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“No podemos tener un contralor que despide gente porque le llevan la contra”, acusó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, en una nueva arremetida contra el jefe del organismo fiscalizador, mientras, diputados gremialistas no descartaron pedir una comisión investigadora. El problema es la decisión del contralor Bermúdez de pedir la renuncia a tres funcionarios que habrían advertido que el ente contralor no estaba utilizando una única fórmula contable para hacer los cálculos de déficit y superávit de algunos municipios, como Viña del Mar y La Florida. El alcalde de esta última comuna, Rodolfo Carter, exmilitante gremialista, fue más allá y anunció acciones judiciales contra Bermúdez. El contralor asistirá mañana miércoles a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados [ACTUALIZADA]
El nuevo lío interno desatado en la Contraloría, luego que el contralor Jorge Bermúdez les pidiera la renuncia a funcionarios cuyos cargos tienen el estatus de «exclusiva confianza» de la institución dio pie a una nueva arremetida de la derecha contra el jefe del ente fiscalizador.
Según informó El Mostrador, uno de los funcionarios a quienes se pidió la renuncia, Patricio Barra, jefe de la División de Análisis Contable, nombrado por Ramiro Mendoza en 2011, se ha negado a dejar su cargo y “se parapetó en la oficina. Además, junto a los otros dos funcionarios cesados (Pablo Soto e Ignacio Tapia) presentaron un requerimiento de integridad contra el jefe del ente fiscalizador.
De acuerdo a lo que informa La Tercera, Barra es quien habría advertido a Bermúdez que los auditores no estaban utilizando una única fórmula contable para hacer los cálculos de déficit y superávit de algunos municipios, como en los casos de Viña del Mar y La Florida, al mando de la UDI Virginia Reginato y el exUDI Rodolfo Carter.
El funcionario le contó a La Tercera que “la preocupación de Bermúdez siempre estuvo en cubrir los casos de esos dos municipios (Viña del Mar y La Florida), y al menos a nosotros jamás nos preguntó o planteó algo respecto de los otros municipios con el problema”. Incluso, reveló que en una reunión para mostrares las anomalías del cálculo en la auditoría y déficit de Viña del Mar, Bermúdez puso el tema de La Florida “gritándonos ‘¿ustedes no han visto que Carter puso un inserto a página completa en el diario en mi contra? Se imaginan las consecuencias para mí si se filtra que el cálculo está mal’.
De esta versión se aferraron en la UDI para arremeter contra la figura del contralor. Una primera medida será citarlo al Congreso. De hecho, los diputados de la UDI, Celso Morales y Juan Manuel Fuenzalida anunciaron que pedirán sus asistencia a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, pero desde Contraloría informaron que el propio Bermúdez pidió ser invitado a la instancia parlamentaria a explicar el tema de las auditorías municipales, lo que se concretará este miércoles a las 15:30 horas. Incluso, no descartan la convocatoria de una comisión investigadora.
“Aquí hay una nueva denuncia muy grave en contra del Contralor, y que merece una explicación clara y contundente de su parte, pues lo que dan a entender estos funcionarios tras ser despedidos, es que el contralor no sólo desatendió la denuncia de que había anomalías en los criterios que se estaban utilizando para auditar a municipios del país, sino de que existiría un sesgo político de su parte respecto a municipalidades de Chile Vamos, y dos en particular”, puntualizó el diputado Celso Morales.
“Tiene que dar varias explicaciones, porque esta es la tercera o cuarta parte oscura”, complementó Fuenzalida.
A esta arremetida se sumó la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, quien acusó que “hay una obsesión, por parte del contralor Jorge Bermúdez, de ir tras municipios que no son de izquierda”.
Para Van Rysselberghe, “esto que pasa ahora es gravísimo, porque no podemos tener un contralor que despide gente porque le llevan la contra”, y aseguró que “no podemos tener un contralor, que por miedo a que se filtre algo, esté dispuesto a crucificar”, dijo en T13 Radio.
Pero esta no es la primera vez que Bermúdez sufre la arremetida de la derecha. En Chile Vamos resienten que el contralor haya declarado ilegal los cambios que le introdujo el gobierno al protocolo de objeción de conciencia por el aborto y la polémica pugna mediática y judicial con la subcontralora Dorothy Pérez. Además acusan de cargarle la mano a los municipios controlados por el oficialismo, lo que es desmentido desde la misma Contraloría, como lo ha señalado el propio Bermúdez.
Desde la Municipalidad de La Florida también hubo reacciones. A través de un comunicado, el municipio encabezado por Rodolfo Carter –quien estuvo suspendido un mes de sus funciones por el tribunal electoral a causa de un proceso donde un insumo fundamental fue la resolución de la Contraloría- señala que “con estupor hemos confirmado, lo que ya sabíamos hace tiempo: la Contraloría General de la República ha perdido toda objetividad y profesionalismo bajo la dirección de Jorge Bermúdez Soto”.
“Desconocemos qué anima a Jorge Bermúdez en contra de este Municipio, y en particular en contra de su alcalde, Rodolfo Carter, pero nos parece de la mayor gravedad el actuar descontrolado que estamos presenciando, en donde una institución como la Contraloría construye falsas verdades y utiliza todo el poder que el Estado de Derecho le ha dado para causas personales de dudosa procedencia”, añade la declaración.
Carter también dio una entrevista a La Tercera donde fue más allá y anunció acciones judiciales contra Bermúdez. “Lo demandaré civilmente por daños y perjuicios, pues es evidente que su actuar, de mala fe y con publicidad, ha generado un daño enorme. Pero además me voy a querellar. Estas conductas patológicas muestran que Bermúdez se sale de la ley y no puede seguir siendo el Contralor», dijo.
Desde el Gobierno, también hubo opiniones. Consultada al respecto, la portavoz de La Moneda Cecilia Pérez comentó que» “esperamos que todos los conflictos que puedan existir al interior de la Contraloría puedan ser solucionados por la misma intuición, por las facultades que tienen y que les entrega la ley», remató.
Añadió que “nosotros como Gobierno queremos instituciones fuertes, sólidas, es lo que demanda no solamente la ciudadanía, sino que particularmente la democracia, instituciones sólidas permiten el fortalecimiento de nuestra democracia. En ese sentido, la Contraloría era una institución muy importante en nuestro país no solamente en lo que dice relación con supervigilar el orden administrativo de algunas instituciones del Estado, sino que también con la fiscalización».
El contralor recibió en sus oficinas de Teatinos al ministro del Interior Andrés Chadwick. Si bien el encuentro estaba enmarcado en la ronda de citas encabezadas por el jefe de gabinete en su nueva misión de impulsar el acuerdo político y transversal para el mejoramiento de las instituciones que el Presidente le encomendó en la Cuenta Pública, se esperaba un pronunciamiento de su parte respecto a este tema.
Pero la reunión de Chadwick con el contralor estuvo marcada por otro elemento, porque esta jornada se conoció otro elemento que conecta a la Contraloría con La Moneda, dado que Carlos Peña Ramírez decidió renunciar a su cargo de jefe de la División Jurídica del ministerio de Interior.
Peña Ramírez era el exjefe de gabinete de Bermúdez y dejó su cargo el 1 de junio junto al contralor para trasladarse a La Moneda para reemplazar a Ximena Risco, pero no alcanzó a asumir formalmente. De acuerdo a La Tercera, la dimisión respondería a los cuestionamientos que se realizaron por el paso directo al Interior desde Contraloría.
A través de un comunicado de prensa, la Contraloría aseguró que el contralor Jorge Bermúdez «ejerció sus facultades» en el despido de los tres funcionarios.
«Los jefes de división son cargos de exclusiva confianza y están en permanente evaluación. En consecuencia, el Contralor General ejerció la facultad de pedir la renuncia del Sr. Barra, jefe de la División de Análisis Contable (DAC), atendida su mala evaluación de desempeño al interior de la institución», sostiene la declaración.
El documento agrega que «antes de ser notificado de su desvinculación, el Sr. Barra y su equipo de confianza (quienes firmaron su renuncia voluntaria), no presentó ni formalizó ningún tipo de denuncia que diera cuenta de eventuales irregularidades en el trabajo de los equipos de auditoría de la Contraloría General de la República».
Por último, «la Contraloría ratifica que ha aplicado la metodología que establece la normativa para calcular el déficit y superávit en todos los municipios del país sin distinción, descartando que existan varas distintas en la labor de auditoría a los municipios».
