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Vásquez fue sancionado por el Pleno de la Corte Suprema por tráfico de influencias y faltas a la probidad. Enfrenta además un cuaderno de remoción en su contra, junto a los ministros Elgueta y el juez Marcelo Albornoz, quien se suicidó el pasado 3 de julio.
Al igual como lo hizo Emilio Elgueta, el otro ministro involucrado en el denominado “Desastre de Rancagua”, el juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua Marcelo Vásquez también optó por la estrategia de recurrir al Tribunal Constitucional para evitar su remoción del Poder Judicial.
Vásquez fue sancionado por el Pleno de la Corte Suprema por tráfico de influencias y faltas a la probidad. La instancia además decidió abrir un cuaderno de remoción en su contra, junto a los ministros Elgueta y el juez Marcelo Albornoz, quien se suicidó el pasado 3 de julio.
La semana pasada, el Pleno de la Corte Suprema ratifica la investigación disciplinaria de la ministra Rosa Maria Maggi, y las sanciones impuestas contra los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, “teniendo en consideración las conductas reñidas con la función judicial que fueron acreditadas, y que se ha traducido en el descrédito institucional y la pérdida de confianza ciudadana en el sistema”. Además, se decretó el sobreseimiento de del juez Albornoz, debido a su fallecimiento.
En su investigación, la ministra Maggi estableció que Vásquez es responsable de irregularidades por haber dictado el nombramiento de su hija como consejera técnico suplente, haber prestado consejo a Luis Arenas Contreras, a sabiendas del incumplimiento de una medida cautelar y por haber modificado – en su calidad de presidente del tribunal de alzada- la integración de una sala de la Corte de Apelaciones sin justificación ni motivo legal.
De acuerdo a lo informado por Radio Cooperativa, en el documento presentado ante el TC, el suspendido Vásquez apunta contra el acta que regula los procesos administrativos y sancionatorios al interior del Poder Judicial, acusando una vulneración al debido proceso, a la igualdad ante la ley y cuestiona que la investigación encabezada por la ministra Rosa María Maggi se utilizaran interceptaciones telefónicas ilegales.
En el caso de Elgueta, el Tribunal Constitucional rechazó suspender el procedimiento, como solicitada su defensa, pero agendó para este miércoles los alegatos de su causa.
