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No está entre las primeras al calcular los criterios objetivos de evaluación, tampoco cumple con los requisitos de haber ejercido como abogada al menos un año. Pero sí fue, hasta diciembre pasado, la colaboradora más cercana y eficiente del ministro de la Corte Suprema que se encargó de cuestionar al anterior notario designado por no cumplir los requisitos. La forma en que está a punto de culminar este proceso choca con el discurso de transparencia que hizo eco en el Ministerio de Justicia, después del fallido intento del exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, de quedarse con una notaría en Santiago. La competencia que se ha desatado en torno a este nombramiento tiene relación con la doble plaza de notario y conservador de Pirque y Puente Alto, considerada un “botín de oro”, ya que se espera una fuerte expansión inmobiliaria por el cambio de uso de suelo y la reinscripción de unas dos mil hectáreas de terrenos. Se trata de predios vendidos sobre suelos agrícolas y se estima que cada hectárea podría costar entre $40 millones y $60 millones. El sueldo, en tanto, que recibiría el titular del cargo, sería del orden de unos $20 millones mensuales, hasta los 75 años.
«Nadie será elegido por otra razón que no sean sus méritos objetivos, los que deben ser demostrables públicamente», decía el ministro de Justicia Hernán Larraín, cuando anunciaba la reforma al sistema de notarios. Venía de abortar el nombramiento de Luis Toledo, el fiscal del caso Caval, en una notaría en San Fernando. Ahora, el proyecto avanza rápido en el Congreso luego que, a comienzos de este año, Larraín admitiera un intenso lobby del gremio para retrasarlo, e incluye criterios objetivos para mejorar y transparentar el sistema de nombramientos.
Pero la política práctica no siempre cuadra con las palabras bienintencionadas. Y la semana pasada, desde la división jurídica del Ministerio de Justicia se envió a la Contraloría el decreto que confirma el nombramiento de Gloria Jacome Sepúlveda como notaria y Conservadora de Bienes Raíces de Pirque, en calidad de titular de la Quinta Notaría de Puente Alto.
La decisión se tomó casi dos años después de una fuerte controversia que motivó un informe de la Corte Suprema sobre el proceso, cuestionando la elección de Ricardo Moyano. Según establecieron en 2017, el exjefe de gabinete de Carlos Furche, ministro de Bachelet, no cumplía con los requisitos. Moyano figuraba en el puesto 41 de 91. Además su inclusión en la terna final fue también forzosa, toda vez que no obtuvo los votos para estar entre los finalistas. Pero la decisión final estaba en manos del entonces ministro Jaime Campos, quien lo eligió en julio de 2017, a pesar de haber obtenido cero puntos en algunos ítems de evaluación.
Moyano ingresó a trabajar en el Estado en 1998, como funcionario de la Direcon del Minrel. Desde 2014, lo hacía en el Ministerio de Agricultura. En 2016 postuló a otros tres concursos para ser notario. Después de su nombramiento abortado para la Quinta Notaría de Puente Alto, concurrió voluntariamente a la comisión investigadora de la Cámara sobre el sistema de nombramientos de notarios y acusó ser «víctima de un conflicto entre la Contraloría y el Poder Judicial, del que no soy el primer caso». Moyano, en sus propias palabras, ante la comisión, puntualizo que había postulado «a 10 concursos, con el fin de trasladarme al mundo semiprivado».
Lo cierto es que después de casi dos años detenido el proceso, fue elegida finalmente Gloria Jacome Sepúlveda, la abogada que perteneció hasta diciembre del año pasado al Poder Judicial, donde fue brazo derecho del actual ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. La abogada destacó especialmente por su trabajo como enlace con las policías y su eficiente trabajo cuando el juez Muñoz coordinaba los procesos de Derechos Humanos.
Jacome, de 62 años, de sensibilidad política cercana a la DC, se tituló de abogada en 2016. Es decir, no cumplía con el requisito de haber ejercido al menos un año la profesión de abogado. La exsecretaria de Muñoz además estaba en el lugar 34 de 91.
Todos estos argumentos fueron usados en su tiempo por Campos para poner a Moyano y desestimar el nombre de Gloria Jacome, que obtuvo una mayoría de 9 votos entre los ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Una de las ministras que votó a su favor fue María Soledad Espina, hermana del ministro de Defensa, Alberto Espina.
Más abajo en la terna, con 8 votos, estaba el abogado Franco Lavín Ruiz, notario suplente en la notaría de Evelyn Sánchez. Pero este Lavín no pertenece a la familia política y, aunque ocupaba el puesto 9 en el ranking de puntaje, debió conformarse, como los otros postulantes, con ver al excolaborador de un ministro y ahora a la secretaria de un juez en el puesto, el que pretendía obtener por mérito.
A pesar de esta evidente anomalía y de todo el ruido que se hizo sobre esta designación, el proceso volvió al punto en que lo recibió Jaime Campos. Aunque estuvo detenido casi dos años, desde fines de 2017 no se hizo uno nuevo. Tal vez por economía de recursos. Por tanto, la nómina estuvo encabezada por Gloria Jacome y así la recibió el ministro Larraín. «Es evidente que todos los ministros conocen a doña Gloria Jacome y ninguno podría negarse a la sugerencia del juez Muñoz para que voten por ella. Es una funcionaria destacada y esto se ve como un premio justo antes de que se jubile», dice uno de los participantes en el proceso.
Parece evidente que, detrás de la ambición por quedarse con este puesto, está la posibilidad de los altos ingresos que recibirá el notario y conservador de esta jurisdicción. La zona de Pirque y Puente Alto espera una fuerte expansión inmobiliaria que implica el cambio de uso de suelo y la reinscripción de unas dos mil hectáreas de terrenos. Se trata de predios vendidos sobre suelos agrícolas y se estima que cada hectárea podría costar entre $40 millones y $60 millones. El sueldo que recibiría el titular del cargo se estima en unos $20 millones mensuales, hasta los 75 años.
Mauricio Astudillo, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, enfatiza que «los notarios no intervenimos en los nombramientos. Son los ministros de Corte, quienes elaboran las ternas, y el ministro de Justicia, quien finalmente nombra, los que ponderan los antecedentes de los postulantes. [Pero] todas estas polémicas se terminarían si el sistema de nombramiento fuera exclusivamente sobre la base de los resultados de los exámenes de conocimientos y antecedentes personales y profesionales, eliminando toda discrecionalidad. Lo propuesto permite asegurar que ocupen los cargos aquellos que tienen los mejores méritos para desempeñarlos», dice, refiriéndose al proyecto de ley en curso.
Con todo, puede que la Contraloría, en el proceso de toma de razón, no acepte el nombramiento, tal como lo hizo con Moyano, y que dicho proceso vuelva, tal vez, a foja cero.
