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La diligencia está enmarcada en una investigación relacionada con el proyecto de continuidad operacional de la faena minera Atacama Kozan, una compañía minera formada por la empresa japonesa Nittetsu Mining Co. y el grupo Errázuriz. La investigación apunta a develar la actuación de la DGA en este caso y el giro dado por el ente público respecto al proyecto. En la trama aparece el nombre de Francisco Sánchez, exejecutivo de la minera e intendente de la región al momento de que la DGA le dio luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental de la compañía.
Pasado el mediodía, 5 funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaron hasta las dependencias de la Dirección General de Aguas (DGA) en el edificio del ministerio de Obras Públicas (MOP), en Morandé 59.
En el lugar incautaron computadores de altos funcionarios de la entidad que tiene como tarea la “gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente”, según reza en su misión.
Además, una vez terminada la diligencia, los funcionarios se retiraron hasta el edificio de la PDI con el jefe de la División Legal de la repartición, Luis Ulloa, para tomarle declaración.
La diligencia está enmarcada en una investigación por prevaricación administrativa y eventualmente tráfico de influencias relacionada con el proyecto de continuidad operacional de la faena minera Atacama Kozan, una compañía minera formada por la empresa japonesa Nittetsu Mining Co. y el grupo Errázuriz.
La investigación apunta a develar la actuación de la DGA en este caso y el giro dado por el ente público respecto a la tramitación ambiental del proyecto.
En efecto, un oficio del 17 de enero de 2018 que lleva la firma de Rodrigo Saéz Gutiérrez, entonces director subrogante de la DGA Atacama, indica que la vía de ingreso del proyecto al sistema de evaluación “debe ser necesariamente un Estudio de Impacto Ambiental” y no una simple Declaración de Impacto Ambiental, como pretendía la empresa (Revise el oficio acá)
Esto, dada la afectación del acuífero Copiapó, vale decir las aguas subterráneas que también son utilizadas para consumo humano y labores agrícolas en dicho territorio. La empresa, en ese entonces, era representada por Francisco Sánchez, subgerente general entre los años 2010 al 2018 de la compañía.
El punto es que con fecha 28 de agosto de 2018, la DGA Atacama dio un vuelco y ahora en otro oficio bajo la firma de Macarena Andrea Fernández Leiva, directora regional de la entidad, se manifestaba “conforme” con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Atacama Kozan.
Lo extraño, según los conocedores del proceso es que en el mismo oficio se encomienda a la empresa a dar cumplimiento a una serie de medidas de mitigación de impactos, un procedimiento que no calza con lo exigido cuando se trata de una DIA (pero sí con un Estudio de Impacto Ambiental). Para esa fecha, Francisco Sánchez, el exejecutivo de la minera, ocupaba el cargo de intendente de Atacama, puesto en el que se desempeñó desde julio de ese año hasta su renuncia en febrero de 2019.
Sin embargo, en otra arista del caso es que Sánchez además enfrenta una querella criminal por el delito de estafa y otras defraudaciones. Esta fue interpuesta por Atacama Kozan con fecha 20 de marzo del 2019, y va dirigida también contra Rodrigo Albornoz Encalada, otro exsubgerente de la minera. La compañía acusa a ambos de haberlos defraudado a través del pago de sobreprecios a proveedores, un tema que ha encendido las alertas en Atacama.
