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“Aparte de lo impactante que puede ser que delincuentes condenados vivan en cárceles VIP, con todos los accesos a lujos, a drogas y alcohol, que no está permitido, es la falta de Estado en esos lugares. O sea el Estado no es capaz de controlar esos espacios. No es capaz de entrar, porque en Colina 2 tenían cerrado, incluso para los gendarmes”, sostuvo el diputado Gonzalo Fuenzalida.
A raíz de la operación «Bisagra», los diputados de Renovación Nacional Gonzalo Fuenzalida y Paulina Núñez llegaron hasta Contraloría para que se pronuncie, mediante un dictamen, sobre las eventuales responsabilidades de los funcionarios frente a las irregularidades que se desprendieron en el caso, lo que permitió desarticular un verdadero refugio narco al interior de Colina 2, donde los reclusos gozaban de especiales privilegios.
“Aparte de lo impactante que puede ser que delincuentes condenados vivan en cárceles VIP, con todos los accesos a lujos, a drogas y alcohol, que no está permitido, es la falta de Estado en esos lugares. O sea el Estado no es capaz de controlar esos espacios. No es capaz de entrar, porque en Colina 2 tenían cerrado, incluso para los gendarmes”, sostuvo el diputado Fuenzalida.
En ese sentido, el legislador se preguntó si la situación que se descubrió en Colina 2 ocurre en otros centros penitenciarios del país, así que “por eso hemos venido hoy a la Contraloría, porque ésta sí tiene que hacer un plan de fiscalización, porque acá hay funcionarios públicos que ejercen una función y que no la están haciendo bien”.
En el texto entregado en el ente regulador se señala que estas “irregularidades denunciadas se han mantenido en el tiempo. Desde el año 2007 que se vienen denunciando una serie de condiciones de privilegios al interior del módulo beta. Cuando la fiscal Mónica Maldonado advirtió que, efectivamente, los habitantes de este módulo tenían una serie de privilegios, interviniendo con estrategias para revertir esta situación sin éxito como es posible constatar”.
Asimismo, Fuenzalida destacó que el ministro de Justicia Hernán Larraín y el director actual, el coronel Christian Alveal, “tuvieran los pantalones para enfrentar esto. Por lo menos han dado un primer paso y nosotros vamos a apoyar esto desde otro punto de vista, que es exigir la acción de la Contraloría en fiscalizar. Esto es una buena noticia y un muy primer paso, pero hay que seguir”.
En tanto, para la diputada Paulina Núñez, “lo grave acá es la existencia de falta de control del Estado en algunos recintos. Lo que no puede ocurrir en Chile, es que los narcotraficantes lideren sus organizaciones fuera y dentro de las cárceles”.
“Hemos venido a pedir a la Contraloría que inicie su propia ‘Operación Bisagra’, porque no puede estar ajena a lo que está ocurriendo en las cárceles de nuestro país. Hay una institución que está detrás, hay funcionarios públicos, que la gran mayoría está abocado a realizar bien su trabajo, pero hay algunos que lamentablemente se han dejado corromper”, agregó la legisladora.
Los parlamentarios además solicitaron que se instruya un nuevo sumario administrativo y se adopten medidas que tengan por objeto prevenir y revertir este tipo de irregularidades pero en el tiempo, frente al fracaso de medidas anteriores como lo ocurrido en el año 2007 tal como señala la presentación.
