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La cabeza del Mineduc afrontará una de las semanas claves de su trayectoria, en la que podría quedar inhabilitada de una posible carrera como senadora, si la oposición logra aprobar la Acusación Constitucional en su contra. El Mostrador accedió a una serie de documentos que han sido revisados por la oposición para dotar de más contenido el argumento técnico y jurídico en su contra, principalmente ligado a las responsabilidades de la ministra en los problemas de financiamiento y ejecución que ha tenido la denominada desmunicipalización [ACTUALIZADA. Ver N de la R al final de la nota]
La Acusación Constitucional (AC) en contra de la ministra Marcela Cubillos, el alfil del Presidente Sebastián Piñera y el ministro Andrés Chadwick, está a la vuelta de la esquina. Una prueba de fuego para la secretaria de Estado que se juega este martes la viabilidad de su camino político como candidata al Senado, y también para la oposición, especialmente para el Partido Socialista (PS), que ha visto en esta apuesta la posibilidad de blanquear parte de la crisis desatada por el caso de San Ramón y las denominadas “narcorredes” de la colectividad.
Si para la oposición no han sido días quietos, para el oficialismo –principalmente para el ministro Chadwick– muchos menos. El titular de Interior ha movido cielo, mar y tierra para lograr convencer a los parlamentarios DC más díscolos y dar vuelta a alguno del Partido Radical. Este fin de semana en la oposición confirmaron la falta de apoyo del diputado Pepe Auth, quien rechazaría la acusación, aunque habrían ratificado parte de los votos regionalistas y la bancada completa de los radicales, apoyo que se suma a los votos del Frente Amplio (FA).
Pero “el panorama sigue abierto hasta la votación misma”, señalan desde la oposición en el Congreso, ya que hay un factor nuevo que ha generado preocupación al interior de las bancadas: el mismo día martes se vota el proyecto de las 40 horas, lo que podría llevar a que “algunos diputados indecisos intenten dar una señal al Gobierno y a la oposición al mismo tiempo”. Eso significa que algunos parlamentarios podrían preferir respaldar el proyecto de las 40 horas y “hacerle un guiño a Chadwick” rechazando la acusación contra Cubillos, puntualiza un parlamentario de oposición [* Ver N de la R al final de la nota]
Además del pirquineo de votos y la calculadora política, también hay quienes ven en esta Acusación Constitucional la posibilidad de dar cuenta del “daño que le hace la política del Gobierno a la educación en Chile”, indican desde la oposición, razón por la cual dentro de la estrategia argumentativa se han puesto los esfuerzos en el posible mal uso de información personal y en el envío de correos masivos a apoderados para destacar el proyecto “Admisión Justa”, a pesar de que dicha base de datos era de uso exclusivo para políticas del Mineduc.
Otra arista más compleja es la de los problemas en la aplicación de la Ley de Nueva Educación Pública o “Desmunicipalización”, desde la llegada del nuevo Gobierno la política del Mineduc “ha sido fagocitar la educación pública”, destaca una exautoridad de la Dirección de Educación Pública. El nombramiento de María Francisca Johansen como directora interina de la NEP, conocida por estar en contra de la desmunicipalización, la vacante de más de cinco meses para nombrar a alguien definitivo en el cargo, la rotativa de los directores de los Servicios Locales de Educación, encargados de llevar a cabo el proceso, el desfinanciamiento, la falta de funcionarios y el no pago de sueldos y cotizaciones, son algunas de las razones por las que se optó por incluir este ítem en la Acusación Constitucional.
El principal argumento de aquellos que han levantado la Acusación Constitucional es que, a pesar de que Nueva Educación Pública es un organismo autónomo y centralizado, cuyas autoridades son designadas por el Presidente –a través de Alta Dirección Pública–, todo el proceso de instalación de los Servicios Locales debe ser “acompañado y supervisado” por la Dirección de Educación Pública (DEP), “órgano que está bajo la línea jerárquica de la ministra”.
Además, “no parecería coherente que la ministra se desentendiera de las 6.720 escuelas y jardines infantiles que pasarán a los Servicios Locales, ni a los 1.367.000 estudiantes del sistema público”, agregan quienes han preparado la Acusación Constitucional.
Uno de los puntos sensibles dentro del proceso ha sido el financiamiento a los Servicios Locales, que pasa por el Ministerio de Educación y la Dipres.
Durante este año se prendieron varias alarmas respecto a la ejecución del presupuesto para el fortalecimiento de la educación pública. Fue en mayo cuando la comisión mixta de presupuesto citó a la titular de la cartera de Educación, ya que los fondos para los Servicios Locales de Educación aún no habían sido traspasados, salvo para el pago de remuneraciones, según señaló la senadora Yasna Provoste. Nadie del Mineduc llegó a la cita.
Una situación que se arrastra desde el año 2018, es más, la propia ministra Cubillos reconoció que durante los primeros cinco meses de ejecución 2018 solo se había entregado el 7,7% del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), pero que en 2019, en dos meses, se había ejecutado el 11,3% del presupuesto.
Pero, si se revisa el detalle de la ejecución presupuestaria del Programa N°091702 de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública, se observa que, a pesar de que los fondos FAEP para Municipios (más de $246 mil millones) y para los Servicios Locales ($16,5 mil millones) fueron ejecutados en su totalidad, en los fondos de mejoramiento de la infraestructura la diferencia entre los recursos entregados a Municipios y Servicios Locales es abismal.
El Mineduc –a través de la Dipres–, bajo el ítem “Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública”, ejecutó los $42,5 mil millones asignados a las Municipalidades y Corporaciones Municipales, en cambio, de los $4,4 mil millones presupuestados para los Servicios Locales, solo ejecutó $569 millones, un 12,8% del presupuesto. Además, los Municipios y Corporaciones Municipales cuentan con otros fondos especiales para la infraestructura de Liceos Tradicionales ($3 mil millones) y para el equipamientos de Liceos Técnicos ($5,2 mil millones).
Cabe señalar que los recursos entregados a los Servicios Locales de Educación durante el 2018 no logran sumar el fondo de $130 mil millones del Programa de Fortalecimiento de la Educación Pública creado para financiar el proceso de Nueva Educación Pública, consignada en la Ley 21.040. Es más, sumando todos los ítems de ejecución del programa para fortalecer a la educación escolar de 2018, menos los asignados a los municipios, se llega a un monto de $156 mil millones, incluyendo los traspasos a la Junaeb y a la Subdere.
El Mostrador pudo acceder al detalle de la ejecución presupuestaria del Programa N°091702 de Fortalecimiento de la Educación Escolar Pública hasta julio del presente año. De los $17 mil millones asignados al FAEP para Servicios Locales se había ejecutado un 34% ($5,8 mil millones), pero, el porcentaje cae fuertemente en el ítem FAEP asignado a Municipios y Corporaciones, del cual se había ejecutado solo un 9,5% de los $255 mil millones asignados, lo que equivale a más de $24 mil millones.
Respecto al fortalecimiento de la infraestructura, el panorama es inverso. De los recursos asignados a los Municipios y Corporaciones para el “Mejoramiento de la infraestructura escolar pública” se ejecutaron –hasta julio de 2019– $17,5 mil millones de los $49 mil millones presupuestados. Para los Servicios Locales se habían ejecutado 112 millones de los $6 mil millones asignados.
Del presupuesto asignado para los Municipios y Corporaciones municipales para el pago de indemnizaciones por la aplicación de la Ley de Nueva Educación Pública, se había ejecutado casi la mitad, más de $418 millones.
Un ejemplo de los problemas que puede traer el retraso en la ejecución de los presupuestos lo relató Ignacio Cáceres, presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Local de Barrancas (AFUB), ante la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra la ministra Cubillos. El funcionario explicó que a Barrancas se le asignaron $1.134 millones para el programa de Mejoramiento de Educación Escolar, con el cual se deben financiar iniciativas de innovación, calidad y mejoramiento de infraestructura escolar, lo que equivale a $14,1 millones para cada colegio y jardín infantil de Barrancas, por lo tanto, un total de $1.228.177 mensuales respecto de cada una de esas instituciones.
Según la intervención del funcionario, cada escuela necesita un presupuesto “al menos” de $1,6 millones solo para hacer mantenimiento de la infraestructura, “por lo tanto los recursos entregados no son insuficientes”, ya que no habría presupuesto para los ítems de innovación y mejoramiento de la calidad educativa.
El presupuesto no es el único problema que afrontan en los Servicios Locales de Educación, pues la dotación de personal y el pago a los funcionarios han constituido un problema latente en Barrancas y el Huasco, en donde se han vivido intensas movilizaciones, pero también en el nuevo Servicio de Chinchorro, en donde llevan una semana de manifestaciones, por los problemas de instalación de dicho servicio.
Ignacio Cáceres, presidente de la AFUB, también graficó cómo esto afecta a los Servicios Locales, aante la Comisión Revisora de la AC. Según detalló, el Servicio de Barrancas maneja 77 establecimientos educacionales pertenecientes a las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, un total de 23 mil estudiantes, el 90% de ellos vulnerables. Tiene una dotación de 102 funcionarios, “cuatro personas para pagar remuneraciones a 3.200 docentes y funcionarios, pagos que se hacen a mano; diez para el área de personal y tres para atender público”, puntualizó el dirigente.
Además, explicó que el Servicio cuenta con cuatro funcionarios para mantenimiento de 77 escuelas y jardines infantiles, “un gásfiter, un albañil, un eléctrico y un ayudante (…) además de una camioneta para trasladarlos, si ocurre una emergencia simultánea no hay cómo abordarla”. Respecto al área pedagógica, Cáceres señaló ante la comisión que hay tres especialistas para apoyo pedagógico para colegios y liceos, además de tres funcionarios para jardines infantiles y un encargado para el área de estudios.
“Es urgente la ampliación de la dotación en Barrancas, y lo planteamos como una alerta para la instalación de los próximos servicios locales de Andalién Sur, Gabriela Mistral y Chinchorro, que está en movilización”, agregó el funcionario.
Un panorama que se ve “bastante oscuro” para los próximos Servicios Locales, destaca un especialista del Gobierno en el tema, ya que en la actual Glosa Presupuestaria no se estarían destinando más recursos para el ítem de contratación, y se estaría priorizando la contratación de “nuevos honorarios” para los tres servicios 2019 y los cuatro que se deben implementar en 2020: Atacama, Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins y Los Lagos.
La Ley de Nueva Educación Pública determina un sistema de traspaso de los funcionarios de la Dirección de Educación Municipal (DAEM) o Corporación a los Servicios Locales de Educación, a través de concursos públicos cerrados, y en caso de que todos los cupos no sean llenados, se realizará un concurso abierto.
En el año 2018, para el Servicio de Barrancas se estimó una dotación de 109 funcionarios, según la Ley de Presupuesto, para el concurso cerrado se abrieron 90 cupos (8 de planta y 82 a contrata). En el caso de Puerto Cordillera, de las 84 plazas estimadas se abrieron 67 para el concurso de los funcionarios de la DAEM. En el Servicio de Costa Araucanía se publicaron 74 cargos a concurso cerrado, de los 92 estipulados en la Ley de Presupuesto. Mientras que en Huasco, de los 78 cupos disponibles por ley, 58 fueron ofertados a los exfuncionarios municipales.
Para los Servicios Locales en proceso de instalación durante el 2019 el panorama cambia radicalmente. Para el Servicio de Chinchorro, que comprende las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre, de los 71 puestos establecidos por Ley de Presupuesto solo se publicaron 13 plazas de planta, para el proceso de selección cerrado.
En el caso del Servicio Gabriela Mistral, que incluye a las comunas de San Joaquín, Macul y La Granja, de los 62 puestos disponibles también se publicaron 13 cupos para el proceso cerrado. Finalmente, en el Servicio Andalién Sur, que incluye a Concepción, Florida, Chiguayante y Hualqui, se repiten exactamente los mismos 13 cupos para el proceso cerrado, de los 82 propuestos en la Ley de Presupuesto. En total, para el año 2019, de las 215 plazas ofrecidas para hacer funcionar los tres nuevos servicios locales, solo se dispuso de 13 cupos para los exfuncionarios de las DAEM.
Esta decisión es tomada por los directores ejecutivos de los tres Servicios Locales, Chinchorro, Gabriela Mistral y Andalién Sur, asesorados por la DEP, que –cabe recordar– es dirigida por Alejandra Grebe, cercana a la ministra Cubillos. Además, la comisión de selección de los nuevos funcionarios es integrada por representantes de la DEP y del Mineduc, ya que los servicios aún no cuentan con personal.
Fuentes de la DEP señalaron a El Mostrador que esta reducción responde a la idea de “limpiar” los Servicios Locales de “operadores políticos” y militantes de oposición que son parte de los municipios, además de “encontrar a las personas idóneas para los puestos”. Pero dentro de las Direcciones de Educación hay “molestia y preocupación” por la cesantía que se generará y porque “en estas comunas más del 50% de los niños y niñas asiste a la educación pública”, destaca una exdirectora de Educación Municipal. Además, en algunas comunas de estos servicios “se supera el promedio de los índices de pobreza a nivel nacional”.
Según las proyecciones del Mineduc, para el 2020, los 11 Servicios Locales activos concentrarán la matrícula de 181 mil estudiantes, ubicados en 164 escuelas y 153 jardines infantiles. A fines de este proceso, en el año 2021, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa –si se mantiene en su puesto–, estará a cargo de liderar el Consejo de Evaluación, el que deberá asesorar al Presidente Sebastián Piñera respecto al curso de la instalación de los SLEP. Una ventana que reabre el fantasma de todos aquellos municipios, principalmente ligados a la derecha, que se opusieron a perder la administración de los colegios, en el proceso de Nueva Educación Pública.
*N de la R: La mesa de la Cámara de Diputados finalmente decidió agendar para el miércoles 23 de octubre la votación del proyecto de 40 horas.
