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Poco después que El Mostrador revelara la manipulación en las cifras de mortalidad de salmones en los centros de engorda de Nova Austral en la Región de Magallanes, la empresa trató de hacer control de daños al admitir que habían entregado «cierta» información «errónea» a Sernapesca, y que esta afectaba a un centro y un solo ciclo producción. Estos datos fueron avalados por una investigación forense que realizó el estudio jurídico estadounidense «Ropes & Gray», sin embargo, una serie de nuevos antecedentes, recogidos en el marco de esta investigación periodística y que posteriormente fueron confirmados y complementados con nueva evidencia por parte de la Dirección Regional de Sernapesca de Magallanes, contradicen todo lo afirmado por la compañía, puesto que el engaño abarcaba por completo a la cadena de producción de salmones. Todo ello sumado al «daño inminente» para el medioambiente y la salud de las personas, tras adulterar con maquinaria pesada el fondo marino –prácticamente muerto– para esconder la condición anaeróbica del mismo y, así, engañar a la autoridad para volver a sembrar salmones en espacios marinos biológicamente deteriorados.
Tras la publicación de «Salmon Leaks: las adulteraciones de salmonera noruega Nova Austral en las prístinas aguas de la Patagonia chilena», todo se precipitó para la empresa salmonera de capitales noruegos, que tiene instalados sus centros de acuicultura en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini.
Sin abandonar a la fecha la pretensión de ampliar sus instalaciones hasta la Reserva Nacional de la Biósfera Cabo de Hornos –un santuario natural reconocido por la Unesco como un lugar para conciliar la conservación de la biodiversidad con el uso sostenible–, Nova Austral, que ayer se mostraba como modelo a seguir en la industria de los salmónidos con sus peces libres de antibióticos y su comportamiento sustentable, hoy enfrenta una investigación penal por parte de la Fiscalía, una reciente denuncia civil en el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas que abrió una caja de Pandora, y una medida precautoria tras comprobarse la adulteración de fondo marino para ocultar la condición anaeróbica de uno de sus centros.
Pero las aguas turbulentas no se quedaron allí. La compañía también recibió la reacción airada de miembros del Congreso, que exigen medidas más estrictas para la industria. Además, fue desvinculado del cargo de gerente general, Nicos Nicolaides, quien afirmó a El Mostrador que las conclusiones de la investigación de este medio se sustentaban en errores de interpretación. Asimismo, salió el gerente regional Drago Covacich, el Hijo Ilustre de Porvenir, y las prestigiosas certificadoras internacionales Aquaculture Stewardship Council (ASC) y Monterey Bay Aquarium Seafood Watch (MBASW), se desmarcaron de la firma, tras anunciar públicamente duras medidas.
Aquaculture Stewardship Council, junto con exigirle a Nova Austral el retiro inmediato del logo de certificación a sus productos, la conminó a informar a todos sus clientes del cese de la licencia y a detener todas las ventas de productos que usan la marca ASC, incluyendo «cualquier producto con un número de cadena de custodia».
La reacción de MBASW fue aun más intensa. Ryan Bigelow, gerente principal del programa Monterey Bay Aquarium Seafood Watch, recomendó a los consumidores evitar la compra del producto estrella de Nova Austral: el salmón Sixty South. MBASW es un programa que ayuda a los consumidores y a las empresas a elegir productos del mar que se cultivan o se pescan de una forma que apoya un océano saludable.
A lo anterior, se suma un reporte de Bloomberg que afirma que los bonos en el extranjero de Nova Austral se desplomaron a 60 centavos por dólar. El artículo, además, informa que Harold Meyer –miembro de la junta directiva y director de Bain Capital (controladora de la empresa junto a Altor Funds)– sostuvo en una reunión por videollamada que la investigación identificó «deficiencias inaceptables».
En la medida que fue aumentando el volumen de reacciones tanto nacionales como internacionales en torno a este escándalo, fueron multiplicándose también los antecedentes. En esta investigación periodística se pudo comprobar también cómo Nova Austral adulteró el fondo marino para provocar engaños ante la elaboración de los informes ambientales, poniendo en riesgo, o produciendo «daño inminente» –según la jurisprudencia de la Corte Suprema en el fallo del 24 de abril de 2017–, al medioambiente y la salud de las personas.
Asimismo, los documentos presentados en el primer artículo de El Mostrador fueron complementados por fiscalizadores del ente regulador de Magallanes, descubriendo que la adulteración, manipulación y engaño no abarcaban solo a la mortalidad, sino a toda la cadena de producción: desde la siembra, pasando por cosecha, ensilaje y abastecimiento en planta de procesos.
En el marco de la tramitación del proyecto de ley que busca la recuperación de los fondos marinos donde opera la salmonicultura intensiva, la directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, señaló a la Cámara de Diputados que, a la fecha, 168 centros de cultivo de salmón se encuentran en condiciones anaeróbicas, vale decir, que la acumulación de sedimentos producto de las fecas y el alimento no consumido por los peces, ha degradado a tal punto el fondo marino, que ha reducido notablemente la cantidad de oxígeno disuelto en la columna de agua.
Aparte del daño a la biodiversidad marina producto de esta contaminación, la condición anaeróbica de los centros es, junto a las enfermedades bacterianas y parasitarias –problemas sanitarios producto de los cuales, para contenerlos, la industria vierte cada año al mar toneladas de antibióticos y antiparasitarios (insecticidas)–, una de las grandes complicaciones de la salmonicultura, pues al obtener un informe ambiental negativo (INFA), las empresas no pueden operar en el lugar, con el consecuente impacto en perjuicio de sus finanzas.
El 17 de julio de este año, la Superintendencia del Medio Ambiente resolvió aplicar contra la empresa Nova Austral una medida precautoria tras confirmar que esta había adulterado el fondo del mar del centro Aracena 14 –ubicado al norte de Caleta Sholl, en el área de la isla Capitán Aracena– para revertir artificialmente la condición anaeróbica del sustrato marino y así engañar a la autoridad y obtener de manera maliciosa los permisos para volver a sembrar peces, en un lugar donde las condiciones biológicas no lo permitían.
Aracena 14 terminó su último ciclo productivo en noviembre de 2018, tras lo cual no pudo efectuar una nueva siembra de peces, debido a que la INFA de abril de 2019 arrojó como resultado condición anaeróbica.
Para que un centro obtenga una INFA positiva con condiciones de oxígeno que permita la vida marina, se debe cumplir con múltiples parámetros que miden el sedimento y la columna de agua. Cuando el fondo marino está literalmente muerto producto de los sedimentos en descomposición y a raíz de esto surge en el fondo la temida bacteria Beggiatoa –que vive en condiciones anaeróbicas y cuya composición celular está compuesta de azufre–, no hay nada que hacer, literalmente. El mar puede tardar hasta décadas en recuperarse de manera natural.
De acuerdo a diversas fuentes del mundo de la acuicultura, las maneras más utilizadas –aunque prohibidas– para cambiar todos los parámetros negativos, son: el «cadeneo», que consiste en el desplazamiento de los sedimentos descompuestos –como si se tratara un arado–, propagando la contaminación a fondos marinos sanos; el dragado, que es la succión del fondo marino; o derechamente la sepultura, que no es otra cosa que echar toneladas de arena y piedras sobre el fondo del mar, sepultando lo malo y, con ello, lo que podría estarse recuperando.
Nova Austral optó por sepultar. Fue así como logró que, en menos de 2 meses, el fondo pasara de anaeróbico a aeróbico, es decir, de inviable biológicamente a apto para volver a sembrar.
La prueba obtenida por los fiscalizadores de Sernapesca Magallanes y contenida en la resolución de la medida precautoria de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), resultó demoledora. Compararon las filmaciones submarinas entre la INFA realizada el 16 de abril de este año, que fue calificada como anaeróbica, y la efectuada el 7 de junio, que calificó como aeróbica.
En la siguiente imagen se puede apreciar cómo en la transecta grabada 6 de abril el suelo marino era irregular, y en la de junio, en el mismo punto, el suelo estaba parejo y lleno de piedras.
La acción de sepultar el fondo marino fue detectada de manera complementaria a través de una fiscalización en terreno, a la barcaza Melinka, realizada por los funcionarios de Sernapesca de Magallanes, Santiago Astete Carrillo y Francisco Calderón, donde se descubrió maquinaria que no había sido reportada en los manifiestos de carga por parte de Nova Austral.
Calderón informó el 15 de julio al director de Sernapesca regional, Patricio Díaz, que Nova Austral había modificado el archivo para ocultar una serie de materiales que se habían trasladado hasta los centros en el viaje realizado por la embarcación (arrendada por Nova Austral), entre el 23 y el 29 de marzo de este año.
Tras revisar la maquinaria, los fiscalizadores advierten «omisión en la información sobre despacho a un centro de cultivo de bomba Drag Flow que sirve para bombeo de arena, artefacto de grandes dimensiones y 100 Big Bag con ‘materiales’ (50 toneladas), que se presume contenían arena. Así, al omitir esta información, la empresa incurrió en la figura de entrega de información no fidedigna».
La bomba, así como el tablero de control y otros materiales, son de propiedad de la firma Marine Duty. Esta compañía, con domicilio en Viña del Mar, se define en su página web como una «empresa que presta servicios submarinos y subacuáticos de alto nivel acordes a la vanguardia científica y tecnológica».
Fuentes reservadas de la Región de Magallanes, conocedoras de la actividad interna de Nova Austral, señalaron a El Mostrador que la prueba obtenida en julio por Sernapesca y que relaciona a Marine Duty con Nova Austral en Aracena 14 –donde se sepultó el fondo marino–, constituye solo una foto de una vieja relación. Según las fuentes, cada vez que un centro termina su ciclo de cosecha y se dispone de lo que se conoce como «descanso sanitario» –breve plazo de un par de meses en donde se supone que el mar se recupera naturalmente–, todos los trabajadores deben abandonar el centro para que opere reservadamente Marine Duty.
Durante la investigación, este medio accedió, mediante fuentes magallánicas, a un correo electrónico, fechado 20 de marzo de 2017, de Arturo Schofield –misma persona que mandó el e-mail a los directores de centros instruyendo la manipulación de las estadísticas de mortalidad de salmones el 2016, y que aún trabaja como gerente de producción en Nova Austral–, dirigido a Drago Covacich –el exgerente regional y máximo dirigente gremial de los salmoneros en Magallanes– y a personal en general, en el que se les instruye sobre el procedimiento para actuar en caso de que sean visitados por Greenpeace, y bloquear, asimismo, todo acceso a lugares restringidos.
En la parte de las precauciones sobre la llegada de Greenpeace, Schofield dice: «En caso del Área Sur suspender de inmediato las labores de Maryn Duty (Marine Duty). Llamar de inmediato a Gerencia en caso de que aparezcan en alguna Área».
La empresa de servicios submarinos Marine Duty, que de acuerdo a su propia página presta servicios a Salmones Aysén; a Australis Seafoods, de capitales chinos; a Aqua Chile; y a Marine Harvest, de capitales noruegos, es de propiedad de Jorge Aldayuz, quien a su vez es dueño y gerente general de la consultora acuícola Doppler S.A.
Doppler S.A. aparece adjudicándose al menos 10 proyectos del Fondo de Investigación Pesquera y Acuícola (FIPA), dependiente de Subpesca, la superintendencia que tiene la responsabilidad de fiscalizar el fondo marino.
Llama la atención que, entre los proyectos que se adjudicó Doppler, figura la Prospección y caracterización de nuevos sectores de cultivos y AAA en la XII Región de Magallanes, cuyo contrato aparece con término anticipado.
Pese a los esfuerzos, El Mostrador no logró tomar contacto con Jorge Aldayuz, ya que todos los teléfonos tanto de Marine Duty como de Doppler y las respectivas casillas de contacto electrónico, o no conducen a nada o están deshabilitados. Del mismo modo, se intentó tomar contacto con el nuevo gerente de Nova Austral, Francisco Miranda, a quien se le enviaron preguntas respecto de la relación entre la compañía salmonera y Marine Duty, sin que se obtuvieran resultados hasta el término de esta edición.
En cuanto al plan para bloquear los accesos a Greenpeace, Estefanía González, coordinadora del área de océanos de la organización medioambiental internacional, sostuvo que «si se tiene que preparar cuando una organización como Greenpeace visitaba la zona en un barco y evitar a toda costa que nosotros pudiésemos documentar qué es lo que pasa en esa salmonera, no nos queremos imaginar qué es lo que hacían cuando iban los fiscalizadores».
«A mí me tocó estar en los barcos de Greenpeace. Yo visité las diferentes jaulas en operación de Nova Austral y eran jaulas que se estaban cayendo a pedazos. Estaban algunas bastante hundidas en el mar, estaban las ballenas transitando, literalmente en medio de las operaciones de la empresa y nosotros estuvimos con un dron submarino, documentando el fondo marino, y encontramos que el fondo aledaño a las jaulas no tenía nada de biodiversidad», puntualizó González.
El 28 de marzo de este año, el hotel InterContinental de Santiago albergó la Cumbre Chileno-Noruega de negocios (Chile-Norway business 2019), en la que políticos y empresarios de sectores industriales de ambos países discutieron sobre el futuro de la acuicultura.
La jornada, organizada por Innovation Norway y la Sofofa, estuvo presidida por el rey de Noruega Harald V, cuya visita a Chile fue altamente cuestionada por organizaciones ambientales y científicas, porque fue interpretada como una evidente acción de lobby de la corona noruega en favor de las empresas de capitales nórdicos. Para la comunidad de Puerto Williams, la visita representaba un apoyo específico para Nova Austral, que por esos días estaba bajo la polémica por su intención de trasladar sus plantas de engorde de salmones a la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos.
Días después de este encuentro, la embajadora de Noruega en Chile, Beate Stirø, en una entrevista al portal Aqua.cl, sostuvo de manera vehemente que «el gobierno noruego, entonces, espera que las empresas noruegas respeten plenamente las legislaciones y regulaciones que se aplican en el país que operan. Además, esperamos que todas nuestras empresas operen de acuerdo a principios comerciales buenos y razonables, y que sean conscientes de su responsabilidad hacia la naturaleza y las comunidades en el área donde llevan a cabo sus actividades».
La frase de la embajadora Stirø, meses antes del escándalo de Nova Austral, estaba en plena sintonía con otra, esta vez pronunciada por el secretario de Estado del Ministerio de Comercio, Industria y Pesca, Roy Angelvik, igualmente de visita en Chile, en diciembre de 2018. También en declaraciones al portal Aqua.cl, el ministro noruego dijo, en relación con el escape de salmónidos de la empresa Marine Harvest, que «cada compañía noruega debe entender que está representando a un país, ya sea que produzca peces, neumáticos o lo que sea. Y no solo nos afecta a nosotros como noruegos, sino que impacta en la imagen de la industria».
En la misma línea de esta orientación ética empresarial, Bloomberg consignó este jueves que Harold Meyer, director del fondo de inversión Bain Capital –controlador de Nova Austral junto a Altor Funds– sostuvo que las revelaciones tras las investigación le parecían «deficiencias inaceptables».
El 2 de febrero de 2019, en Oslo, Noruega, Meyer participó de la sesión de directorio de Pesquera Cabo Pilar S.A., según consta en la Notaría de Roberto Cifuentes Allel, donde del 7 de febrero del mismo año se traspasó a escritura pública el acta de sesión de directorio, celebrado en la capital noruega cinco días antes.
En la sesión se renovó el directorio donde Meyer quedó de director e Yngve Myhre fue elegido por unanimidad como presidente. Como primera actividad en ese cargo, Myhre informó que, con la misma fecha y por intermedio de instrumento privado, Nova Austral S.A. había adquirido el 100 por ciento de las acciones de Pesquera Cabo Pilar.
En virtud de los correos electrónicos a que accedió, El Mostrador pudo constatar que Myhre, junto con los denvinculados Nicos Nicolaides y Drago Covacich, y el actual gerente de la empresa, Francisco Miranda, eran destinatarios frecuentes de un reporte consolidado semanal que le enviaban desde la gerencia de producción para su conocimiento exclusivo.
En estos reportes es posible leer, claramente, que las más altas autoridades, tanto en Noruega como en Chile –como es el caso de Francisco Miranda– estaban en pleno conocimiento de los altos índices de mortalidad, así como de las cifras reales sobre la muerte de los salmones y sus causas, a diferencia de las autoridades reguladoras chilenas, que recibían periódicamente informes falsos.
La segunda semana de julio de este año, cuando ya llevaba un par de semanas el escándalo de Nova Austral, Yngve Myhre estuvo en Chile y se reunió, junto a otras altas autoridades de la empresa, con la directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo, en una cita de la cual aún no se consigna registro en la plataforma de la Ley del Lobby.
En dicha reunión, según se sostiene en la denuncia civil que el señalado organismo fiscalizador ingresó recientemente al Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, por «hechos constitutivos de infracción a la Ley General de Pesca y Acuilcultura», los ejecutivos noruegos «reconocieron que se había producido una manipulación informática con el fin de subreportar mortalidades por parte de la empresa, ilícito que se habría cometido a espaldas del directorio».
Después de esa cita, se informó la desvinculación de Nicolaides y Covacich, al tiempo que se anunció el ascenso de Miranda como nuevo gerente general, el mismo que era conocedor y destinatario desde hacía ya varios meses de los informes reservados con las cifras de mortalidad sin adulterar.
Con fecha 11 de julio, Miranda proporcionó, en archivos PDF, «información real y pormenorizada de siembra, mortalidad y existencias para cada uno de sus centros».
Esta información fue trabajada intensamente estas últimas semanas por personal de la Dirección Regional de Sernapesca de Magallanes, que abrió una verdadera caja de Pandora, al constatar que los engaños de Nova Austral superaron por lejos la adulteración de las mortalidades, pues la manipulación de las estadísticas afectaba a toda la cadena de producción de salmones de la empresa que, hasta hace algunos meses, era apreciada como el «niño símbolo» de la salmonicultura nacional.
En el texto de la denuncia, el ente regulador remarca que la empresa Nova Austral «no ha desmentido la validez de la planilla de mortalidad, datos de siembra de peces ni los correos aludidos en el reportaje de El Mostrador«, y añade que, por su parte, pudo confirmar que la doble contabilidad exhibida por este medio con los datos adulterados «efectivamente coincide con lo que informó la empresa» al organismo fiscalizador.
Una vez contrastada la información, la dirección de Magallanes de Sernapesca llegó a la convicción de que «la información falsa y no fidedigna entregada a este servicio abarca en realidad los siguientes parámetros: mortalidad, siembra, cosecha y abastecimiento».
De acuerdo a lo consignado en la denuncia, «es del caso señalar, que los datos de mortalidad son muy relevantes para evaluar la condición sanitaria y ambiental de un centro de cultivo de salmones. Tanta es su importancia, que al término del ciclo productivo de un centro, que culmina con la cosecha de la totalidad del plantel luego de 18 a 24 meses, se analiza la mortalidad del ciclo en conjunto con otros parámetros».
Y prosigue: «Es así como mortalidades altas incidirán de modo significativo en un score de bioseguridad que penaliza la siembra del ciclo siguiente, debiendo reducir la siembra y densidad de peces en el centro de cultivo. De ahí entonces, la razón fundamental del ilícito, ya que transparentar la mortalidad implicaba nada menos que afectar la producción futura de la empresa (esto es consistente con correo electrónico del Gerente de Operaciones Sr. Arturo Schofield, revelado en reportaje de ‘El Mostrador’)».
La información revelada por la Dirección Regional de Magallanes dista mucho de las informaciones públicas de la empresa Nova Austral, después de la reunión con la directora nacional, en que, a través de diferentes medios de comunicación, reconoció que había entregado información errónea en el caso de un centro y respecto solamente del último ciclo.
El 18 de julio, el medio electrónico SalmonExpert publicó el reportaje «Investigación Forense», donde se dio a conocer que Nova Austral «ha dado explicaciones a los inversionistas de la Bolsa de Oslo, donde mantiene un bono por US$300 millones.»
Dos días antes de estas explicaciones, en las que se dijo que la empresa seguía con una sólida liquidez, María González Calvet, del estudio jurídico estadounidense Ropes & Gray, describió los resultados de la investigación independiente de Nova Austral, para lo cual se hizo asesorar, de modo de “garantizar la integridad de nuestra revisión», por una firma de ingeniería forense, FTI Consulting.
Según Ropes & Gray, dicha firma forense procesó «aproximadamente dos millones y medio de correos electrónicos y archivos adjuntos que usan tecnología analítica avanzada, donde a la fecha ha revisado 22.000 e-mails, además de realizar 23 entrevistas telefónicas y en persona con una variedad de colaboradores de Nova Austral en múltiples ubicaciones».
La conclusión fue que “nuestra investigación identificó ciertas irregularidades en la información que la compañía proporcionó a Sernapesca durante el último ciclo de producción”.
La abogada detalló que “nuestra investigación confirmó que, en algunos casos, la compañía reportó erróneamente las tasas de mortalidad a Sernapesca para mantenerse por debajo del umbral legal del 15%».
Estas conclusiones no podrían estar más lejos de las del ente fiscalizador, tras analizar los documentos proporcionados por el propio Sernapesca, en que se concluyó que las adulteraciones afectaban a todos los centros de la empresa y en al menos tres ciclos: 2016-2018, 2017-2019 y 2018-2019.
Sumadas las mortalidades reales y declaradas y de todos los ciclos, se comprobó que las muertes reportadas en la sumatoria ascendieron a 1.475.683, pero la cifra de mortalidad era muy superior, llegando a los 3.583.933
En cuanto a la siembra de pescados, la denuncia señala que «respecto de la condición de siembra subreportada, efectivamente las planillas del reportaje de El Mostrador dan cuenta de exceso de siembra no declarado a Sernapesca, en varios de los centros de la empresa».
Una vez cotejados los datos de todos los centros, se comprobó que Nova Austral manipulaba los datos de la totalidad de ellos, colocando muchos más peces en las jaulas que los que declaraban oficialmente.
Y respecto de la cosecha, lo mismo: todo adulterado. «La cosecha es el resultado de la siembra menos las pérdidas. Al estar alteradas estas últimas variables, es evidente que la cosecha igualmente no corresponderá a lo declarado», se lee en el documento.
Tal era el nivel de adulteraciones estadísticas en los sistemas informáticos, que incluso el gerente general, Francisco Miranda, que estaba en conocimiento de las cifras reales antes que El Mostrador destapara el caso, en correos electrónicos a la Dirección General confiesa que ni siquiera él puede afirmar que los datos que está proporcionando sean del todo ciertos.
En un correo del 11 de julio de este año, enviado por Francisco Miranda a Marcela Lara, subdirectora, en el punto 3, referido a la siembra, señala que «hacemos presente que el suscrito no puede dar fe de la autenticidad de su contenido». Lo mismo hace en el punto 6 respecto al registro diario de ensilaje: «Hacemos presente que, el suscrito, no puede dar fe de la autenticidad de su contenido».
Si bien la investigación penal en manos del Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos –el mismo que investiga el fraude en Carabineros–, recién comienza y aun cuando las pruebas resultan abrumadoras, tal como lo señala Bloomberg, todo podría terminar en una simbólica multa.
La serie de incidentes que se ha producido en la industria «amenaza con dar a los productores de salmón una reputación que no pueden permitirse, de vaqueros que no toman en serio las reglas. Si bien este nuevo escándalo ha provocado llamados a implementar una regulación más estricta, es probable que Nova Austral reciba una multa de solo unos US$200 mil», vale decir, poco más de 141 millones de pesos.
