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El Ministerio Público determinó, luego de un año de investigación, que existen méritos suficientes para investigar a Enap por su responsabilidad en la evacuación en Talcahuano del Mall Plaza El Trébol y la Clínica Bíobío, por un olor proveniente de la transferencia del crudo del tipo Iranian Heavy. Y también por la intoxicaciones en la bahía de Quintero que tendrían como origen la misma fuente, el crudo iraní que llegó a esas costas. Al respecto, Enap emitió un comunicado en el que reiteraron su convicción de que sus procesos fueron realizados correctamente y que no tienen responsabilidad en ninguno de estos episodios.
Seis ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), serán formalizados por delitos medioambientales, por la responsabilidad que tendrían -de acuerdo al Ministerio Público- por los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví el año pasado, así como también en la evacuación de una clínica y un centro comercial en la comuna de Talcahuano, Región del Bíobío.
La Fiscalía ingresó esta tarde una solicitud de formalización al Juzgado de Garantía de Talcahuano contra los seis ejecutivos de las refinerías de Hualpén y Quintero. También le fueron formulados cargos a una séptima persona, de una empresa prestadora de servicios.
En concreto, el Ministerio Público detalló que los ejecutivos a formalizar son: Edmundo Piraíno Suez, gerente de ENAP Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de ENAP Refinerías Bío Bío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de ENAP; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, ENAP Refinerías Aconcagua; Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de ENAP Refinerías Bío Bío; Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero, ENAP Refinerías Aconcagua.
El otro imputado es Joseph Darlington Flores, capitán de la marina mercante, quien se desempeñaba en una empresa prestadora de servicios de Enap.
El Ministerio Público determinó, luego de un año de investigación, que Enap es responsable en la evacuación en Talcahuano del Mall Plaza El Trébol y la Clínica Bío Bío, por un olor proveniente de la transferencia del crudo del tipo Iranian Heavy.
Posteriormente, dicho cargamento llegó hasta las comunas de Quintero y Puchuncaví, generando las intoxicaciones masivas que iniciaron en agosto del año pasado.
Las indagatorias están siendo llevadas por la fiscal regional del Bíobío, Marcela Cartagena.
Además, se pidió la inhabilidad del Juzgado de Quintero, considerando que el delito imputado tuvo su inicio de comisión en la comuna de Talcahuano, donde llegaron los 180 mil metros cúbicos de crudo iraní.
Por otra parte, Cartagena comentó que formalizarán considerando el delito definido en el 291 del Código Penal. «Supone como verbo rector la propagación de sustancias que están definidas en el código y que en general tienen el mérito o el demérito de poner en peligro la salud de los seres vivos», dijo.
El abogado Remberto Valdés, querellante en la causa en representación de más de 1.000 vecinos de Quintero y Puchuncaví, que el 29 de julio había pedido la formalización que se concedió hoy, manifestó su satisfacción por la resolución y adelantó que no descarta subir en la línea ejecutiva de ENAP, pidiendo al Ministerio Público que lo haga con ejecutivos del primer nivel jerárquico de la petrolera del Estado de Chile.
En este sentido, Valdés interpeló al directorio de ENAP para que “baje desde las alturas al llano” y reconozca la responsabilidad de la empresa del Estado, allanándose a indemnizar a las personas que fueron víctimas de la nube tóxica de agosto de 2018. Sostuvo que con esta decisión del Ministerio Público “hay un fundamento jurídico irredargüible” que debiera obligarles a reparar el daño causado a sus representados quienes, aseguró, “no pueden seguir esperando”.
Al respecto, Enap emitió un comunicado en el que reiteraron su convicción de que sus procesos fueron realizados correctamente y que no tienen responsabilidad en los episodios de Talcahuano y Quintero. «Tenemos plena confianza que así se acreditará en la investigación».
De forma paralela la fiscal adjunta del Biobío, Ana María Aldana, instruyó a la PDI que concurra hasta la Superintendencia de Medio Ambiente para obtener una copia del informe que la superintendencia encargó al Dictuc de la Universidad Católica, con motivo de las intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví, y que ha mantenido en secreto hasta hoy.
