PAÍS
Crédito: http://www.uss.cl
La Casa de Bello interpuso una demanda que busca una declaración de ilegalidad y nulidad de Derecho Público por las construcciones de Desarrollo Inmobiliario Bellavista en el eje Bellavista, Dardignac, Ernesto Pinto Lagarrigue y Pío Nono. Se trata de un nuevo capítulo de una larga disputa judicial donde se repiten palabras como urbanismo, corrupción, lucro y patrimonio, y se han cruzado distintos actores, como la Municipalidad de Recoleta y varios nombres ligados al gremialismo. La Universidad San Sebastián está vinculada a la inmobiliaria cuestionada.
«Aquí quien está estafando es la inmobiliaria, que está metida en uno de los casos de megacorrupción más grandes de este país”. Esas son las tajantes palabras del alcalde Daniel Jadue contra la inmobiliaria Desarrollo Armónico Bellavista y que son parte de un caso que tiene múltiples flancos que no solo han marcado a las anteriores autoridades de la comuna de Recoleta, sino también a un grupo de propietarios de departamentos, a la Universidad San Sebastián y a la Universidad de Chile. Una trama que de trasfondo tiene varios nombres ligados a la UDI.
La polémica se remonta al año 2007, cuando la empresa comenzó a estructurar un proyecto que terminó convertido en uno de los casos judiciales más controverstidos que han afectado a la comuna, no solo por lo largo del proceso –más de 10 años– sino sobre todo por las acusaciones de corrupción que existen en torno al proyecto inmobiliario.
El conflicto comenzó cuando, entre los años 2007 y 2012, la Municipalidad de Recoleta –que en ese tiempo fue comandada por los UDI Gonzalo Cornejo, primero, y luego por Sol Letelier– otorgó permisos de edificación al «Conjunto Armónico Bellavista», con los que se aprobó la construcción de tres torres de 19 pisos, más un edificio en la Universidad San Sebastián, en pleno barrio histórico de la comuna, vulnerando con ello el plan regulador que solo permite 9 pisos de construcción como máximo.
A pesar de haber sido un proyecto realizado en las gestiones municipales gremialistas, el problema lo heredó Jadue (PC), quien ha mantenido una pugna por años con la inmobiliaria. En conversación con Radio Agricultura, el alcalde comunista acusó que la mencionada compañía construyó «a la mala» estos edificios y que obtuvo los permisos de edificación «de manera irregular».
La disputa jurídica comenzó en junio de 2014, cuando Jadue decretó la demolición parcial de una de las torres bajo el argumento de que no se estaba respetando el plan regulador. El caso llegó a la Corte Suprema en el 2017, que dejó sin efecto la medida del municipio.
[cita tipo=»destaque»]Pero lo cierto es que la inmobiliaria acusada de corrupción por el alcalde Jadue sigue conectada con esta universidad privada en términos de propiedad. El esquema es complejo: en Desarrollo Armónico Bellavista aparecen como propietarios dos personas jurídicas, Inmobiliaria del Inca e Inversiones Banbella. Dentro de esta última aparecen 4 socios y uno de ellos es Laguna Blanca SPA. Dentro de Laguna Blanca figuran como socios –entre otros– Participaciones Minoritarias USS Spa (RUT 76.199.152-3) y Universidad San Sebastián (RUT 71.631.900-8).[/cita]
En otra arista, el conflicto también fue abordado por la Corte de Apelaciones de Santiago, la que en octubre de 2018 falló a favor de la empresa Desarrollo Armónico Bellavista, ante un reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de Jadue y el director de obras municipal, Alfredo Parra, quienes fueron acusados por “omisión ilegal en la entrega de uno de los edificios”. El municipio debió indemnizar a la inmobiliaria por daños y perjuicios.
En aquel momento, el jefe comunal de Recoleta alegó que los permisos obtenidos durante la administración de Sol Lelelier habían caducado, por lo que no había posibilidad de que se siguiera con el proceso de construcción del edificio.
La guerra entre la inmobiliaria y la municipalidad se acentuó aún más, cuando la firma nuevamente recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para realizar una presentación por desacato en contra de Jadue, al decidir allanarse a la demanda civil interpuesta por la Universidad de Chile en contra de la inmobiliaria. Finalmente, el tribunal de alzada dejó sin efecto el requerimiento por considerar que no existía transgresión ni desacato a la orden de no innovar, puesto que la demanda recae sobre actos administrativos distintos.
El recurso de la Universidad de Chile, firmado por el rector Ennio Vivaldi y el decano de la Facultad de Derecho Pablo Ruiz-Tagle, además de funcionarios de la Casa de Bello, fue ingresado al 23° Juzgado Civil de Santiago y corresponde a la causa Rol C11491-2019. En la demanda, que busca una declaración de ilegalidad y nulidad de Derecho Público, la institución acusó que el proyecto «vulnera las normas de protección patrimonial, afectando a edificios históricos. El edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, patrimonialmente reconocido y protegido, ícono del Barrio Bellavista es, probablemente, el más damnificado con la construcción de un proyecto inmobiliario que, simplemente, no respetó y despreció la escala de barrio».
“Esta conducta ilícita, ha causado un irreversible daño al barrio y sus residentes, provocando una sobrepoblación irracional y la destrucción de un área patrimonial con características únicas”, reza la demanda.
Sobre la base de estos argumentos, la Universidad de Chile pidió anular los permisos de edificación y demoler los pisos que exceden la altura legal. El caso involucra directamente a la Universidad San Sebastián (USS) en la manzana delimitada por las calles Bellavista, Dardignac, Ernesto Pinto Lagarrigue y Pío Nono, donde la USS construyó un centro de extensión mediante la inmobiliaria implicada.
El recurso de la Casa de Bello indicó que la sede de la USS tendría 9,4 metros de altura que superan el límite. El Mostrador consultó al plantel privado de educación para conocer su versión, pero señalaron que no se referirán al caso, porque no involucra a la institución, sino a la inmobiliaria.
Pero lo cierto es que la inmobiliaria acusada de corrupción por el alcalde Jadue sigue conectada con esta universidad privada en términos de propiedad. El esquema es complejo: en Desarrollo Armónico Bellavista aparecen como propietarios dos personas jurídicas, Inmobiliaria del Inca e Inversiones Banbella. Dentro de esta última aparecen 4 socios y uno de ellos es Laguna Blanca SPA. Dentro de Laguna Blanca figuran como socios –entre otros– Participaciones Minoritarias USS Spa (RUT 76.199.152-3) y Universidad San Sebastián (RUT 71.631.900-8).
En la disputa legal con la Universidad de Chile, la inmobiliaria es representada por Christián Espejo, el histórico abogado UDI defensor del exalcalde de Providencia Cristián Labbé, en sus causas de violaciones de los Derechos Humanos. Espejo fue –sin suerte– candidato a diputado por el gremialismo en las últimas parlamentarias y sigue activo en la política partidista.
En mayo, el abogado fue hasta la Contraloría con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, para ingresar un requerimiento de fiscalización contra la Municipalidad de Recoleta por las platas de la subvención escolar. “Es el abogado que defiende los permisos irregulares con lo que se han construido edificios en nuestra comuna”, acusó el alcalde comunista, apuntando al trabajo de Espejo para la Inmobiliaria Desarrollo Armónico Bellavista.
Los nombres UDI también se repiten demasiado en la Universidad San Sebastián. Descrita en una saga de reportajes de Ciper como un ejemplo de cómo opera el lucro en la educación superior, el hombre fuerte del plantel es Luis Cordero Barrera, íntimo amigo de Jaime Guzmán y fundador de Copra S.A., junto a Pablo Longueira y Andrés Chadwick. Cordero es amo y señor de la USS y, como presidente de la junta directiva del plantel, inauguró, en mayo, el año académico en el Campus Las Tres Pascualas de Concepción. La ceremonia fue encabezada por él y no el rector Carlos Williamson Benaprés, como sería lo tradicional en cualquier institución universitaria.
La USS también es el lugar donde se cobijó Andrés Chadwick una vez terminado el primer Gobierno de Piñera. Allí, el actual ministro del Interior fue director del Centro de Derecho Público y Sociedad (Publicuss). Pero una vez que se reembarcó en la campaña presidencial para el segundo mandato, Chadwick se despidió del plantel, aunque se mantiene “como académico, ad honorem, en Derecho USS”, de acuerdo a lo que informó la propia universidad en sus redes internas.
Pero el conflicto suma otras aristas judiciales. Ante la Corte de Apelaciones de Santiago también recurrieron los propietarios de los departamentos de la torre 2 del Conjunto Inmobiliario Bellavista, quienes reclamaron que llevan más de 6 años esperando habitar las viviendas adquiridas. El grupo es representado por el periodista Jorge Díaz y la actriz Cristina Tocco.
“La inmobiliaria Conjunto Armónico Bellavista presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para que no se diera curso a este decreto de demolición interpuesto por el alcalde Jadue. Y nosotros nos hicimos parte de ese recurso de protección. Somos 20 personas que representamos al total de los compradores que son como 250 personas. Del total de los 250 vecinos afectados, más o menos el 80% pagó el pie y el 20% compró al contado”, explicó Díaz a El Mostrador.
Respecto a esta arremetida en conjunto de la inmobiliaria y los vecinos, el alcalde Jadue indicó que uno no puede comprar una vivienda nueva si no tiene la recepción final de parte de la inmobiliaria (…). Lo que hay es una promesa de compraventa”. Agregó que, en vez de demandar al municipio, los vecinos deberían demandar a la inmobiliaria, porque “los metieron en un forado de un porte de un buque”.
El gerente general de Desarrollo Armónico Bellavista, Francisco Walker, en una carta enviada a El Mercurio, sostuvo que las acusaciones por parte de Jadue son “falsas e infundadas”. “Como inmobiliaria no podemos dejar pasar estas imputaciones de desprestigio que solo se basan en la desinformación”, agregó. Puso el acento en la decisión de la Corte Suprema del 2017, cuando señaló que el decreto de demolición dictado por Jadue “era ilegal e improcedente” y que los rumores sobre supuestas irregularidades en la obtención de permisos “eran meras especulaciones”.
A través de su página web, la inmobiliaria aseguró que la torre 2 “está lista para ser entregada a sus propietarios desde diciembre de 2012, pero la recepción municipal para ser habitada no ha sido otorgada”. Agregaron que “la no recepción del edificio acumula más de 60 meses y fue ocasionada por una persecución arbitraria por parte del alcalde de Recoleta (Jadue) y su director de Obras, Alfredo Parra”.
El gerente es parte del clan Walker Prieto, vale decir, hermano de los exsenadores DC Ignacio y Patricio y del actual ministro de Agricultura Antonio. Este no es el primer proyecto inmobiliario de este arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso en problemas. En 2015 El Mostrador publicó un reportaje sobre el proyecto El Alto en Puchuncaví que amenaza a sitio para la conservación de la biodiversidad en Maitencillo
El conflicto judicial parece no tener fin, más aún conociendo la versión desde el municipio. En conversación con El Mostrador, el abogado de la Municipalidad, Ciro Colombara, sostuvo que “el Conjunto Armónico Bellavista fue construido y pretende seguir siendo construido violando las normas urbanísticas», que por eso se dictó un Decreto de Demolición para sacar lo construido en exceso.
Colombara indicó que la inmobiliaria quiere dejar “sin efecto este decreto a través de un recurso de protección, que en ningún momento ha sido presentado por vecinos y compradores afectados”, sino que “ha habido una estrategia comunicacional de la inmobiliaria haciendo aparecer a las personas a las que les prometieron vender el edificio”.
El abogado agregó que “esas personas deben accionar contra quienes les prometieron vender algo construido ilegalmente y, por lo tanto, su problema no es con la municipalidad, que está intentando simplemente que se respete la ley urbanística. Lo cierto es que el exdirector de Obras Carlos Reyes –quien aprobó los permisos de edificación– fue condenado a más de 4 años de prisión por más de 10 delitos de cohecho, es decir, de corrupción, y uno de esos delitos se refería justamente a una coima pagada por la inmobiliaria”.
El Mostrador intentó contactar a la exalcaldesa de Recoleta Sol Letelier para conocer su versión de los hechos, pero desde su entorno comentaron que no estaba disponible para este tema.
En la inmobiliaria, en tanto, también se lavan las manos. “No existe ejecutivo alguno de nuestra inmobiliaria que haya sido imputado en esa causa, por lo que condenamos cualquier intento por hacer relaciones espurias, que solo nos causan desprestigio”, afirmó Walker Prieto en otra carta enviada a El Mercurio.
Desde la Universidad de Chile, el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Derecho de la institución, Jaime Labra, indicó a El Mostrador que la inmobiliaria “no solo deja pasar las leyes, sino la armonía de un barrio histórico”.
Sin embargo, desde las otras partes en conflicto desestimaron el recurso de la Universidad de Chile. Desde la inmobiliaria consideran que la demanda es “inatingente” y “extemporánea”, porque –según Walker Prieto en una de sus cartas a El Mercurio– se presentó 13 años después.
En tanto, para Díaz se trata de “era una medida más bien romántica”, por el hecho de que la institución educacional reclama solo porque el proyecto “afecta al entorno” del sector.
Pero en la Casa de Bello defienden su recurso. “Como comunidad universitaria estamos generando un proceso en el cual nos estamos involucrando más con el barrio en el que nos desenvolvemos, en este caso, el Barrio Bellavista”, dijo Labra.
“Lo que busca esta demanda, más que cualquier otra cosa, es que se haga justicia. No estamos buscando un elemento en cuanto a dinero o en cuanto a reclusiones civiles. Las grandes empresas, no solamente por el poder económico que tienen, pueden controlar y hacer lo que quieran con la ley”, sentenció.
