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Crédito: Agencia UNO
El decano Pablo Ruiz Tagle envió un oficio solicitando a la Contraloría revertir el dictamen que perjudica a los profesores de Derecho de las universidades estatales, en desmedro de los académicos de los planteles privados. El principal argumento es la incompatibilidad, dados los nexos del contralor y el jefe de la División Jurídica con la Universidad Católica de Valparaíso, una de las casas de estudios que no se verán afectadas con el cambio de criterio.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se fue en picada contra el dictamen del contralor Jorge Bermúdez que estableció que los abogados que enseñen en estas casas de estudio no podrán llevar causas en contra del Fisco.
Por ello, el decano de la facultad, Pablo Ruiz Tagle, envió un oficio al ente contralor, pidiendo dejar sin efecto la polémica resolución, acusando “conflicto de intereses” por parte del propio Bermúdez como de Camilo Mirosevic Verdugo, jefe de la División Jurídica de la institución.
“Vengo en solicitar se deje sin efecto el dictamen N°12 120/19 por cuanto ha sido estudiado y dictado por don Jorge Bermúdez Soto y don Camilo Mirosevic Verdugo que son actualmente académicos de la Universidad Católica de Valparaíso, conforme aparece de sus propias declaraciones de intereses y patrimonio”, señala el oficio enviado por el decano de la Casa de Bello.
El oficio añade que “al ejercer la potestad de emitir dictámenes que es propia de la Contraloría General de la República, los docentes y las instituciones a la que pertenecen los académicos Bermúdez y Mirosevic podrían verse beneficiados con la nueva interpretación que se hace de las normas jurídicas citadas en el dictamen por cuanto son personas y planteles universitarios a los que no les sería aplicable la mencionada nueva jurisprudencia”.
Cabe recordar que el dictamen 12 120/2019 emitido el pasado viernes 3 de mayo reconsideró toda la jurisprudencia previa del organismo, señalando que “un funcionario público no puede representar a terceros en litigios que busquen afectar los intereses del Estado. Este último concepto no se restringe solo a cuestiones patrimoniales del Estado, sino que se hace extensivo a todas las materias civiles, por ejemplo, la solicitud de nulidad de un acto administrativo”.
El problema es que la resolución afecta sólo a los académicos de universidades estatales, y no a las tradicionales no estatales. Por eso, señalan que se trata de una decisión hecha a la medida de estos planteles.
En círculos académicos es conocido el estrecho nexo del contralor con la Universidad Católica de Valparaíso, una de las instituciones que resulta excluida de la prohibición.
Bermúdez cursó sus estudios de derecho en dicho plantel, y además fue académico de la Facultad en pregrado y postgrado, en Derecho Administrativo y Ambiental. También fue Secretario Académico de la Escuela de Derecho, Coordinador General de Postgrados e Investigación, y Consejero del Centro de Derecho del Mar de la Facultad.
En el caso de Mirosevic, aparece en su LinkedIn como profesor en Magister en Derecho, Diplomado en Derecho Administrativo, Diplomado en Derecho Ambiental, Diplomado en Derecho del Mar y Marítimo y Diplomado en Contratación Pública en la Universidad Católica de Valparaíso.
