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Crédito: Agencia UNO
La investigación solicitada por el fiscal con designación preferente para el caso Sename, Marcos Emilfork Konow, arrojó además que en el 50% del total de los centros indagados durante parte del 2017, se registraron vulneraciones de índole sexual. Las cifras se mantuvieron escondidas desde diciembre de 2018, fecha en la que el equipo de tarea de la Policía de Investigaciones entregó las conclusiones de casi un año de pesquisas.
La muerte de la pequeña Lissette Villa Poblete, el 11 de abril de 2016, en el CREAD Galvarino en Santiago, remeció por completo al país y develó la realidad de los niños y jóvenes cuyas vidas quedan bajo el cuidado del Estado, en los centros del Sename. La incongruencia de las cifras respecto a los niños y las niñas que han fallecido en los centros, que alcanzan los 1.313 durante diez años, llevó a que el fiscal con designación preferente para el caso Sename, Marcos Emilfork Konow, solicitara a la Policía de Investigaciones (PDI) la realización de un informe sobre la condición de los niños y las niñas en el Sename.
La PDI creó un equipo de tarea especial para recabar información, liderado por el comisario Francisco Ceballos Espinoza, subdirector del Instituto de Criminología, el que emitió un duro informe en diciembre de 2018, documento que, según el ministro de Justicia Hernán Larraín, nunca llegó a sus manos ni a la cartera.
El estudio comprende 240 centros residenciales dependientes del Sename: 29 de ellos corresponden a centros de Administración Directa de Sename (12%), mientras que 212 pertenecen a Instituciones Colaboradoras (88%).
Considerando el total de instituciones, el documento establece que durante parte del 2017 se registraron “2.071 hechos constitutivos de vulneración hacia los residentes de los centros del país, de ellos, 432 corresponden a maltratos por parte de adultos”. Esto corresponde al 88,3% de las residencias, y en el 58,3% de los centros, y las situaciones de maltrato fueron imputadas a los mismos trabajadores encargados del cuidado de los residentes. No solo eso: además, en el 50% del total de los centros estudiados (120) se han registrado actos de violencia de índole sexual.
En el caso de los centros dependientes del Estado (Cread), los datos son lapidarios porque, de acuerdo a la información recabada por la PDI, en el 100% de ellos “se ha vulnerado gravemente, y de manera sistemática, los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que han estado bajo la tutela del Estado”. Además, “en el 100% de los CREAD se han registrado vulneraciones graves de derechos contra las NNA por parte de los propios funcionarios de los centros”.
El informe realizado por la policía establece que hay 107 residencias que no cuentan con “protocolos mínimos exigidos por Sename para el funcionamiento residencial (44,5%)”, y el 72,1% (173) no cuenta con protocolos de fallecimiento para los niños y las niñas de los centros.
Respecto a las condiciones de salud en las que se encuentran los y las menores, el informe de la Policía de Investigaciones establece que “1.358 residentes presentan algún grado de discapacidad y 659 corresponden a residentes que habitan en centros de protección para lactantes”. El 85,8% de los centros (206 de 240) mantiene residentes con patología psiquiátricas diagnosticadas.
En sus conclusiones, el informe de la PDI determinó que “se ha normalizado un funcionamiento estructural y práctico defectuoso que pudiese propender a la instalación de escenarios altamente riesgosos, tanto para la integridad de los niños, niñas y adolescentes como para el aseguramiento de un contexto adecuado para su desarrollo, sobre todo, ante el alto porcentaje de centros donde existe registro de hechos constitutivos de vulneración a los derechos de los NNA”.
Finalmente, sugiere la conformación de una instancia técnica de carácter independiente que pueda investigar, sin acordar aviso previo, a los centros del Sename.
El diputado René Saffirio acusó al ministro de Justicia Hernán Larraín y al Fiscal Nacional Jorge Abbott, de ocultar la información. Según consignó el parlamentario, ambas autoridades «habrían guardado el revelador documento por un año, sin que se haya hecho nada al respecto».
El ministro de Justicia reconoció que tuvo “conocimiento de que se estaba efectuando el estudio”, pero “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no ha recibido ningún informe de la PDI que dé cuenta de una investigación que se está haciendo en los centros Sename”, sentenció.
