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Crédito: Agencia UNO
Según la Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación de Chile A.G. (AGMO), la reforma al Sence solo busca “concentrar la industria en los gremios más poderosos del país”. El diputado Hugo Gutiérrez, por su parte, denuncia que “se trata de una ley hecha a la medida de la Cámara Chilena de la Construcción”. Todo apunta a Bernardo Ramírez Bañados, gerente general de la Corporación de Capacitación de la CChC, quien se tomó unos meses para asesorar al Ministerio del Trabajo en el diseño del nuevo Sence, y una vez elaborado el proyecto volvió a la OTIC. Además, tiene tejado de vidrio en materia laboral, porque ha sido acusado de una serie de situaciones de discriminación, acoso y vulneración de los derechos de los trabajadores.
En marzo pasado, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, presentó con bombos y platillos la reforma al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, bajo la premisa de un “nuevo Sence más transparente, con mejores capacitaciones y enfocado en los trabajos del futuro”.
Lo que no reveló el ministro en aquella oportunidad es que uno de los principales articuladores de dicha reforma fue Bernardo Ramírez Bañados, quien operó como asesor ministerial en el diseño de dicho proyecto.
El gran problema es que Ramírez Bañados era gerente general de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, una entidad considerada el mayor intermediador de franquicias tributarias. Y de acuerdo a todos los actores del mercado, esta OTIC es la gran ganadora de la reforma propuesta por el Gobierno de Sebastián Piñera.
Bernardo Ramírez es ingeniero comercial de profesión e incluso fue mencionado como potencial director del Sence al inicio del gobierno piñerista. Finalmente, la movida no se concretó. Lo suyo fue de más bajo perfil y de acuerdo a los registros del Sence en la página de Transparencia (actualizados sólo hasta mayor de 2018) fue contratado a honorarios para “asesorar en dirección en materia de capacitación”.
De acuerdo al registro disponible en dicha página, prestó servicios entre el 9 de abril de 2018 al 31 de agosto con un sueldo mensual de $4.453.531. Pero una vez que prestó servicios en el ministerio, y el proyecto fue ingresado a la Cámara de Diputados, volvió a la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción.
“Este gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción fue contratado como asesor del ministerio del Trabajo para trabajar justamente en hacer este proyecto de nuevo Sence, lo elaboró, y volvió el mismo lugar donde estaba antes”, acusa el diputado comunista Hugo Gutiérrez.
Pero no sólo los vínculos entre el ministerio y la Cámara tienen en la mira al flamante exasesor ministerial. De acuerdo a exfuncionarios del Sence y fuentes del sector, Ramírez Bañados tiene “tejado de vidrio” en materia laboral porque como representante legal de la Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción ha sido demandado ante la Dirección del Trabajo por una serie de infracciones como situaciones de discriminación, acoso y vulneración de los derechos de los trabajadores.
Esto se suma a una multa administrativa contra la entidad que encabezada por “liquidar acciones de capacitación sin haber pagado previamente las facturas respectivas”.
De su paso por el ente gubernamental, se cuestiona además que haya tenido acceso a información comercial y financiera de sus competidores. Asimismo, al interior del servicio lo apuntan como el responsable de las desvinculaciones de varios funcionarios que fueron exonerados durante la administración piñerista. No solo eso: durante el período de Ramírez Bañados en el Sence, la Corporación Cimientos -la OTEC, el organismo capacitador de la Cámara Chilena de la Construcción- se vio beneficiada con varios millones vía asignación directa del servicio.
Para Hugo Gutiérrez, así las cosas, el proyecto de reforma del Sence “es una ley espuria hecha a la medida de la Cámara Chilena de la Construcción. La ley debería ser llamada Ley Monckeberg-Cámara Chilena de la Construcción. Aquí hay una contradicción de intereses y tráfico de influencias en el origen de esta ley”.
Las críticas contra el proyecto de ley elaborado por la actual administración han sido lideradas por la Asociación de Organismos Técnicos de Capacitación de Chile A.G. (AGMO). Según esta entidad, la reforma “tiene como objetivo real concentrar la industria en los gremios más poderosos del país, permitiendo la integración vertical de los chilenos”.
Una de las principales críticas es que el proyecto establece un sistema de copago que –según señalan en el sector- perjudica a las empresas más pequeñas.
“La nueva ley SENCE dejará a más de 600 mil trabajadores sin capacitación, ya que se incorporará un copago que castiga a los colaboradores de menos ingresos y les sanciona sin su derecho a acceder a un perfeccionamiento de habilidades vitales para el mundo laboral. Dentro de los trabajadores perjudicados se encuentran los casi 5 millones que tienen enseñanza media incompleta y que, al no poder acceder a capacitación, se encontrarán en una situación de desigualdad”, señalan en AGMO.
En resumen, según el diputado Gutiérrez, “las empresas pequeñas no van a poder darle capacitación a sus trabajadores y así más de 100.000 capacitadores y gente vinculada a las pequeñas OTEC quedarán sin empleo y la capacitación se concentrará en las grandes por el copago”.
