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El conflicto socioambiental, que mantiene enfrentada a la comunidad de la Región de O’Higgins con la empresa sanitaria, tiene su origen en el proyecto de ampliación de su nueva planta de tratamiento de aguas servidas, el que no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental y se emplazaría –según los detractores– en una zona inundable, por lo que existe el peligro latente de que se desborde y afecte a zonas de regadíos. La firma, además, ha sido acusada de verter aguas servidas –debido a la sobrecarga– en un estero local que desemboca en el río Cachapoal y finalmente en el Lago Rapel. Fuera de ello, consta en diferentes documentos que el actual intendente UDI del Biobío, Sergio Giacaman, cuando era gerente de Essbio, firmó acuerdos con la comunidad para que no se opusieran al proyecto a cambio de $3 millones y una gift card. La compañía refuta todo lo anterior y afirma que opera con una política de puertas abiertas y apegada estrictamente a la ley.
No son buenos tiempos para las empresas de servicios sanitarios. A los problemas de suministro que enfrentó Essal en Osorno, se suma el prolongado corte de agua por más de 12 días en Puerto Octay, cuya compañía es de administración municipal. Otro foco de conflicto tiene como protagonista a la empresa sanitaria Essbio, que opera en dos regiones, en la del Biobío y del Libertador Bernardo O’Higgins, con un total de 2 millones 600 mil personas.
Desde 2001, la firma opera una Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, (PTAS) que cubre las necesidades de tratamiento de Rancagua, Machalí y Graneros. Actualmente, Essbio tiene proyectada una ampliación de la planta, ubicada en la zona de Chancón, a 4,8 kilómetros del asentamiento humano conocido como Santa Amelia de Chancón. Muy cerca del estero La Cadena, donde tradicionalmente, desde hace 5o años, se depositan las aguas servidas. Ese curso de agua va a dar hasta el río Cachapoal.
Desde un comienzo, la nueva planta ha enfrentado la oposición de una parte de la comunidad cercana a las instalaciones. Essbio considera la construcción como una “cuarta unidad” de tratamiento, que se suma a las tres existentes en el mismo terreno donde funciona la planta actualmente.
Hasta aquí, parece todo muy simple. Salvo que en este lapso, y antes, la prueba de la sobrecarga generada por las aguas residuales y los reclamos de los vecinos organizados se han multiplicado. El año pasado, Isabel Gutiérrez, vecina de la comunidad de Santa Amalia e integrante de la Asociación Regional Ambiental de O’Higgins, denunció con pruebas gráficas que Essbio había vertido aguas servidas antes de llegar a la planta de tratamiento en el estero La Cadena, en agosto del año pasado.
“La denuncia que yo hice es que tiraron el agua a metros de un colegio y de una APR que es de agua rural. Dijeron que es un hecho puntual, pero es recurrente. No es un hecho puntual. Se sabe que la infraestructura no es suficiente para la cantidad de gente. Por eso para ellos es mejor tirar el agua cruda en el estero La Cadena. Y nadie ha hecho absolutamente nada. Un trabajador nos dijo que al menos una o dos veces a la semana las rejillas se tapan y tienen que tirar el agua cruda al estero”, afirma Isabel Gutiérrez, quien como el resto de los habitantes de la zona está preocupada por la posibilidad de que la falta de un tratamiento adecuado pueda afectar a las aguas de regadío.
Una visión que comparte Óscar Anwanter, presidente de la Corporación de Protección y Desarrollo del lago Rapel (CODEPRA), uno de los polos turísticos más importantes de la región. “La empresa descarga aguas servidas que no están debidamente tratadas en el estero La Cadena, que desemboca en el Río Cachapoal y el río va a dar al lago Rapel y ahí ingresa un exceso de nutrientes que en definitiva producen cianobacterias que a ciertas temperaturas ponen el agua de color verde. No siempre, pero sí en momentos en que la empresa se ve sobrepasada. Tenemos dudas respecto de que en esta ampliación de la planta, la empresa va a hacer las inversiones necesarias para que no ocurra lo anterior, es decir, el vertimiento de aguas servidas en el estero La Cadena”, plantea.
Según Essbio, esta descripción hecha por Anwanter es «inexacta». En la compañía aseguran que «la planta está a más de 55 kilómetros de distancia, en el trayecto del río Cachapoal existe una gran cantidad de actividad humana, comercial, agropecuaria y turística, entre otras, por lo que es inexacto apuntar responsabilidad a la empresa sanitaria por estos efectos».
Otro de los afectados que encabeza la oposición al proyecto es el agricultor Carlos Valdés, dueño de un predio en el que planta cerezos y que tiene una de las cámaras de la planta en su propiedad. En 2016, el rebalse de las aguas inundó su campo y la empresa debió indemnizarlo, luego que con fotografías certificadas ante notario comprobara los daños. Valdés, al igual que los otros habitantes que están atentos a la ampliación de la planta, no se opone a lo que resulta evidente que es necesario. El problema es que, hasta ahora, Essbio proyecta la obra sin un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y apoya la autorización del proyecto solo en una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
“En el EIA la empresa se declara como un ente contaminante, entonces toma las medidas para resarcir esos efectos. En la DIA la empresa simplemente declara que no contamina. Creo que los entes estatales no tienen la fuerza ni los recursos para fiscalizar empresas como Essbio de la manera que corresponde y pueden actuar en el margen que solo la ley les permite. Aunque la gente de la SISS tiene la mejor voluntad”, señala y cree que “estas empresas presentan una imagen pública pero tienen otra forma de trabajar por dentro. Tienen un modelo que se basa en el precio que debe tener el costo de su operación y año tras año estos señores han seguido a la vuelta de la rueda”, afirma, en relación con la escasa inversión en actualización tecnológica que –a su juicio– ha hecho Essbio y la falta de transparencia en su operación.
La empresa se defiende afirmando que ha acogido las demandas de la comunidad y pone como ejemplo el hecho de que desistió de una parte importante del proyecto original, que incluía el tratamiento de lodos, derivados de las aguas servidas.
“El proyecto original, consideraba, además de la ampliación de la planta, la construcción de un sistema adicional de tratamiento de lodos para otras plantas de la región, iniciativa que concitó la oposición de la comunidad vecina. Si bien el proyecto original era técnicamente viable y cumplía con toda la normativa aplicable, la empresa luego de entregar sus argumentos a la comunidad y evaluar los planteamientos de los vecinos, decidió eliminar esta parte del proyecto”, subrayan desde Essbio.
Sin embargo, el proceso no ha resultado todo lo fluido que la firma espera para un proyecto que se presenta como inofensivo para la comunidad. Essbio ha pedido dos prórrogas para responder una Adenda con las exigencias de la comunidad y las autoridades regionales. La última de ellas, del 17 de septiembre, por lo que debería responder a estas consideraciones en un plazo que vence el 17 de octubre.
Y otro de sus manejos controvertidos quedó al descubierto en abril de este año, cuando se hizo público un contrato gestionado por Sergio Giacaman, actual intendente UDI de la Región del Biobío y que para esa fecha era subgerente de relaciones con la comunidad de Essbio.
En ese acuerdo, un total de 21 familias directamente afectadas por la planta se comprometían a no reclamar durante doce años a cambio de una suma de poco más de $3 millones, más una gift card por otros dos. Según la compañía, este fue un pedido que surgió de la misma comunidad y el propio Giacaman debió explicarlo: “El rol que yo tenía en la empresa, muy coherente con lo que yo soy como persona, es de cultivar el diálogo, y en ese caso en particular yo fui parte de un proceso de diálogo con una comunidad que necesitaba, le pedía a gritos a la empresa, el poder sentarse a conversar y construir un diálogo que les permitiera construir un diálogo de buenos vecinos”, dijo.
Essbio defiende este modo de actuar como parte de su política de puertas abiertas con la comunidad. “La empresa ha abierto las puertas de la planta a la comunidad, para que conozcan su funcionamiento actual y en qué consiste el proyecto de ampliación. Las comunidades vecinas han tenido la instancia de manifestar formalmente sus observaciones en el proceso de participación ciudadana y a través de las mesas de trabajo que la empresa ha sostenido con ellas. Por su parte, el proceso de ampliación, una vez aprobado, deberá cumplir con todas las observaciones y exigencias que los organismos sectoriales competentes indiquen para asegurar el buen funcionamiento futuro”, puntualiza.
De cualquier forma, hasta ahora, el proyecto de ampliación de la PTAS no tiene un estudio de impacto ambiental, como sí lo tuvieron antes de funcionar instalaciones similares en Villarrica, Linares, Talca o Panguipulli.
Para Claudio Segovia, alcalde de Graneros, igual que todos los incumbentes, este detalle resulta clave, porque implica que la firma en esta instancia debe reconocer la necesidad de implementar las mejoras necesarias al proyecto original.
“Entendemos esto como el estilo de un Estado garantista que permite que esta empresa pueda hacer cosas que para cualquier otra persona están vedadas. Nos parece que no es la forma, que esto debiera ser parte de un diálogo y se lo dijimos en el SEA, cuando tuvimos la reunión con la empresa y las autoridades. Pero un diálogo sin gift card, sin beneficios de corto plazo, sino con beneficio para toda la comunidad. Una empresa sanitaria tiene el deber de resguardar el medio ambiente, de realizar estas obras adecuadamente”, enfatiza.
“Las normas no son suficientes. Pero tampoco existe la ética por parte de la empresa, con los estándares que ad portas de la Cop25 debiéramos tener. Se cumple con el protocolo, pero no se concreta la verdadera participación ciudadana. No buscamos que gaste más dinero necesariamente, pero que hagamos las cosas bien. Ellos van a vender lo que quieren vender, no podríamos optar por otra empresa”, concluye.
La compañía refuta todo lo anterior y afirma que opera con una política de puertas abiertas y apegada estrictamente a la ley. Además, entrega datos para probar que aporta con acciones ante la crisis hídrica y para la agricultura de la región. «La planta tiene una capacidad de 1.100 l/s (litros/segundos), lo que implica que con este caudal medio es posible regar hasta 1.100 hectáreas (1 l/s por hectárea). Otro dato relevante de aporte de esta planta a la cuenca es que, considerando la compleja situación hídrica de la región, aproximadamente el 35% del agua que se produce en época de verano proviene de agua de napa, por lo que es agua adicional aportada por la extracción de la sanitaria, que permite ser reutilizada aguas abajo», explica.
