PAÍS
En medio de una visita de sus pares del Tribunal Constitucional de España, el presidente del TC defendió las controvertidas decisiones adoptadas por el organismo. Según Aróstica, «nuestra función no es negociar o equilibrar creencias. Nuestro trabajo consiste en aplicar la Carta Fundamental sin más y no tiene nada que ver con el tipo de descalificaciones que a veces se toman las redes sociales y algunos medios de comunicación para condenar, a menudo desde el prejuicio, en ocasiones desde una vehemencia feroz y particularia, no pocas veces desde la ignorancia y con frecuencia desde el oportunismo político, el trabajo de los tribunales». El TC ha estado en el ojo del huracán por sus resoluciones en materia de Derechos Humanos, y por convertirse –según acusa la oposición– en una virtual “Tercera Cámara”, al enmendar leyes despachadas por el Congreso.
Iván Aróstica ha protagonizado una controvertida gestión al mando del Tribunal Constitucional (TC). La suspensión de causas en materias de Derechos Humanos –práctica que se ha hecho habitual– y las sucesivas resoluciones reinterpretando las leyes despachadas por el Congreso, han generado un amplio rechazo en la oposición y la ciudadanía.
Sin embargo, el presidente del TC defendió este martes el rol del organismo, en una actividad en la que recibió a directivos del Tribunal Constitucional de España de visita en el país.
«El escrutinio público sobre las decisiones de los jueces no solo es atendible, lo hemos dicho reiteradamente, sino también muy necesario. Repito, fundamental. La discusión siempre será valiosa en retrospectos de los académicos, de la gente ilustrada», partió diciendo Aróstica en un discurso que duró 25 minutos.
El presidente del TC agregó: «Probablemente a los tribunales de justicia y a los magistrados todavía nos falta mucho para adentrarnos en los crecientes estándares de discusión y transparencia que exige el cuerpo social».
«Ya no solamente se nos está pidiendo saber con claridad qué decisiones tomamos y qué resolvemos en nuestras sentencias, sino también la ciudadanía espera de nosotros completa información acerca de cómo llegamos a estas conclusiones y qué elementos de juicio tuvimos en cuenta para decidir cómo decidimos», complementó.
Además, aseguró que «la transparencia, sin embargo, no tiene nada que ver con el tipo de descalificaciones que a veces se toman las redes sociales y algunos medios de comunicación para condenar, a menudo desde el prejuicio, en ocasiones desde una vehemencia feroz y particularia, no pocas veces desde la ignorancia y con frecuencia desde el oportunismo político, el trabajo de los tribunales».
Las palabras de Iván Aróstica se dan en medio de una serie de cuestionamientos al rol del TC, instancia que incluso ha sido calificada desde el Congreso como una «Tercera Cámara», concepto que él rechaza y que de hecho califica como un «eslogan muy viejo».
Precisamente ayer lunes, el cuestionado presidente autoasignó a la Primera Sala que encabeza la vista de un caso emblemático de los crímenes en dictadura. Se trata de una causa que involucra a Carmelo Soria, diplomático español torturado y asesinado por la DINA en julio de 1976.
Otras de las decisiones controvertidas que tomó el TC tuvo que ver con el requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos en contra del proyecto que eleva las exigencias para optar al beneficio de la libertad condicional a los violadores de Derechos Humanos.
Si bien el TC desechó dos de los reclamos oficialistas y mantuvo la tesis original del proyecto de que los condenados deberán tener cumplidos dos tercios de la pena y haber colaborado sustancialmente con la investigación para acceder al beneficio, en votación dividida declaró como inconstitucional el requisito del arrepentimiento para que los violadores de DDHH consigan la libertad condicional.
Sin embargo, Aróstica defendió el trabajo que realiza este tribunal: «Nuestra función no es negociar o equilibrar creencias. Nuestro trabajo consiste en aplicar la Carta Fundamental sin más. Por lo mismo, soy de los que piensan que nunca serán del todo suficientes los esfuerzos que podamos realizar para explicar a la opinión pública el ámbito preciso y estricto en el que desarrollamos nuestro trabajo».
