PAÍS
El Presidente Piñera presentó un proyecto para regularizar las concesiones de extracción que solo tenía dos artículos, pero que hoy tiene 197 indicaciones. La iniciativa, tal cual está, incluye modificaciones a muchos temas del sector y también ha traído de regreso al elenco de lobbistas que participó en la discusión legislativa de 2012, conocida como «Ley Longueira», incluida la empresa noruego-danesa Lota Protein. Una de las prácticas que en el sector pesquero –relacionado con la tramitación en el Congreso– se denuncian como reiteradas, es la utilización de organizaciones de pescadores artesanales llamadas «pescadores de papel», cuya labor –se indica– sería la instalación de modificaciones legales que permitan una mejor posición en el mercado de parte de actores industriales. [ACTUALIZADA: leer N de la R al final de la nota]
En medio de los llamados a anular la Ley de Pesca –aprobada el 2012 y que pasó a la historia como la “Ley Longueira” a fines del año pasado–, el Presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley con solo dos artículos para modificar el régimen de concesiones pesqueras y establecer una duración de 20 años para los permisos de explotación, sin renovación. En mayo de este año la ley se aprobó en general en la Sala del Senado y fue devuelta para su discusión en particular.
Sin embargo, lo que debía seguir como la tramitación de una “ley corta”, se fue complejizando en el camino, al punto de acumular ya 197 indicaciones al proyecto y levantar intrincadas discusiones técnicas sobre el manejo de los recursos, lo que trajo de regreso a toda la fauna de lobbistas y operadores de la industria, que se hicieron conocidos durante la tramitación de la ley original, impulsada por el exministro de Piñera 1, Pablo Longueira.
Para quienes conocieron de cerca la tramitación de la “Ley Longueira”, este nuevo escenario se está desarrollando con la misma intensidad que el 2012, debido a que son los mismos intereses que, una vez más, se ponen en juego. Hace siete años, el marco legal fue aprobado con amplias ventajas para los grandes industriales, que para la opinión pública –gracias a un eficiente trabajo comunicacional– pasaron a ser conocidos como el grupo de “las siete familias” dueñas del mar, asociadas fundamentalmente en la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca).
En esa época, en pleno primer Gobierno de Sebastián Piñera, la gran perdedora fue la empresa noruego-danesa TripleNine, que en Chile funciona con el nombre de Lota Protein. Su derrota se debió en buena parte al fuerte lobby que emplearon las compañías pesqueras más antiguas para mantener sus “derechos históricos” sobre la explotación, dejándolos sin cuotas de extracción.
Con la carrera ganada por parte de los industriales, la legitimidad de la ley recién aprobada se fue ensombreciendo con la misma rapidez con que empezaron a conocerse los detalles de la trama de financiamiento irregular desde la industria pesquera a un amplio sector de la política, del cual fueron símbolos la entonces diputada Marta Isasi y el otrora senador Jaime Orpis, ambos acusados de cohecho.
A partir de ese minuto, todo lo que representara o estuviera asociado a “las siete familias” se convirtió en un veneno comunicacional para cualquier político.
“La industria pesquera está en el suelo políticamente. Ni siquiera la derecha, que podría ser su sector más afín, la apoya. Cualquier cosa que hagas en contra de la industria, es rentable políticamente. ¿Quién va a venir a defender la pesca de arrastre al Congreso? Es como matar un panda”, reconoce un asesor parlamentario de la comisión en el Senado.
En octubre de 2011, un grupo de pescadores salió abruptamente de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) para formar la Condepp. Cosme Caracciolo, de Valparaíso; Nelson Estrada, de Talcahuano; Jorge Bustos, de Puerto Montt; Hernán Machuca, de Queule; Gino Bavestrello, de Valdivia; y Hernán Cortés, de Coronel –el actual presidente de la entidad–, se constituyeron como los principales líderes de la nueva organización. Dieron la pelea, pusieron a disposición buenos recursos, pero teniendo en cuenta el poder financiero muy superior que desplegaron en el Parlamento los industriales, la nueva orgánica no logró influir lo suficiente en la tramitación de la Ley Longueira, que finalmente se aprobó.
“Lograron recolectar a una serie de dirigentes que no eran de la primera línea, pero sí muy hábiles en cuanto a generar movilizaciones y acciones comunicacionales”, dice un exintegrante de la organización. “Llegaban a a las reuniones en el Congreso con un periodista y un abogado, cuando en este mundo de los pescadores apenas se pagan las cuotas del sindicato”, afirma una fuente de la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.
¿De dónde venía el financiamiento? Parte de la respuesta puede estar en una declaración de abril de 2017 entregada por el dirigente Hernán Machuca a la Bridec, en el marco de la investigación por cohecho durante la aprobación de la Ley de Pesca. En su declaración, Machuca reconoce haber recibido un pago de $880 mil por parte de Lota Protein por una asesoría y que, a la fecha de la declaración, seguía trabajando como asesor de dicha compañía. Otro nombre clave es el de Bernardo Caro, técnico pesquero a quien Lota Protein reconoció en 2017 como su asesor y haberle pagado 274 millones. Para los industriales, Caro, exasesor del fallecido senador Antonio Horvath, es quien ayudó a armar la Condepp, a instancias de Lota Protein.
Según fuentes de la época, en casi todas las reuniones de algunas de estas personas con autoridades, los dirigentes de Condepp estuvieron acompañados del periodista Eduardo Fernández Villa, parte del staff de la agencia Factor Estratégico, propiedad del exintendente de Santiago Marcelo Trivelli. Según las mismas fuentes, desde esta agencia salen redactadas las cartas de los pescadores en la prensa, los comunicados y las campañas más agresivas en redes sociales, como YoPesco.cl*
En agosto de este año, se aprobó el fin de la pesca de arrastre para la jibia, lo que deja en gran parte fuera a la industria de la extracción de este recurso. Durante el proceso que desembocó en esta decisión, según lo confirman imágenes de ellos reuniéndose con autoridades de Gobierno, los pescadores estuvieron acompañados de Eduardo Fernández, aunque la Codepp solamente entró durante los últimos meses a la discusión sobre la jibia. “La jibia fue la primera victoria importante para los artesanales financiados por Lota Protein, después de todas las derrotas del 2012”, afirma un integrante de la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado.
Consultados para esta nota, fuentes extraoficiales de la empresa niegan que exista cualquier relación con la organización de pescadores artesanales que conforma el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp).
Durante la tramitación del proyecto de modificación de la Ley de Pesca, se ha vuelto a ver en el Congreso a representantes de agencias de lobby, como Luis Felipe del Solar, de Extend, que representa a Sonapesca, el gremio que agrupa a las compañías más importantes de la industria pesquera. A quien también se ha visto es a Osciel Velásquez, presidente de Sonapesca y quien es militante de la DC. En el mismo bando está también el exdiputado Exequiel Silva.
Un par de lobbistas que han llamado la atención y que representan a las organizaciones controladas por «las siete familias», son Felipe Sandoval y Andrés Couve Rioseco. Lo que llama la atención no son sus nombres, sino sus anteriores responsabilidades, lo que confirma un práctica reiterada de lobby: pasar de autoridad pública del sector a gestor de intereses del mismo sector en el mundo privado. Ambos fueron subsecretarios de Pesca. Sandoval lo fue del ex-Presidente Ricardo Lagos y ahora representa a Corpesca, en tanto que Couve Rioseco lo fue del Presidente Patricio Aylwin y ahora se desempeña como asesor en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), en cuya representación se le ha visto en el Congreso.
Por parte de los pescadores que se oponen a la gran industria, se ha visto en la comisión del Senado a Alfredo Irarrázaval(**), gerente de Pymepes. Irarrázaval, según una investigación de Ciper, recibió $18,2 millones desde Lota Protein y estaba entre quienes piden la anulación de la Ley Longueira. Ahora, con la presencia activa de estos actores, «el financiamiento volvió», dice un testigo de la tramitación legislativa en alusión a la pesquera europea.
Otro de los dirigentes que ha vuelto a ser visto en el Congreso es Santiago Gacitúa, gerente de Anapesca, que tiene cinco asociados, siendo uno de los principales la pesquera Lota Protein.
En la sesión del 7 de agosto de la comisión de Intereses Marítimos del Senado, José Raúl Montt, de Pesquera Los Elefantes, con sede en Dalcahue, Chiloé, aludió a las organizaciones que son apoyadas por actores de la industria, pero que figuran como grupos de pescadores artesanales.
«Hay organizaciones completas que prefiero no mencionar, pero son de dominio público, que se armaron para traspasar cuotas desde los artesanales a los industriales, desde un principio, y que no han trabajado nunca, nunca han sacado pescado desde que se permitió el traspaso y no necesariamente son pescadores. Entonces, existe una distorsión tremenda entre los que sacan pescado y los vendedores de papeles (…). El que va al agua, tiene que pagar dos veces y nadie lo representa. No están haciendo lobby«, dijo.
En efecto, para quienes han estado en el sector pesquero, ha sido evidente la irrupción, al menos desde 2012, de Lota Protein como un actor en el trámite legislativo. Por una parte, la empresa como tal y, por otra, apoyando e implementando organizaciones de pescadores artesanales. De acuerdo a fuentes que han intervenido en la comisión de la ley respectiva, tales entidades son utilizadas como caja de resonancia de los asuntos que a la empresa le interesaría conseguir. Este apoyo no es públicamente reconocido, por eso es que en razón de ello muchas de las alusiones a esta práctica hacen referencia a los «pescadores de papel», sin mencionar quiénes los financian.
Prueba de tal situación es la reacción del senador PS Rabindranath Quinteros. «Creo que esta venta de papeles no corresponde. La pesca es para quien va a trabajar ahí. Aquí hay personas que ni siquiera se mojan los pies en el agua y aparecen como pescadores. La comisión está consciente de eso», dijo. De hecho, luego de la exposición de Santiago Gacitúa, de Anapesca, el senador Quinteros hizo notar que los argumentos expuestos «ya los hemos escuchado antes» a otros actores que han concurrido, como Lota Protein.
Para Elizabeth Soto, bióloga marina de la Fundación Terram, esta venta constante de las cuotas que hacen algunas organizaciones a las pesquerías industriales, «finalmente a lo que apunta es a extinguir la pesca artesanal, que es una pesca que da trabajo y es más sustentable. Creemos que falta fiscalización en este sentido. Hay artículos en la ley que permiten a los pescadores vender sus permisos o que la industria funcione para ellos como un banco: la industria les presta el dinero para comprar embarcaciones», afirma.
La definición de pesca artesanal, actualmente vigente, considera como tal a una embarcación de hasta 18 metros de eslora y 50 toneladas. Una de estas naves puede costar sobre 400 millones de pesos. Por eso, en algunos casos se puede ver a pescadores acaudalados. Integrantes de la comisión recuerdan a uno que durante la tramitación de 2012 lucía una pulsera Rolex. Sin embargo, lo que Elizabeth Bustos apunta como la pesca artesanal más «sustentable» ocurre en embarcaciones más pequeñas, tripuladas por los pescadores que extraen los recursos, en la primera milla marina reservada para este efecto.
La bióloga marina reconoce que en este proyecto «no pareciera haber un retroceso en los temas de sustentabilidad en los que se avanzó en la ley anterior, aunque esto no es muy reconocido públicamente, porque la discusión se centró en que la industria logró mantener sus derechos adquiridos, que hoy no quiere perder. Respecto de la sustentabilidad, creo que las indicaciones que se discutieron en la comisión, la semana pasada, van en la línea correcta. Creo, sí, que hay que poner atención en el precio de las licencias que está pagando la industria y que ahora es bajísimo. Deberían recaudar un monto que, por lo menos, alcance para financiar parte de la investigación pesquera», concluye.
*N de la R: Originalmente en esta nota se consignaba que la campaña Chao Pescao estaba gestionada por la agencia Factor Estratégico, pero en realidad se trata de la campaña Yo Pesco.
**N de la R: posterior a la publicación de esta nota, el director ejecutivo de Pymepes, Alfredo Irárrazaval, envió una carta aclaratoria al Director. Lea la carta AQUÍ
