PAÍS
Luis Mesina, vocero de la agrupación, dijo que el problema central es que el Poder Judicial haya solicitado al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre un recurso de protección que interpuso la profesora jubilada María Angélica Ojeda, contra AFP Cuprum por negarle el retiro de sus ahorros.
La Coordinadora No+AFP aseguró que se están vulnerando derechos constitucionales a los jubilados al impedirles retirar sus ahorros previsionales.
Luis Mesina, vocero de la agrupación, dijo que el problema central es que el Poder Judicial haya solicitado al Tribunal Constitucional (TC) pronunciarse sobre un recurso de protección que interpuso la profesora jubilada María Angélica Ojeda, contra AFP Cuprum por negarle el retiro de sus ahorros.
Además, el ministro de la Corte de Apelaciones, Óscar Clavería, y el abogado Fernando Orellana, dictaron una resolución en la que solicitaron el pronunciamiento del TC, al considerar que el decreto ley que impide el retiro de los fondos vulnera la constitución.
Por otra parte, la abogada Javiera Aravena, coordinadora a nivel nacional de la tramitación jurídica de la campaña, explicó que los hechos visualizan «que existen normas inconstitucionales del decreto ley que impedirían a los trabajadores a disponer de sus fondos de pensiones. En ese caso, la Corte de Apelaciones sostiene enfáticamente que el decreto ley 3.500 no satisface el derecho a la seguridad social, justamente lo que hace es no garantizar pensiones dignas y justas para los trabajadores. Además, lesiona el derecho a la propiedad constitucionalmente garantizada».
Consuelo Villaseñor, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), consideró que «como organización sindical hemos venido luchando, junto con otros actores sociales, por la defensa y recuperación de los derechos de millones de chilenos y chilenas, que han sido gravemente vulnerados en temas tanto de Salud Pública como también otros, por ejemplo un sistema de pensiones que no tiene nada que ver con garantizar seguridad social a los y las trabajadoras de Chile, sino con asegurar la inyección de recursos al sistema financiero y las ganancias privadas para unos cuantos».
«Creemos que lo relevante es que, de confirmarse esta solicitud de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, podría establecerse la inconstitucionalidad del decreto que creó las AFP durante la dictadura, pudiendo generarse un nuevo sistema de pensiones que realmente garantice seguridad social, como es el sistema de reparto del que disfrutan las FF.AA. y Carabineros. En caso contrario, deberemos estar atentos y atentas a los argumentos que podría dar eventualmente el Tribunal Constitucional para tratar de explicar esta evidente incongruencia entre el DL 3.500 y lo establecido en la Carta Fundamental sobre propiedad privada», agregó Villaseñor.
