PAÍS
Durante las últimas semanas, sectores del oficialismo han puesto el foco en la actuación del organismo autónomo en el complejo fronterizo de Chacalluta, hasta donde han llegado cientos de ciudadanos venezolanos pidiendo ingresar al país. La arremetida incluye un requerimiento de diputadas RN para remover a la directora Consuelo Contreras y hasta un parte policial falso. Desde el INDH precisan que si bien algunos sectores están cuestionando y “pegándole” por hacer su trabajo, seguirán cumpliendo con su mandato legal.
“Yo cerraría el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, ha sido una de las declaraciones del excandidato presidencial y actual líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Por su parte, la dupla de diputadas de Renovación Nacional, Camila Flores y Paulina Núñez, ingresó un proyecto en la Cámara Baja que debe votarse la próxima semana en la sala para solicitar la remoción de Consuelo Contreras, la directora del organismo, autónomo que, por mandato legal, debe proteger a grupos vulnerables, entre ellos migrantes
Esos señales hacen sospechar una operación desde las filas del oficialismo para debilitar el rol de la institución, que se ha convertido en una de las voces críticas del manejo que ha tenido La Moneda con la crisis migratoria en la frontera norte del país y que afecta a cientos de venezolanos.
Una de las denuncias contra el INDH que han circulado en la prensa -y replicado por el diputado RN Arturo Longton- se refiere a que el 5 de julio pasado un automóvil institucional habría traspasado la frontera para trasladar a un ex militar de la Guardia Nacional Bolivariana que había desertado y que incluso el vehículo no paró en el momento en que la policía uniformada le habría pedido detenerse.
Sin embargo, a una minuta del INDH a la que accedió El Mostrador, refuta de plano esa versión. La infracción de Carabineros por la supuesta negativa del vehículo a detenerse en el complejo fronterizo, fue emitido en el kilómetro 2091 de la Ruta 5 Norte, un minuto después (21:50) de que el chofer del INDH, Paul Palza Contreras, ya había marcado su salida de la oficina de la sede regional (21:49), ubicada a 20 kilómetros del supuesto incidente.
El Mostrador pudo acceder al parte que da cuenta de la infracción y que se hizo llegar al Juzgado de Policía Local de Arica para su tramitación y en éste se consigna que el vehículo institucional del INDH marca Hyundai modelo Tucson patente HRHZ-98, “no se detuvo ante la señal del carabinero de servicio”, identificado como Cabo 1° Javier Soto Flores.
Suponiendo que la infracción policial haya sido cursada en la frontera casi a la misma hora que el control biométrico del conductor del vehículo en la sede regional del INDH, ese tramo es imposible de recorrer en un minuto y así lo corroboran los documentos a los que tuvo acceso El Mostrador (Revise acá el parte policial y la bitácora del conductor del INDH).
En el INDH admiten que funcionarios del organismo se trasladaron en el vehículo institucional a la frontera para fiscalizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, que el 28 de junio, dispuso que la PDI acogiera a tramitación la solicitud de refugio del venezolano y desertor de la Guardia Nacional Bolivariana, a quien se le había negado en dos ocasiones el acceso a la solicitud de la condición de refugiado.
En el vehículo se trasladaban tres funcionarios del INDH y el Notario Público Juan Antonio Retamal Concha, de la 1ª Notaría Pública de Arica, quien actuó como ministro de fe de la solicitud de refugio del ex uniformado. El vehículo y sus cuatro ocupantes no abandonaron el territorio nacional al apostarse entre el complejo Chacalluta y el complejo Santa Rosa, y allí Carabineros y PDI permitieron el tránsito del automóvil.
Estos hechos están refrendados por una declaración jurada del Notario Público: “En el trayecto al paso de Chacalluta, pude observar a funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros de Chile realizando control vehicular, el chofer redujo la velocidad en los controles como es debido y en ninguno nos solicitaron detenernos para realizar una inspección, recibiendo por parte de los funcionarios la aprobación para continuar nuestro destino”.
La decisión del gobierno del 22 de junio al cambiar los requisitos para ingresar a Chile como turista exigiendo un Visado Consular y Pasaporte, provocó que centenares de venezolanos debieran pernoctar en las fronteras, entre ellos mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
De ahí que el INDH debió desplazarse no solo hasta Chacalluta, sino también hasta Colchane, ubicado en la Región de Tarapacá, para cerciorarse del respeto a los derechos humanos y del cumplimiento de la legislación sobre migrantes y refugiados.
En este último paso fronterizo, el INDH constató luego de ser informado por la religiosa Paula Vera de un albergue en la localidad boliviana de Pisiga con 200 venezolanos que habían sido rechazados en la frontera chilena, vulnerándose el principio de no devolución en la Ley 20.430 y negándoseles acceso a la solicitud de refugio en fronteras.
El hacinamiento, condiciones humanitarias críticas en que se encontraban fue constatado por el organismo y luego de una revisión exhaustiva se determinó que, de ese grupo de 200 personas, seis familias necesitaban protección internacional y que podían solicitar la condición de refugiados.
Tras solicitar refugio en el paso fronterizo de Colchane, las personas fueron entrevistadas, pero se les rechazó solicitar la condición de refugiados y a los funcionarios del INDH se les impidió actuar como veedores.
Por esta razón, el organismo interpuso un recurso de amparo por las 20 personas, agrupadas en 6 grupos familiares, compuestos por 4 niños, 1 lactante, 2 adolescentes, 3 mujeres embarazadas, 1 adulto con problemas de salud y los 9 adultos familiares. Todas ellas tienen familiares en Chile y podrían haber realizado el trámite de reunificación familiar del que disponen.
Sin embargo, el recurso de amparo fue finalmente rechazado por la Corte de Apelaciones de Iquique, la que estimó que el INDH quiso “encuadrar” las circunstancias. En el Instituto Nacional de Derechos Humanos niegan tal acusación y advierten que solo se presentó un recurso de protección por una cuestión humanitaria que nadie puede desconocer al tratarse de niños, lactantes y un adulto con problemas físicos.
Aseguran además que por más que algunos sectores estén cuestionando y “pegándole” al INDH por hacer su trabajo y ejerciendo su autonomía, seguirán cumpliendo con su mandato legal y desplegarán cada vez que sea necesario acciones de protección y monitoreo respecto a los derechos humanos en fronteras en un contexto de crisis humanitaria.
