PAÍS
La mesa directiva del socialismo es hoy el foco de todas las críticas en la colectividad, por no hacer nada realmente desde octubre de 2017, cuando el senador por El Maule ya era timonel y el escándalo de San Ramón dejó de ser solo un tema entre la militancia y se hizo público con el primer reportaje de televisión. Tras las nuevas denuncias del lunes en la noche –acarreo de votantes, personas inscritas en un inmueble allanado en dos ocasiones por narcotráfico, candidatos con infracciones a la Ley de Armas y Drogas y la participación de militantes expulsados en las internas del 26 de mayo–, llueven los cuestionamientos a la mala conducción política del presidente del partido ante este problema. Las huestes socialistas están reviviendo lo sucedido hace un año y ocho meses, con un antecedente extra: el poder del alcalde Miguel Ángel Aguilera se duplicó internamente y las sospechas de las narcorredes van más allá de San Ramón, que sería solo la punta del iceberg.
Otra vez lo mismo. Nuevamente el PS cayó en una crisis política por las narcorredes y el clientelismo imperante en la comuna de San Ramón. Un año y ocho meses ha pasado desde la primera denuncia pública que se hizo sobre esta situación, pasó casi toda la administración de la actual directiva de Álvaro Elizalde, un sinfín de cuestionamientos internos advirtiendo del peligroso síndrome del “partido-ficha” que cayeron en un saco roto e, incluso, una polémica elección interna, pero poco y nada sucedió para solucionar de raíz el problema de fondo que hoy tiene al Partido Socialista, de nuevo, rasgando vestiduras.
Un segundo reportaje de Canal 13 la noche del lunes evidenció las narcorredes y cómo estas operaron en la última elección interna del 26 de mayo. Develó, además, el acarreo de votantes, personas inscritas en un inmueble allanado en dos ocasiones por narcotráfico, candidatos con infracciones a la Ley de Armas y Drogas y la participación de militantes expulsados en dichos comicios.
El diputado socialista Juan Luis Castro dijo ayer que “nunca antes habíamos estado en una situación tan deplorable, bochornosa y, sobre todo, cuando hay elementos que están vinculados al narcotráfico en Chile. Esto no se había visto antes, menos en el Partido Socialista, en su historia. No se sopesó todo lo grave y el daño”. No solo eso: “Aguilera fue expulsado hace un año y medio, y poco y nada se hizo por parte de la directiva, para intervenir, depurar y ordenar el foco que estaba allí instalado y que sigue vivito y coleando, porque logró duplicar su presencia en el Partido Socialista. En vez de ser acotado y erradicado, creció al doble de lo que estaba hace dos años, lo que es muy grave”, reclamó.
Precisamente la directiva de Elizalde es el foco de las críticas hoy en el PS, por no hacer nada realmente desde octubre de 2017 cuando ya era timonel y el escándalo de San Ramón dejó de ser solo un tema entre socialistas y se hizo público con el primer reportaje de Televisión Nacional. Pero también en estas horas se le ha fustigado internamente por el mal manejo que ha mostrado ante esta situación.
En el PS sabían que dicho reportaje venía. Elizalde no quiso responder en pantalla, solo lo hizo el secretario general del partido, Andrés Santander, conocido por su vínculo, precisamente, con la polémica comuna y su cuestionado alcalde, Miguel Ángel Aguilera, principal figura de este clientelismo. Su performance en pantalla fue duramente fustigada ayer en el PS, porque Santander no solo trató en todo momento en bajar el perfil al problema, sino que –acusaron transversalmente en el socialismo– lo relativizó y hasta lo justificó.
[cita tipo=»destaque»]El diputado PS Jaime Naranjo dijo ayer que a Santander “le faltó más firmeza, más claridad (…). Lamentablemente en San Ramón existe un botín de votos interesantes y relevante, frente a esa realidad algunos no quieren entrar en conflicto”. No es el único que piensa así. De hecho, durante la jornada de ayer se comenzó a instalar la idea en el PS de que Santander no debería seguir como secretario general del partido en el próximo periodo. Según parlamentarios y altos dirigentes socialistas, las respuestas que ha dado a este problema han sido “vagas e insuficientes” y puntualizan que esa ambigüedad ya la dejó de manifiesto al no rechazar los actos cometidos por el entorno de Aguilera, con lo que instaló la sensación de que el partido está “desprotegido y a merced del narcotráfico”.[/cita]
Ayer fue comentario obligado en el partido que horas antes que el reportaje saliera al aire, Santander y Elizalde estaban más preocupados de la “filtración de información” a la prensa que del problema real que implica tener infiltradas narcorredes en las huestes del socialismo. Fuentes del PS afirmaron que el secretario general llegó al punto de sentenciar, en esa cita, que el problema del partido no era el narcotráfico, sino que “ya no había militantes como antes, ahora filtran las cosas”.
El diputado PS Jaime Naranjo dijo ayer que a Santander “le faltó más firmeza, más claridad (…). Lamentablemente en San Ramón existe un botín de votos interesantes y relevante, frente a esa realidad algunos no quieren entrar en conflicto”. No es el único que piensa así. De hecho, durante la jornada de ayer se comenzó a instalar la idea en el PS de que Santander no debería seguir como secretario general del partido en el próximo periodo. Según parlamentarios y altos dirigentes socialistas, las respuestas que ha dado a este problema han sido “vagas e insuficientes” y puntualizan que esa ambigüedad ya la dejó de manifiesto al no rechazar los actos cometidos por el entorno de Aguilera, con lo que instaló la sensación de que el partido está “desprotegido y a merced del narcotráfico”.
Elizalde tampoco zafó a los cuestionamientos por mala conducción del problema. Tras horas de silencio, ayer en la mañana la mesa nacional del PS sacó un escueto comunicado donde solicitó al Tribunal Supremo de la colectividad «que se pronuncie de oficio sobre eventuales irregularidades acaecidas el día de la elección partidaria en la comuna de San Ramón». Después el timonel habló en Valparaíso, se defendió y dijo que “cuando se produjo este escándalo, nosotros no dudamos en adoptar todas las medidas necesarias. Reitero, presentamos una querella criminal, remitimos los antecedentes al Tribunal Supremo e hicimos una presentación ante la Contraloría”.
Pero las palabras de Elizalde no convencieron a nadie. Ni siquiera a los parlamentarios que lo apoyaron en la última interna.
En el Congreso explicaron que en las bancadas parlamentarias se hizo una crítica transversal al mal manejo que ha tenido la directiva de este tema, especialmente las últimas 24 horas, y se puso el foco en que es la mesa nacional la responsable de la organización de los comicios internos, por ende, de haber permitido que los hechos de San Ramón se llevaran a cabo sin mediar sanción.
Puntualmente, los diputados se reunieron ayer por un par de horas a analizar el tema. En dicha cita –explicaron– hubo una dura y transversal crítica al manejo de la directiva y la «nula conducción política» de este problema, junto con considerar que la declaración oficial de la mesa era “insuficiente y una vergüenza”. Por eso, sacaron un comunicado en el que, más allá de los lugares comunes de condenar los “graves hechos” denunciados que dañan la reputación del partido, propusieron “iniciar una auditoría a la totalidad del padrón nacional del Partido Socialista”, junto con la solicitud de “anular, con efecto inmediato, las elecciones realizadas y sus efectos en la comuna de San Ramón y, en consecuencia, suspender la realización de nuevas votaciones en esta comuna hasta terminar el proceso de auditoría” y, además, propusieron que “el Servicio Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere la nueva Ley de Partidos Políticos, colabore activamente en este proceso de transparencia que debe iniciar nuestro partido”.
Por último, emplazaron a la directiva de Elizalde a “denunciar estos hechos ante el Ministerio Público para que inicie una investigación conducente a esclarecer los hechos denunciados, a determinar las responsabilidades y perseguir la aplicación de las sanciones que corresponda según la ley, en particular aquellos hechos vinculados con el narcotráfico”.
Es cierto que el síndrome de San Ramón no se generó en los últimos dos años ni el cuestionado alcalde Aguilera es un aparecido en el PS. Al contrario, ayer no pocos en la colectividad recordaron que “la criatura” –entiéndase el jefe comunal y su bolsón de votos clientelares– tiene varios «padres» en el transcurso de los años: el primero y principal, José Miguel Insulza, luego la administración de Osvaldo Andrade, que nunca midió el problema en su real magnitud, y ahora Elizalde, que no le puso atajo.
El diputado Naranjo describió el poder de Aguilera como “una bomba de racimo” que se expandió debido a que las instancias partidarias fallaron: “Aguilera no era la única manzana podrida que quedaba en el PS, fallaron los organismos de control del partido, de auditoría en esa comuna, el bastión más grande, y fallamos nosotros, las autoridades y las instituciones del partido”.
Lo que más molesta en las huestes del PS, de hecho, es que la cúpula partidista ha mirado para el techo y eso permitió el avance que ha tenido el sector de Aguilera al interior de la tienda. Se calcula que el “aguilerismo” contará con 16 escaños en el nuevo Comité Central del PS y que los resultados obtenidos por Mónica Aguilera, su hermana, la tienen ad portas de asumir como la nueva vicepresidenta de la mujer del socialismo.
Y es que la fuerza de San Ramón se habría expandido a lo largo de todo el país y sus operadores habrían logrado cooptar varias cuotas de poder al interior del partido. Así lo denuncian desde la Región de O’Higgins, uno de los territorios estratégicos para el PS, que es liderado por el senador Juan Pablo Letelier.
Su lista para disputar el Comité Central estaba compuesta por dos militantes socialistas ligados a la comuna de San Ramón, los hermanos Rodrigo y Alejandra Salinas. Además, la directiva de Rancagua incluyó al abogado Walter Droguett Pino, estrecho colaborador de Aguilera.
Cabe recordar que la lista del senador Letelier ganó, luego que la lista opositora de consenso entre varios sectores se bajara de la carrera interna, tras denunciar una serie de irregularidades que terminaron con la impugnación de algunos de sus candidatos. Los reclamos, presentados por la lista de consenso, fueron desechados por el Tribunal Supremo.
Rodrigo Salinas Gutiérrez fue parte del Comité Central del PS entre 2017 y 2019, según aparece en la página web del partido. Es un reconocido militante de la Región de O’Higgins y, al mismo tiempo, desde –al menos– el 2016, es funcionario a contrata de la Dideco de la Municipalidad de San Ramón. Se desempeña como “coordinador financiero de programas sociales” y registra un sueldo de $1.422.719 en el mes de mayo de 2019, pero los meses anteriores era de $880 mil en promedio. En las últimas elecciones, integró el Comité Central junto a su hermana, Alejandra Salinas.
Droguett Pino, en tanto, se desempeña como funcionario de planta en el municipio de San Ramón. Según militantes de la región, el abogado es parte de la directiva de Rancagua y es uno de los hombres de confianza de Aguilera. En la página de Transparencia de la municipalidad aparece como director jurídico de esta, con un sueldo de $5.758.709.
Su nombre apareció entre las contrataciones cuestionadas por la Contraloría General de la República, en su informe final de octubre de 2018. Tas la emisión del primer reportaje de Canal 13 en octubre de 2017, el Concejo Municipal de San Ramón aprobó un aumento de presupuesto para contratar a un abogado para que representara al municipio ante una causa penal abierta por el Ministerio Público, “a pesar de que las personas jurídicas no responden desde el punto de vista penal”, detalló el órgano contralor.
El 30 de octubre de 2017, el Concejo Municipal aprobó, por unanimidad, la suma de $10.400.000 para el ítem “otras remuneraciones”, dirigido a la dirección jurídica del municipio para la “defensa penal en el contexto de la denuncia por presunta intromisión de narcotráfico en sus actividades”. Dicha contratación correspondió a Droguett, quien en 2018 asumió en calidad de titular la Dirección Jurídica de la Municipalidad de San Ramón.
La municipalidad justificó que su contratación se debió a la falta de personal en dicha división y que la cita correspondiente al “narcotráfico” era solo a modo de contexto. Hecho que resultó insatisfactorio para la Contraloría, por lo que mantuvo la observación a su contratación.
“Esto va más allá de San Ramón”, advirtió el diputado Castro, quien reiteró que es necesario evaluar la anulación de las elecciones nacionales, ya que no hay conciencia de cuántos funcionarios de municipios han sido elegidos en otras regiones. “El nivel de llegada de gente de San Ramón o que las han acarreado a cambio de promesas de casas o cuotas de poder de manera ilícita dentro del Partido Socialista, es muy grave”, recalcó.
Es más, las versiones en el PS hablan de sospechas en otras comunas, como San Bernardo, Chimbarongo, Lo Espejo, La Pintana, Alto Hospicio y Copiapó. Anular la elección en San Ramón es un paso, pero lo que realmente necesita el PS es una revisión exhaustiva a todo el padrón socialista, especialmente –explicaron varias fuentes de la colectividad– a todas esas zonas y comunas donde hubo un crecimiento exagerado y sobre la media en el proceso de refichaje del 2017.
Según un ex integrante del Comité Central del PS, la situación de O’Higgins se repite en otras regiones y comunas, “son varios los que trabajan para Aguilera y ganaron las actuales elecciones locales”, consignó. La forma de operar recaería en el denominado “acarreo” de militantes o vecinos de la comuna, que se han inscrito en otros territorios “a cambio de crear Comités de Vivienda o beneficios por el estilo”.
