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Vale recordar que la Contraloría General de la República aprobó este decreto con alcances, lo que limita las facultades de las Fuerzas Armadas en la colaboración que prestará en las fronteras.
Este martes se publicó en el Diario Oficial el decreto que otorga a las Fuerzas Armadas la posibilidad de colaborar en las fronteras del país en la lucha contra el narcotráfico.
«Autorízase a la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competetentes para actuar en relación a actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas fronterizas de territorio nacional», dice el documento.
«El ministerio del Interior y Seguridad Pública evaluará la forma en que las policías emplean la colaboración mencionada y se coordinará con el Ministerio de Defensa Nacional para la eficacia de la misma», agrega.
El documento también sostiene que «el ministro de Defensa Nacional podrá nombrar los mandos militares que asumirán el control operacional de las unidades que se asignen en virtud de lo dispuesto en este artículo. Se entiende por ‘control operacional’ la facultad delegada a un comandante para planificar y conducir las actividades de las fuerzas asignadas».
«Esta delegación tendrá vigencia durante un año desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto. Anótese, tómese razón y publíquese», finaliza la publicación.
Vale recordar que la Contraloría General de la República aprobó este decreto con alcances, lo que limita las facultades de las Fuerzas Armadas en la colaboración que prestará en las fronteras.
«Se debe circunscribir a la prestación de apoyo en los ámbitos de logística, de transporte y de tecnología en zonas fronterizas nacionales, sin que pueda conllevar su intervención en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, o a otras entidades, tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, o la Dirección General de Aeronáutica Civil», sostuvo la Contraloría.
