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La versión 2018 del estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE” de Fundación Sol, reveló que la banca ha entregado 5,3 billones de pesos (millones de millones) en créditos CAE a más de 870 mil estudiantes entre 2006 y el año pasado. El fisco ha devuelto $3,59 billones a los bancos, con sobreprecios de un 25% en promedio. Por otra parte, los deudores CAE morosos siguen aumentando y llegan al 41,1%, 50 mil morosos más que en 2017 [ACTUALIZADA]
A pesar de la promesa de campaña que ponía fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), a quince meses ya de instalado este segundo Gobierno de Sebastián Piñera, el sistema estatal que utiliza a la banca como prestamista sigue vivo, coleando y endeudando a miles de estudiantes chilenos. Solo durante el año 2018 se entregaron 269.261 créditos, entre estudiantes nuevos y renovantes.
Tanto así, que su presupuesto sigue creciendo. Si en el 2006 el CAE representaba el 2,4 % del presupuesto para Educación Superior, hoy supera el 24,4% y, además, el fisco comprometió $553.564 millones para este 2019. A pesar de que el proyecto del denominado “CAE 2.0 de Piñera” fue ingresado hace casi un año al Congreso, su tramitación está frenada en la comisión de Educación del Senado, mientras miles de estudiantes, principalmente de universidades privadas, deberán endeudarse para acceder a la educación superior.
Las principales críticas al CAE desde el mundo estudiantil y académico, apuntan al nivel de endeudamiento y precariedad que genera entre sus beneficiarios. Durante años han advertido que es una máquina que produce estudiantes “cesantes, ilustrados y endeudados”, una realidad que revela la edición 2018 del estudio que realizó Fundación Sol.
Una de las principales críticas es el rol de la banca, la que –según la Agrupación Estudiantes Endeudados– ha hecho un negocio con el sistema del Crédito con Aval del Estado.
Según la última edición del estudio de Fundación Sol, “Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE”, entre 2006 y 2018 los bancos han entregado 7.657 millones de dólares en créditos CAE, unos 5,3 billones de pesos chilenos (millones de millones) a más de 870 mil estudiantes. Si comparamos, la deuda total de los deudores CAE, esta equivale al 10,4% del Presupuesto Nacional para el año 2019 y se podrían financiar 43 “Plan Araucanía” con este monto adeudado.
Este gran monto de crédito, entregado a estudiantes que proyectaban poca seguridad laboral y bajos sueldos al egresar, no era rentable para la banca, por lo que tras la aprobación de la Ley CAE en 2003, se ideó un modelo de negocio donde el Estado pagaría las ganancias no recibidas por los bancos.
El sistema del CAE funciona a través de Comisión Ingresa, que genera “carteras de deudores”, que son listas con estudiantes beneficiados con el citado crédito agrupados aleatoriamente. Comisión Ingresa licita estas carteras entre los bancos y el mejor postor se las adjudica. Al salir de sus carreras, los estudiantes comienzan a pagar su CAE a los bancos, créditos que fueron pactado en 20 años, con un 6% o un 2% de interés.
Más de la mitad de estos créditos ya han sido “recomprados” por el fisco a los bancos, los que además de cobrar el interés de un 6% original que tiene el CAE, cobra otro “sobreprecio” al Estado, que es llamado “recarga”, la que en promedio llega a un 25% por cada crédito. Este mecanismo fue ideado en el reglamento de la Ley del CAE y fue la clave para que la banca se hiciera parte del sistema de financiamiento, a fines del Gobierno de Ricardo Lagos y principios de la primera administración de Michelle Bachelet.
[cita tipo=»destaque»]Para Páez, el nuevo crédito propuesto por el Gobierno de Piñera es insuficiente y destacó que no basta con poner el foco en sacar a la banca de la ecuación, sino también en el costo de quitar a los bancos del negocio de los créditos educacionales. “Si bien el CAE va en retirada, se observa aún un gasto relevante por parte del fisco en el proceso de recompra, recarga y garantías a la banca y a las instituciones de educación superior más beneficiadas relacionadas con tan solo 4 grupos educacionales del sector privado. Mientras ambos grupos económicos generan alta rentabilidad y aseguramiento de un negocio a costa del fisco, en el caso de las familias genera un alto costo financiero en endeudamiento y un pesada mochila de morosidad”, afirmó el investigador de Fundación Sol.[/cita]
El informe de Fundación Sol, realizado por los investigadores Marco Kremerman, Alexander Páez y Benjamín Sáez, establece que entre 2006 y 2018 el fisco ha recomprado el 53,7% de los créditos CAE, que por esta recompra pagó $3,59 billones (millones de millones), de los cuales $734.105 millones corresponden a la recarga. Es decir, el Estado ha pagado más de un millón de dólares en sobreprecio a los bancos.
El 2018 es de los años en que el fisco ha pagado uno de los montos más altos por la recompra: $78.555 millones. Como la cantidad de créditos otorgados bajó de 299 mil en 2017 a 269 mil en 2018, el Estado recompró menos créditos que el año anterior, pero el monto de esa recompra aumentó en $10 mil millones respecto al 2017.
Según los investigadores, la cantidad de billones de pesos entregados por el fisco a las entidades bancarias echa por tierra la tesis de la falta de financiamiento para ampliar la matrícula de educación superior a principios de los años 2000. “El argumento de la escasez de recursos para acudir a la banca, claramente dejó de ser válido”, destacaron en el informe.
El análisis de Fundación Sol definió que el 90% de los créditos CAE ha sido entregado a tres bancos: Scotiabank, Itaú-CorpBanca y Banco Estado. Además, los bancos Itaú-CorpBanca, Internacional, Santander y Scotiabank han sido los más beneficiados con la recompra y concentran más del 50% de los créditos recomprados. Por otra parte, el BCI ostenta el mayor porcentaje de sobreprecio pagado por el Estado, el que llega a un 55,6%.
Páez recalco que “el 67% de quienes recibieron CAE se concentra en 4 grandes grupos educacionales: Grupo Laureate, Grupo Pontificia Universidad Católica, Grupo Inacap y Grupo Santo Tomás, así como las instituciones investigadas por lucro, donde se encuentran todas aquellas del Grupo Laureate y Santo Tomás. Estos Grupos e instituciones aumentaron su matrícula entre 2006 y 2018 en un 71% y recibieron el 67% de los recursos totales del CAE”.
La implementación del CAE no solo endeudó a más de 870 mil estudiantes, también generó una especie de hoyo sin fondo, un punto sin retorno para miles de jóvenes que hoy se encuentran morosos, por ende, figuran en el boletín comercial, conocido como Dicom. Una realidad que, de acuerdo al estudio de Fundación Sol, se agudiza entre aquellos que desertaron de sus carreras, por lo tanto, no tienen un título profesional y cargan con “una mochila de deudas” que les hace más difícil mejorar su calidad de vida o salir del círculo de la pobreza.
Hasta diciembre de 2018 se registraron 632 mil jóvenes endeudados, con un peak de 727 mil deudores en septiembre de 2018, “periodo donde históricamente se alcanza el mayor número de endeudados cada año”, reza el informe. El 90% de esa deuda corresponde a los estudiantes con CAE, por lo que para los investigadores “en pocas palabras, en Chile, educarse y endeudarse es parte de la misma ecuación”.
En diciembre de 2018, se registraron 466.793 personas pagando el CAE, que incluyen a desertores y titulados. Del total de deudores, 191.998 estudiantes se encuentran morosos, equivalentes al 41,1% de las personas que deberían estar pagando el señalado crédito, una cifra que ha tenido un incremento del 1% respecto al 2017, que corresponde a 50 mil morosos más que la última medición de la fundación.
El problema se agudiza entre los estudiantes que desertaron de sus carreras, ya que en sus casos el 73,1% se encuentra moroso. Respecto de los egresados que actualmente están pagando el CAE, la cifra baja drásticamente a un 31,7 %, lo que equivale a 113.968 personas.
Los mayores niveles de morosidad se concentran en estudiantes de Centros de Formación Técnica (48,3%) e Institutos Profesionales, que llegan al 64,4% del total, mientras que los morosos que estudiaron en universidades alcanzan al 34,2%.
Los investigadores explicaron que, al analizar la morosidad a nivel comunal, en el Gran Santiago se observa una correlación entre morosidad, ingresos y pobreza. “Las 10 comunas que registran mayor tasa de morosidad en el Gran Santiago tienen 60 % más de pobreza multidimensional, el doble de pobreza por ingresos y un 65 % de los ingresos autónomos del hogar, que las 10 comunas que registran menores tasas de morosidad. Vale decir, a mayor morosidad, mayor pobreza y menores ingresos”, puntualiza el informe.
“En resumen, con la creación y la profundización del CAE, en términos de gobernanza, se privatizó y mercantilizó aún más el sistema de Educación Superior chileno, se estableció un lucrativo nicho de negocio para la banca asistido por el Estado y se implementó un dispositivo de control social y vital sobre el presente y futuro de muchos estudiantes y futuros trabajadores a través de la deuda”, concluyeron los investigadores.
Para Páez, el nuevo crédito propuesto por el Gobierno de Piñera es insuficiente y destacó que no basta con poner el foco en sacar a la banca de la ecuación, sino también en el costo de quitar a los bancos del negocio de los créditos educacionales. “Si bien el CAE va en retirada, se observa aún un gasto relevante por parte del fisco en el proceso de recompra, recarga y garantías a la banca y a las instituciones de educación superior más beneficiadas relacionadas con tan solo 4 grupos educacionales del sector privado. Mientras ambos grupos económicos generan alta rentabilidad y aseguramiento de un negocio a costa del fisco, en el caso de las familias genera un alto costo financiero en endeudamiento y un pesada mochila de morosidad”, afirmó el investigador de Fundación Sol.
Asimismo, enfatizó que “urge una sistema de educación superior público que garantice a la educación como un derecho”, un modelo distinto al propuesto por la ministra de Educación Marcela Cubillos y el subsecretario Raúl Figueroa. Agregó que “lo que está en discusión es más bien un crédito blando, una forma de acceso de crédito barato. Lo central es desmercantilizar la educación y eso pasa por desendeudar a los estudiantes y no solo «abaratar su deuda»”.
