Un nuevo capítulo de La Semana Política, el director ejecutivo de este medio, Federico Joannon, acompañado de los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo y Ana María Moure, conversaron sobre el TPP-11, abarcando sus falencias, sus objetivos, pero poniendo especial énfasis en el conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, quienes se sintieron «vulnerados» por no haberse realizado una consulta previa donde se discutiera el tratado.
En un nuevo episodio de La Semana Política de El Mostrador, el director ejecutivo de este medio, Federico Joannon, junto con los académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Ana María Moure y Salvador Millaleo, analizaron las falencias del Acuerdo Transpacífico (TPP-11) del que Chile es parte. Se conversó sobre lo perjudicial que puede ser para el país formar parte de un tratado que intenta contrarrestar el poder de uno de nuestros socios más importantes en materia económica, como lo es China, además de la vulneración de la consulta indígena a la que el acuerdo debía someterse obligatoriamente en virtud del Convenio 169.
Al inicio del debate, Salvador Millaleo se refirió al entorno que rodeó al TPP-11 y las razones de las férreas críticas.
«Siempre han existido grupos críticos a los acuerdos de libre comercio, pero nunca habían tenido tanta audiencia. (…) Este tratado es en muchas medidas redundante. En el fondo viene a consolidar lo que han hecho otros tratados, pero en materia económica los beneficios que trae se cuestionan, porque es un acuerdo con países con los que ya se tiene un acuerdo», sostuvo.
Por otra parte, Ana Moure destacó lo dicho en la interna del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al tema. «Hay una opinión que he escuchado presencialmente por funcionarios que trabajan en Direcom en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se dice que se liberarían barreras arancelarias para tres mil productos, que hoy en día no estarían contemplados en estos tratados bilaterales», dijo.
En relación con esto, Millaleo señaló que «es claro que no estamos ganando un acceso a una nueva economía, por eso es que esta liberación de esos productos parece insuficiente. Es un tratado que más bien parece una estrategia que trata de contrarrestar el poder de China en el Pacífico y en las Américas, cuando nuestro socio principal es China. En este sentido ganamos muy poco».
Moure puso en el tapete una particular decisión de los países miembros de este tratado. «En el TPP11, se suspenden 20 disposiciones que eran polémicas y a las cuales no se les dio una acabada respuesta. Estados Unidos, primero, fue uno de los que exige que se eliminen estas cláusulas. Estas 20 disposiciones no están eliminadas, están suspendidas, eso significa que estas cláusulas se pueden volver a activar», indicó.
«A través de negociaciones complementarias se pueden activar porque no están eliminadas», recalcó Millaleo.
Posteriormente Joannon puso en la mesa la situación de los agricultores que tienen semillas y las plantan. ¿Van a poder seguir haciéndolo?, preguntó.
Millaleo respondió que «Chile firmó un tratado que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que es la organización que congrega a todos los países que tienen una regulación al respecto. Lo que hace el TPP-11 es volver a reiterar algo que ya hicimos, en ese sentido no se altera el statu quo. Hubo un proyecto de ley que fue la conocida Ley Monsanto, que proponía quitar en control de las semillas tradicionales a los campesinos, la cual no fue tramitada por el segundo Gobierno de Bachelet por la polémica que generaba. Incluso sin el TPP-11, Chile está debiendo una norma adecuatoria, por lo tanto, no innova».
Finalmente, se abarcó la discusión existente entre los pueblos originarios y el Estado de Chile, por la negociación un tanto irregular del acuerdo.
«Esto le agrega un condimento a los conflictos que hay entre el Estado y los pueblos originarios. Este tratado afecta directamente a los pueblos indígenas y no ha sido sometido a consulta indígena», explicó Millaleo.
«Es una obligación y el Estado tiene que consultar en virtud del Convenio 169, eso es una consulta que debería ser vinculante para la posición que finalmente el Estado tomó», complementó Moure.
«Esto es una imprudencia temeraria, en el fondo se está pasando a llevar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta», sostuvo el académico.
«El tratado lo negoció el Gobierno anterior, el actual no se hace cargo mucho del asunto y lleva al Congreso para que apruebe o no apruebe, y nadie explica bien todos estos puntos. Estamos en un círculo bastante vicioso y perverso», concluyó Joannon.
