La cuestionada consulta indígena del Gobierno fue el tema central de un nuevo episodio de La Semana Política. La directora del Centro de DDHH de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, y el presidente del Instituto de Desarrolo y Liderazgo Indígena, Diego Ancalao, analizaron con el director ejecutivo de El Mostrador, Federico Joannon, y el editor periodístico, Héctor Cossio, el controvertido proceso. De acuerdo a la académica, «lo que el Gobierno está colocando a deliberación por medio de un proceso de consulta, vulnera en todos los aspectos el Convenio 169, porque no emana de la voluntad de los pueblos indígenas, y porque impone las lógicas neoliberales en el régimen de propiedad de las tierras indígenas». Mientras, Ancalao dejó en claro que esta consulta es un retroceso, porque solo busca la privatización de las tierras indígenas. “No es una consulta, es una encuesta en la cual hay una pregunta: ‘¿usted quiere la tierra o quiere plata?’”, apuntó el analista.
En un nuevo capítulo de La Semana Política de El Mostrador, el director ejecutivo Federico Joannon y el editor periodístico Héctor Cossio debatieron con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Nancy Yáñez, y el presidente del Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, Diego Ancalao, sobre la controvertida consulta indígena implementada por el Gobierno de Sebastián Piñera, la cual -de acuerdo al análisis- vulnera importantes puntos del Convenio 169, imponiendo «lógicas neoliberales» en el régimen de propiedad de tierras indígenas, por lo que ha provocado resistencia en varios puntos del país.
Respecto a la iniciativa, Yáñez explicó que «lo que se está consultando tiene que ver específicamente sobre el régimen de tierras indígenas», lo cual es contraproducente, considerando que «cuando se habla de derechos de los pueblos indígenas es el reconocimiento de los derechos sobre la tierra».
«Lo que ha hecho el derecho internacional de los Derechos Humanos es reconocer que los indígenas tienen una particular relación con sus tierras, por lo tanto, eso se expresa en una forma de propiedad distinta a la propiedad privada y que en la práctica significa que es una propiedad comunitaria, que las tierras no están en el comercio porque no son un bien de consumo, son una parte fundamental de la identidad indígena, por lo tanto, sí configuran una identidad étnica», explicó la académica.
En esta línea, Yáñez explicó que la consulta afecta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). «Este es un instrumento de Derechos Humanos que constituye límite a la soberanía del Estado, de modo tal que no se pueden adoptar normas legales ni medidas administrativas que vulneren los derechos ahí consagrados», sostuvo.
«En el Convenio 169 está reconocida la especial relación de los pueblos indígenas con su tierra y las dimensiones colectivas de esa propiedad, protegiendo la propiedad indígena de acuerdo con el sistema de vida y costumbre propia de los pueblos indígenas», agregó.
De acuerdo a esto, Yáñez indicó que «lo que el Gobierno está colocando a deliberación por medio de un proceso de consulta, vulnera en todos los aspectos al Convenio 169, porque no emana de la voluntad de los pueblos indígenas, y porque impone las lógicas neoliberales en el régimen de propiedad de las tierras indígenas».
Además, añadió Yáñez, «la consulta tiene un problema de si es vinculante o no es vinculante».
«El artículo cuarto del Convenio 169 determina que cuando el Estado quiere proponer medidas que supuestamente van en beneficio de los pueblos indígenas y que involucran sus bienes, el Convenio 169 impone el consentimiento libre e informado. Es decir, esta consulta debiera ser vinculante por la naturaleza de las medidas que se están consultando», detalló.
En este contexto, al ser consultado sobre si considera que esta iniciativa del Ejecutivo es un retroceso, Ancalao sostuvo que «claramente lo es, por lo menos por tres motivos».
«El primero es que, al modificar el artículo 13 que protege los derechos territoriales indígenas, estaríamos volviendo a lo que ocurrió en Chile en 1927, cuando se llevaron las leyes de la subdivisión predial, donde se nombraba a un particular y ese particular podía comprar las tierras. Se dividieron los Títulos de Merced hasta 1973. Hasta el 73, los estudios dicen que los Títulos de Merced se dividieron en 600 comunidades mapuches, todas ellas se mantuvieron en la pobreza y lo que tomo como conclusión es que un tercio de los títulos de las propiedades de los Títulos de Merced, hasta el día de hoy, está en manos de empresarios agrícolas», explicó.
«Segundo, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en cuatro países de América Latina, en el cual se aplicaron políticas de privatización de tierras indígenas y las conclusiones de este estudio acreditan que a todas las comunidades indígenas se les dividió su territorio para que puedan hipotecar y hacer negocios privados. Esta teoría está completamente fracasada, ya que a estos cuatros países que se les aplicó la política que el Estado de Chile quiere aplicar aquí, fracasó. Las comunidades están en pobreza y lo único que logró la división de estas tierras fue es que se creara un nuevo mercado de corretaje de propiedades indígenas, que es lo que se busca en Chile», apuntó.
«Esta política que esta consulta quiere implementar, es absolutamente mentirosa. Lo que en el fondo está detrás de esto es que el Estado quiere flexibilizar la Ley Indígena y quiere modificar los pocos artículos de protección territorial con la excusa de que esto va a permitir que la persona tenga un título que le permita acceder a una casa», indicó Ancalao.
«Esto se hace porque, al modificar el artículo 13 , se pueden modificar las tierras, se pueden arrendar las tierras por particulares no indígenas. Al aplicar esta modificación, quiere decir que se le puede arrendar las tierras a un empresario no indígena a 25 años, entonces, lo que está detrás de esto es una política que en Chile ha fracasado, que es una política de privatizar las tierras indígenas para que los empresarios pongan recursos económicos para explotar esas tierras y así ellos dicen que se va a desarrollar el pueblo mapuche», recalcó.
Nancy Yáñez abordó de lo que trata esta polémica iniciativa del Gobierno, explicando que «lo que se está consultando son 11 medidas que tienen que ver con el régimen de tierras y los que establecen la posibilidad de subdividir las tierras comunitarias en la medida de que lo solicite el 50% más 1 de las comunidades indígenas, cuestión que en el caso de la Ley Indígena, estaba reservada exclusivamente para los Títulos de Merced que no se habían subdividido y que eran solamente 8 y que estaban reservados fundamentalmente para los herederos del Títulos de Merced».
«Lo que busca es que las tierras que se habían entregado en comunidad desde que se comenzó a aplicar la Ley Indígena, desde el año 93 hasta la fecha, también puedan ser subdivididas. Se busca que se libere la prohibición de subdividir por menos de tres hectáreas, por lo tanto, permite la subdivisión de tierras rurales hasta 5 mil metros, permite fragmentar la tierra, dejarla en manos individuales, asumiendo que el propietario individual tiene mayor autonomía de la voluntad para poder definir el destino de sus tierras. En esa lógica instala la posibilidad de que las tierras puedan ser entregadas a terceros por medio de la modalidad del arriendo», detalló.
¿Qué es lo que busca el pueblo mapuche?, ¿que se pare la consulta indígena?, ¿que se reformulen las preguntas?, planteó Héctor Cossio.
«Ninguna de las preguntas de la consulta habla de fortalecer la Ley Indígena. Cuando vas a hacer una consulta, tiene que ser para que los pueblos indígenas de Chile tengan más derechos que aún no son reconocidos. Esta consulta es para los pocos derechos consagrados, como el derecho territorial, es para que eso se flexibilice, por lo tanto, es natural que los pueblos indígenas rechacen la consulta porque atenta contra los pocos derechos que se han ganado en muchos años de movilidad social, reclamaciones y muertes», respondió Ancalao.
«No existen las confianzas para que pueda continuar este proceso, no se puede reformular este proceso, lo que se tiene que hacer es una consulta de acuerdo a lo que los pueblos indígenas han pedido, que es fortalecer los derechos territoriales, autonomía territorial, derechos colectivos en el ámbito político, cultural y lingüístico. Una consulta de ese nivel tomaría la demanda indígena, pero esta consulta del Gobierno no es una consulta, es una encuesta en la cual hay una pregunta, como ‘¿usted quiere la tierra o quiere plata?’. Eso es peligroso, porque esta protección de las tierras indígenas se hizo para proteger al indígena», precisó.
Ancalao explicó que el problema de fondo «es que el artículo 3 del Decreto 66, que es el que rige la consulta, dice que se hace la consulta para buscar consenso. Pero si no lo hay, entonces prima la voluntad, en este caso, del Gobierno. Por eso es que no es vinculante, porque debiera ser que, si no hay consenso, entonces no se aplica la iniciativa».
Por su lado, Nancy Yáñez sostuvo que «la regulación de la consulta se ha hecho de modo en que ha rebajado los estándares del Convenio 169 para aumentar la capacidad de discrecionalidad del Estado de imponer sus decisiones».
Por eso, aprovechó de hacer un llamado a que «el Estado no prospere en esto». «Esto es inconstitucional, se están alterando las bases fundamentales del Estado de Derecho y está, una vez más, socavando las relaciones interculturales y la representación política de los pueblos indígenas», aseveró.
Respecto a las tierras adquiridas por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien le compró a la viuda de un mapuche unos terrenos en Pucón, la académica aseguró que ese hecho «es ilegal».
«Aquí se aplica el régimen de protección que establece la Ley Indígena, en el sentido de que la acción de nulidad es imprescriptible y puede ser ejercida por todo el que tenga interés en ello», cerró.
