PAÍS
El jefe de la bancada DC Gabriel Ascencio anunció que recurrirá hasta el Juzgado de Policía Local de Pucón para pedir que se investiguen las responsabilidades del Servicio de Impuestos Internos, de la Dirección de Obras Municipales y del municipio de Pucón. Según recordó Tesorería, la ley establece que el límite para la retroactividad en el pago de contribuciones es de 3 años, por lo que el Presidente sólo debe ponerse al día con las cuotas de 2016 en adelante, lo que asciende a $19.121.646, de acuerdo al reciente reavalúo del SII de la propiedad. “Esto significará que quedarán 27 años impagos que no se podrán pagar debido a la prescripción, mientras los chilenos deben pagar puntualmente, para no arriesgar el remate de sus viviendas”, acusó Ascencio.
La Tesorería General de la República se pronunció respecto a la polémica por las contribuciones impagas de la casa que el Presidente Sebastián Piñera tiene en el Lago Caburgua, en la Región de La Araucanía, y que se arrastran por casi 30 años. Y lo zanjó con una resolución donde el Mandatario realmente la saca barata.
De acuerdo a la respuesta del organismo fiscal a un oficio enviado por el diputado DC Gabriel Ascencio, donde se consulta si el gobernante puede pagar en forma retroactiva los impuestos territoriales adeudados, se recuerda que «el artículo 19 de la ley 17.235 dispone un límite para la retroactividad de 3 años, por lo que no podrán cobrarse retroactivamente impuestos correspondientes a un plazo superior, desde el momento en que se practique por el Servicio de Impuestos Internos el avalúo que sirva de base para la determinación del impuesto territorial».
Desde el Gobierno se le bajó el perfil a la información. «Yo no veo cual es la novedad de la noticia, toda vez que, hace un tiempo atrás, nosotros como Gobierno dimos una respuesta, que era una propiedad que se estaba regularizando como muchas de ese sector, y por lo tanto a medida que se va regularizando se va dando cumplimiento con los requerimientos de las distintas instituciones que tienen que pronunciarse, entre esas el SII y la Tesorería. Nosotros como Gobierno siempre vamos a estar de acuerdo a que se cumpla la ley, y la ley es para todos», dijo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.
Al contrario, el diputado Ascencio señaló que «esto significará que quedarán 27 años impagos que no se podrán pagar debido a la prescripción, mientras los chilenos deben pagar puntualmente, para no arriesgar el remate de sus vivienda».
Para el parlamentario, «el Presidente Piñera le está diciendo a los chilenos cómo hacer negocios, porque durante 30 años evita pagar contribuciones, recursos que van al presupuesto nacional, los evita pagar y después sabe que va a pagar solamente los últimos 3 años (…) Este escándalo, esta manera de vivir permanentemente tratando de eludir las normas, de eludir las obligaciones que tiene, es un hecho que está permanentemente presente en la conducta del Presidente Piñera», añadió.
La polémica surgió en abril por una denuncia del sitio El Dínamo que reveló que por los cientos de metros cuadrados construidos (en torno a los 1.,160 metros construidos), Piñera paga cerca de 500 pesos en contribuciones.
El terreno fue adquirido de manera oficial el 21 de abril de 1989 y el 2 de abril de 1993, Piñera inscribió a su nombre la propiedad de 20 hectáreas a las orillas del lago. Desde ese tiempo, ha recibido cuatro permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Pucón, pese a que ninguna de estas autorizaciones tenía la recepción definitiva de obras, lo que impedía el avalúo del SII y el pago de contribuciones.
Recién una vez encendida la polémica, en mayo pasado, el Servicio de Impuestos Internos procedió a hacer un reavalúo, y la propiedad pasó de estar valorizada en 12 millones de pesos a 396 millones de pesos. De ese total, $362 millones están afectos a impuestos.
Con este reavalúo y considerando que el propietario deudor sólo debe pagar las contribuciones de los últimos 3 años, Piñera debe ponerse al día con las cuotas de los años 2016 en adelante, por un total de $19.121.646 que tiene que cancelar a más tardar el 30 de junio de este año.
En su oficio de fiscalización enviado a la Contraloría, el jefe de la bancada de diputados DC pide a la Contraloría una completa auditoría para establecer responsabilidades administrativas y funcionarias derivadas de la falta de diligencia por parte de la Dirección de Obras Municipales de Pucón, “las que han evitado un correcto avalúo de la propiedad y establecer un pago adecuado de contribuciones”.
Las principales dudas apuntan a por qué no han sido recepcionadas definitivamente las obras de la propiedad de Piñera, y «las razones por cuales se encuentran habitadas pese que sin estar recepcionadas son declaradas como clandestinas según la ley».
Ascencio también requiere que el municipio aclare por qué no se han cursado multas ni sanciones, que se establezca si existió o no un perjuicio fiscal por el no cobro de contribuciones a construcciones realizadas hace más de tres décadas, ordenando los respectivos juicios de cuentas por parte de la Contraloría.
Hoy, el diputado anunció que recurrirá hasta el Juzgado de Policía Local de Pucón para pedir que se investiguen las responsabilidades del Servicio de Impuestos Internos, de la Dirección de Obras Municipales y del municipio de Pucón.
Cabe recordar que la propiedad de Piñera arrastra otra polémica porque en febrero se conoció que cuenta con una concesión marítima de 800 m2 tramitada en 2011 durante su primer gobierno.
