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La compra de tierras mapuche sigue tensionando al subsecretario. El caso continúa su tramitación judicial en el Juzgado de Garantía y Letras de Pucón, pero en paralelo la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre adquisición de tierras indígenas aprobó hoy con los votos de la oposición un informe final, que apunta en contra del número dos del Ministerio del Interior. “Si hay alguna responsabilidad penal, lo tendrá que determinar el Ministerio Público», dijo el diputado RD Miguel Crispi [ACTUALIZADA]
Remitir los antecedentes a la Contraloría y al Ministerio Público, por existir hechos que pueden revestir carácter de delito, son dos de las acciones claves adoptadas en su informe final por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre adquisición de tierras indígenas, instalada a raíz de la compra de un terreno por parte del subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla.
Por 7 votos contra los 6, la instancia parlamentaria aprobó el informe, con los votos en contra de Chile Vamos. “Se hizo un trabajo serio, concurrimos a La Araucanía, pudimos sacar conclusiones concretas. Pero Chile Vamos pone en duda todo ese trabajo, solo porque se menciona en el informe al subsecretario del Interior. Me parece irresponsable”, dijo el diputado RD Miguel Crispi.
La comisión investigadora fue instalada en abril con el encargo de analizar cómo las instituciones del Estado han intervenido en relación a la compra de tierras indígenas, particularmente, en las regiones del Biobío, de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, luego de conocerse la compra por parte del subsecretario Ubilla, de dos predios al interior de la comunidad mapuche Mariano Millahual, en el sector Quetreleufu de Pucón.
Pero en la derecha también hubo reacciones. “Lamentamos que se haya perdido una oportunidad de haber podido hacer un informe en que todos estuviéramos de acuerdo. Desde el día uno ellos apuntaban a un hecho específico y, así como ayer quisieron ir contra la ministra Cubillos, hoy quieren ir contra el subsecretario Ubilla”, acusó el diputado Miguel Mellado (RN), en declaraciones publicadas en La Tercera.
Sin embargo, Crispi insistió en que “el mismo subsecretario Ubilla vino a la Comisión, ¿cómo no va a estar en el informe? La derecha se aferró a la idea de ‘sacamos eso y nos ponemos de acuerdo’. El subsecretario expuso su caso y eso quedó consignado en el informe. Si hay alguna responsabilidad penal, lo tendrá que determinar el Ministerio Público».
El caso de Ubilla también está en manos de la justicia civil, causa que se tramita en el Juzgado de Garantía y Letras de Pucón y donde se enfrenta el subsecretario y sus demandantes, la familia mapuche Painequir.
Otro personero de Gobierno cuyo nombre estuvo sobre la mesa es Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo del exministro Pablo Longueira, exjefe de gabinete del ministro Alfredo Moreno cuando estuvo en Desarrollo Social. El hijo del ex hombre fuerte de la UDI, quien ahora se desempeña en la Secom, también ha estado en el ojo del huracán por la compra de dos parcelas en Chucauco (Villarrica) de origen mapuche.
En sus conclusiones, el informe de la comisión investigadora acuerda “remitir los antecedentes de la comisión al Ministerio Público, por existir hechos que pueden revestir carácter de delito. Los Diputados de la República, dada su alta investidura, tienen el deber de informar a las policías o al Ministerio Público cada vez que conozcan de hechos que pudiera revestir carácter de delito, y no hacerlo puede significar una grave falta de su parte”.
Asimismo, contempla “remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República para que investigue y se pronuncie sobre la legalidad de los actos del Sr. Rodrigo Ubilla y sobre la comisión o no de alguna falta a sus deberes como funcionario”.
Igualmente, considera la “creación de una mesa intersectorial dirigida por el Ministerio de Desarrollo Social para coordinar y sistematizar el trabajo de notarios, conservadores de bienes raíces y la Conadi”.
La comisión también establece la responsabilidad política de Conadi y del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia en las irregularidades que ocurrieron durante la adquisición de diversos predios que pertenecían a miembros de comunidades indígenas. Esto, según explicó la diputada Joanna Pérez, “por, entre otras cosas, tener desactualizado el Registro Público de Tierras Indígenas, por no fiscalizar activamente cuáles tierras son o no indígenas actualmente y como consecuencia de ello permitir que terrenos con calidad indígena, hoy en día estén en manos de personas no indígenas. Esto es realmente preocupante y el Estado tiene que hacerse cargo”.
“También establecimos la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, y Familia porque es el organismo encargado de supervigilar a la Conadi y en ese rol, tampoco detectó a tiempo las falencias que permitieron la venta de las tierras a personas que no eran indígenas”, complementó la parlamentaria falangista.
En cambio, según el RN Miguel Mellado, “el gran culpable de este tema, si hay que buscar uno, es la Conadi, producto de que no se está cuidando, no hay un catastro, tampoco la Contraloría lo tiene, tampoco los Conservadores de Bienes Raíces”.
