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Para este año, la Dirección General de Aguas programó 38 remates de derechos de aguas de ríos y esteros, el 97% de ellos en la Región del Biobío. Actualmente hay dos comunidades en dicha región que se encuentran movilizadas para detener estos remates de aguas que fueron recuperadas por el Estado, debido a que los privados que habían adquirido los derechos, no pagaron las multas por el no uso de los mismos. Los vecinos y comunidades han levantado recursos ante la justicia para evitar la privatización de los ríos Queuco y Renaico, un mecanismo que está reglado por el actual Código de Aguas. “Los ríos de ninguna forma se tienen que intervenir, ni con proyectos, ni con venta, ni nada», sostiene Freddy Queupil, integrante de Salvemos los Ríos.
El 25 de septiembre, una decena de representantes de comunidades Pehuenches llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Concepción, con el fin de manifestar su oposición al remate de los derechos de aguas de dos esteros del Alto Biobío y de la privatización del Río Queuco. Dos de los remates resultaron desiertos, pero uno fue paralizado por la Corte de Apelaciones de Concepción, que dictó una orden de no innovar, luego que la werkén de la comunidad de Butalelbun en Alto Bíobío, Carmen Paine, junto a Abel Marilao y el senador Alejandro Navarro, interpusieran un recurso de protección para bloquear el remate del río.
La orden de no innovar se dio en medio de un agitado contexto social en la zona, en donde distintas organizaciones por la defensa de las aguas en el Biobío se han movilizado en contra del proyecto de Carretera Hídrica, liderada por el empresario Juan Sutil Servoin, de la Corporación Reguemos Chile, que tiene como objetivo alimentar con nuevos recursos hídricos a los proyectos agrícolas afectados por la sequía entre la Tercera y Octava regiones. Esta obra de infraestructura es similar al proyecto “Olmos” que, según las comunidades pehuenches de la Red Por la Defensa del Río Queuco, “desalojó a las comunidades indígenas donde se realizó el proyecto, sumiéndolas en la pobreza y afectando el desarrollo de su cultura ancestral”.
En este contexto es que la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción marcó un precedente para la asignación de nuevos derechos de aguas, sostenido en el Código de Aguas, que data de 1981 y que fue modificado en el año 2005, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos. Un “golpe para la fórmula de remate de aguas”, reconocen los entendidos en el tema, ya que por primera vez se frenó un remate con un recurso legal, basado en la propiedad que tienen de la tierra y el agua las comunidades indígenas.
El principal argumento del recurso era que “las aguas que se pretende rematar, son de propiedad ancestral de los indígenas de la zona. Como es sabido, la propiedad indígena ancestral ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como una “especie de propiedad” (…) No solo eso, sino que el Río Queuco, es parte de la forma de vida, costumbres y filosofía (cosmovisión) del pueblo pehuenche”.
Es debido a este argumento que desde el Gobierno ven con preocupación la resolución, que podría marcar un precedente para una serie de conflictos sociales mediados por la crisis hídrica que vive nuestro país. Es más, la resolución ha logrado captar la atención al interior del Ministerio de Obras Públicas y en la DGA, debido a que más del 90% de los remates de agua programados para el 2019 se han centrado en la Región del Biobío.
Carmen Paine asegura que las comunidades van a “defender todos los ríos” y que esperan que los afluentes pasen a ser de su propiedad bajo la figura de “merced, al igual que las tierras recuperadas. Los gobiernos y empresarios han intervenido todos los ríos y aguas que están río abajo, pero con la delegación, en una semana echamos abajo el remate”.
Las razones de este remate no están muy claras, y, a pesar de que algunos vecinos apuntan a que la próxima instalación de la Carretera Hídrica podría estar generando más interés en adquirir derechos de aguas en la zona, el Seremi (s) del MOP, Aldo Careaga, señaló a Radio Biobío que, al ser derechos “no consuntivos”, no pueden ir a dar a la Carretera Hídrica, “están confundiendo las cosas”.
Pero dentro del mundo movilizado por defensa del agua apuntan a que el proceso de descarbonización para el 2040 hará que la matriz energética del país dependa de la energía producida por hidroeléctricas, que constituyen el principal fin de los señalados derechos no consuntivos. Razón por la que se podría estar “reactivando el mercado de los derechos de aguas en la zona”, el que se había visto “de capa caída desde HidroAysén”.
Cabe destacar que el remate del Río Queuco se abrió a partir de tres solicitudes por adquirir derechos no consuntivos de aguas, que datan del 2011. Según el archivo de la DGA Biobío, la Sociedad de Ingeniería e Inversiones Ignalux Ltda. presentó una solicitud, el 12 de enero de 2011, para obtener un caudal permanente de 250 m3 por segundos en una extensión de 1.354 mts; el 20 de enero del mismo año, Exploenergías Ltda. solicitó adquirir derechos por 60 m3/s en una extensión de 660 mts; finalmente Ricardo Pascual y Gustavo Navarrete solicitaron derechos de aguas por 55 m3/s en una extensión de 596 mts, el 21 de febrero de 2011.
Ignalux Ltda. está conectada con el rubro energético, a través de su socio Marco Cáceres Ule, inversionista en sociedades agropecuarias, hoteleras y forestales. Es socio de Energías Patagonia Ltda., Hidroenergías para Chile, Hidroeléctrica Energía Austral e Hidroeléctrica Cono Sur. Según una publicación de Interferencia, en el 2015, Ignalux Ltda. solicitó tres derechos no consuntivos en el Río Biobío por un caudal de 2000 m3/s en cada una, y Exploenergías Ltda. tiene 46 solicitudes de derechos de agua a la DGA. Ricardo Pascual y Gustavo Navarrete también tienen intereses en el mundo de la energía, pues son socios de “Central Hidroeléctrica Pirinco II SPA”, a través de Inversiones Linkankura Ltda.
Pero estas no son las únicas empresas que pueden participar del remate. En el Código de Aguas se determina que otros organismos del Estado y otros privados también pueden participar de los remates de derechos del citado recurso, consuntivos, no consuntivos y de explotación de aguas subterráneas.
Roberto Quiñelén –profesor de cultura y cosmovisión mapuche de la Universidad Bolivariana, quien ha investigado el caso del Río Queuco– señala que el llamado a remate de los derechos de aguas “claramente es para poder utilizarlos para nuevas hidroeléctricas, hay una planta más abajo que se incorpora al sistema interconectado central y que utiliza las aguas del Queuco, y poco se habla de ella”. Detalla que el recurso es solo “una forma de demorar la venta de aguas”, pero que “si a esto no se le da un sentido de solución legal y no un parche, vamos a continuar con estos remates”.
La subasta de Queuco no es el único caso en conflicto, el 6 de octubre más de mil personas realizaron una marcha en la comuna de Renaico, en contra de la instalación de la hidroeléctrica de pasada “Agua Viva”, de Electro Austral Generación, ligada al empresario salmonero Isidoro Quiroga, conocido como el “Zar de las Aguas”, quien –según una publicación de Ciper– obtuvo entre 2008 y 2015 más de US$25 millones por la venta de derechos de aguas.
El proyecto, que busca alimentar el Sistema Interconectado Central, se encuentra paralizado, pese a que fue aprobado por el Comité de Ministros del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el 2017. Una de las razones sería que la empresa no cuenta con los derechos de aguas para utilizar el caudal del Río Renaico, frontera natural entre las regiones de La Araucanía y el Biobío.
La Dirección General de Aguas (DGA) citó para el 26 de agosto a un remate de derechos de aguas no consuntivos con fines hidroeléctricos, pero el remate no se realizó debido a que el llamado no había sido publicado en diarios de circulación nacional y local. Era tercera vez que la DGA intentaba subastar estos derechos, los que fueron perdidos por la misma empresa, luego que no pagara las multas de $82 millones anuales, producto del no uso de los derechos de aguas. Finalmente se programó un nuevo remate para el 20 de noviembre, el que ya fue convocado a través de los medios de prensa y el Diario Oficial.
Nicolás Fuentes, vocero de Salvemos el Renaico, explica que esta central de pasada es uno de los conflictos que tienen los vecinos y vecinas del Río Renaico, quienes llevan años de movilización debido al impacto de la industria forestal en el citado caudal.
Denuncia que han bajado los caudales del principal lugar de veraneo de la zona y que la preocupación por la contaminación de las aguas se vio agudizada después que se anunciara la instalación de “Agua Viva” en el origen del Río Renaico, un espacio que se había mantenido con aguas vírgenes, sin intervención.
La construcción de una bocatoma –utilizada para captar las aguas del río–, que generaría un espejo de agua que cubrirá 0,4 hectáreas y hasta 7 hectáreas, según Fuentes, junto a los “botaderos” –receptores de desechos de la central de pasada–, que serían instalados a 58 m y 25 m del Río Renaico, son algunas de las preocupaciones que aquejan a los vecinos movilizados. También destacan que la temperatura aumenta en “al menos 2 grados”, luego de ser procesada por las turbinas, lo que genera un impacto en la biodiversidad del río, así como la flora y fauna en sus alrededores. Cabe destacar que la hidroeléctrica se construirá a 500 metros de la Reserva Nacional Malleco –la primera área silvestre protegida en Chile y Latinoamérica–, que posee uno de los bosques de araucarias más importantes del país.
Con el fin de frenar la instalación del proyecto, solicitaron al alcalde de Collipulli, Manuel Macaya, revisar la posibilidad de participar en el remate de los derechos de aguas e intentar adquirirlos, hasta revisar si la Conadi podía hacerse parte, debido a que está en territorio indígena. “Pero no tenía sentido, porque son derechos para generación eléctrica y no tenemos, todos los años, $82 millones para pagar las multas por no usar los derechos”, resalta Nicolás Fuentes.
[cita tipo=»destaque»]La construcción de una bocatoma –utilizada para captar las aguas del río–, que generaría un espejo de agua que cubrirá 0,4 hectáreas y hasta 7 hectáreas, según Fuentes, junto a los “botaderos” –receptores de desechos de la central de pasada–, que serían instalados a 58 m y 25 m del Río Renaico, son algunas de las preocupaciones que aquejan a los vecinos movilizados. También destacan que la temperatura aumenta en “al menos 2 grados”, luego de ser procesada por las turbinas, lo que genera un impacto en la biodiversidad del río, así como la flora y fauna en sus alrededores. Cabe destacar que la hidroeléctrica se construirá a 500 metros de la Reserva Nacional Malleco –la primera área silvestre protegida en Chile y Latinoamérica–, que posee uno de los bosques de araucarias más importantes del país.[/cita]
Según la Ley 20.017, de 2005, que modificó el Código de Aguas, los derechos llevados a remate pueden ser consuntivos (para consumo humano o agrícola), no consuntivos (por lo general para hidroeléctricas) y de explotación de aguas subterráneas. Las comunidades y municipalidades pueden ser parte de los remates, siempre y cuando aseguren la ocupación de los derechos adquiridos. En caso de no hacer uso de los derechos de aguas, son multadas por la DGA y, si las multas no son pagadas, el Estado recupera dichos derechos, los que vuelven a remate, si son solicitados nuevamente por un privado.
Fuentes reconoce que “el tema de los remates es bastante nuevo para nosotros, el único antecedentes es del Río Queuco, esa sería como la vía que tenemos, la única forma de paralizar los remates”. Un ejemplo que podría ser seguido por Salvemos el Renaico, ya que según la reclamación interpuesta por la Unión Comunal de vecinos Marta González, ante el tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, en contra del Comité de Ministros del SEA, el servicio y la empresa solo realizaron una consulta Ciudadana en el 2014, pero no la Consulta Indígena indicada en el artículo 6° del Convenio N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Dependientes de la OIT.
Pero la ausencia de derechos de aguas no sería la única razón de la demora en la instalación de Agua Viva. Al interior del mundo empresarial aseguran que, debido al conflicto social, el rubro energético, especialmente el hidroeléctrico, “se ha vuelto inestable”, razón por la que varias empresas han desistido de sus proyectos. Este sería el caso de Agua Viva. Al menos mientras esté en manos de Electro Austral, sería difícil su implementación en las regiones del Biobío y de La Araucanía. A pesar de la incertidumbre, la central de pasada aún es destacada en su página web, junto a los proyectos “Las Tórtolas” y “Arrayán” de la Región Metropolitana, “Centinela” en el Maule y “Molinos de Agua” en el Biobío.
El denominado “mercado del agua” ha estado en el centro de la polémica en los últimos años. Las dificultades para hacer una nueva reforma al Código de Aguas han llevado a que el proyecto arrastre años durmiendo en el Congreso, a pesar de los intentos de algunos parlamentarios y parlamentarias por agilizar la discusión, y aunque la crisis hídrica en Chile ha estado en portadas de diarios internacionales, el sistema de remate de aguas en manos del Estado es un área poco explorada por los especialistas y el mundo ecologista.
Pese a que la figura del remate de aguas siempre estuvo en el Código de Aguas de 1981, es con las reformas de 2005 que se intensifica su rol en el sistema del “mercado de derechos de aguas”. Antes de la reforma los nuevos derechos de aguas eran asignados al privado que los solicitara, a costo “0”, y solo en caso de que hubiera dos requirentes se pasaba a remate. Los cambios bajo el Gobierno de Ricardo Lagos obligaron a que, cada vez que haya una solicitud de derechos de agua, pase a remate, en el que pueden participar otros oferentes, además de los solicitante. Asimismo, los remates se extendieron a derechos de explotación de aguas subterráneas.
El principal cambio fue la recuperación de los derechos de aguas que no son utilizados, con el fin de evitar la concentración y especulación con dichos derechos, que habían sido entregados sin costo durante la dictadura. De esta forma, si los derechos no son utilizados por la empresa, deben ser devueltos o pagar una multa anual por la no ejecución de los mismos, en cuyo caso es un juez quien “dispondrá, previo informe de la Dirección General de Aguas y teniendo a la vista las peticiones de los posibles interesados” la cuota y fecha del remate.
El informe “Remate de Derechos de Agua en Chile: ¿Qué pasó post Reforma del Código de Aguas del 2005?”, de Clapes UC, es el único que ha estudiado el caso de los remates de aguas. Este puntualiza que, desde la reforma, “una proporción mínima de los nuevos derechos otorgados fueron asignados vía remates” y un 57% de los remates convocados se declararon desiertos. Entre junio 2005 y diciembre 2018 el número total de remates convocados fue de 134 y los derechos no consuntivos agruparon el 72,4% del total de caudales rematados durante 2005-2018.
En el estudio destacan que estas cifras solo corresponden a remates de nuevos derechos de aguas, ya que “no analizamos los remates cuyo origen es una condición de mora en el pago de la patente por no uso de derechos de aguas ya asignados. A fines del 2017 existían más de 3.200 derechos de aguas con remates pendientes de realización, fruto de morosidad en el pago de la patente por no uso”.
Clapes UC destaca que esta modalidad de remate deja abiertos espacios para la especulación entre los que se presenten al remate, hasta al punto de pedir un pago por no presentarse al mismo. Pero dentro del mundo especialista en el rubro apuntan que esta medida también ha servido para intensificar el “mercado privado de aguas” y los traspasos y ventas de derechos de aguas entre privados.
“Los privados tienen una gran capacidad de organizarse, y los dedicados al agua son de los mejor articulados a nivel gremial”, indican desde dicho círculo a El Mostrador. Recalcan que las presiones sociales desde HidroAysén han llevado a disminuir la utilización del remate para la obtención de derechos de aguas y se ha priorizado “el trato entre privados”.
Cabe destacar que en el estudio de Clapes UC se puede observar que, entre los años 2012 y 2015, no se realizaron remates de aguas no consuntivas, dedicadas precisamente a proyectos hidroeléctricos. Además, entre el 2016 y 2018 no se asignó ningún derecho de aguas no consuntivo.
Para el año 2019, de los 38 remates programados por la DGA, 37 están situados en la Región del Biobío. Además de estos, solo un remate se programó para la Exploración de Aguas subterráneas, ubicadas en Diego de Almagro, Región de Atacama. La postura mínima era de $173 millones, y no llegaron postores. Además, para el año en curso se proyectaron 36 remates de derechos no consuntivos. En la DGA señalan que se puede deber a que muchos proyectos hidroeléctricos han sido desechados.
La abogada Manuela Royo explica que el sistema de remates es insuficiente para lograr moderar el mercado de aguas y subraya que “lo importante es concebir que el derecho al agua es un derecho humano y es fundamental. El Código de Aguas y la legislación interna no cumplen con los principios básicos del derecho humano al agua, eso siempre se debe considerar”.
Para Freddy Queupil, integrante de Salvemos los Ríos, la pregunta es por qué, en medio de una crisis hídrica, se rematan los derechos de aguas, en vez de entregarlos a las comunidades. “Los ríos de ninguna forma se tienen que intervenir, ni con proyectos, ni con venta, ni nada que les genere algún tipo de daño, esto a la larga va a significar extracción de afluente a extracción de agua”.
Asegura que el sistema de remate “responde básicamente a uno que está mal hecho. El sistema favorece la mercantilización de ese recursos y el derecho básico de consumo queda en segundo lugar. Frente a eso, hay claros ejemplos en el norte, donde la escasez es inmensa, pero quienes retienen las aguas son las empresas”.
