audiencia, Elgueta tuvo una accidentada salida del juzgado, entre gritos de “viejo corrupto” y “ladrón”, además de la numerosa presencia de periodistas y profesionales de medios de comunicación que buscaron conseguir alguna reacción.
La formalización estuvo a cargo del fiscal Sergio Moya, quien ha estado en el hijo del huracán por su denuncia contra su superior jerárquico, Emiliano Arias. Pero ni antes ni después de la audiencia, el prosecutor quiso referirse a esta polémica.
En lo que sí fue enfático fue en confirmar que se vienen más formalizaciones, entre funcionarios públicos y personas particulares, porque “es evidente que aquí hay varias personas involucradas».
Sin embargo, aclaró que “el solo hecho que existan varias personas imputadas no necesariamente implica la existencia de una organización criminal».
Consultado si entre los formalizados se encuentra el ministro Marcelo Vásquez, otro de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Rancagua suspendidos, Moya dijo que “no voy anticipar por esta vía que persona será formalizada”.
Respecto a las quejas de la defensa del ministro de que la investigación está viciada, Moya lo descartó. “Esto no es así, esa investigación siempre ha estado a mi cargo”, dijo.
En la audiencia, el fiscal señaló que “entre los años 2016 y 2018, el ministro Emilio Elgueta, bajo el ejercicio de su cargo en la Corte de Apelaciones de Rancagua tuvo un aumento patrimonial relevante e injustificado por la suma de $28.652.021, suma que equivale al 50 por ciento de su renta de remuneración anual que le entrega el Poder Judicial».
La audiencia fue accidentada. Si bien estaba programada para partir a las 9 de la mañana, primero la defensa del juez Elgueta pidió al tribunal que no se transmita la audiencia, solicitud que fue denegada.
Pero eso no fue todo. Luego, la abogada del suspendido ministro, Blanca Rebolledo, pidió inhabilitar a la jueza Paz Reyes, argumentando que pertenece a una logia femenina masónica. Cabe recordar que Elgueta fue expulsado de la logia en medio de las irregularidades en las que se ha visto envuelto.
La solicitud obligó a la audiencia a entrar en receso, pero luego de varios minutos la magistrada comunicó que tomó la decisión de no inhabilitarse, y consideró extemporánea la petición.
