PAÍS
Crédito: Agencia UNO
La Sociedad Civil por la Acción Climática emitió una declaración a propósito de los casos de Katta Alonso y Rodrigo Mundaca, en donde plantean que “vemos con preocupación la inacción en la materia por parte del Gobierno de Chile, la inexistencia de políticas públicas en la materia, la negativa injustificada del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú -único acuerdo internacional que se refiere a la materia- y las irresponsables declaraciones de algunos personeros del Gobierno, por ejemplo, llamando “terroristas” a quienes se manifiestan por el agua”.
Un directo emplazamiento al Gobierno a tomar cartas en el asunto a raíz de las amenazas de muerte de distintos defensores ambientales, y un nuevo llamado a firmar el Acuerdo de Escazú, formularon una serie de organizaciones de la sociedad civil.
El documento, suscrito por 46 organizaciones, como Espacio Público, Fima, Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Alerta Isla Riesco Amnistía Internacional Chile, Greenpeace y Ciudadanía Inteligente, entre otros, pone el foco en la situación que afecta a Katta Alonso, dirigenta de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare) de Quintero-Puchuncaví y Rodrigo Mundaca, dirigente del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).
“Vemos con preocupación la inacción en la materia por parte del Gobierno de Chile, la inexistencia de políticas públicas en la materia, la negativa injustificada del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú -único acuerdo internacional que se refiere a la materia- y las irresponsables declaraciones de algunos personeros del Gobierno, por ejemplo, llamando “terroristas” a quienes se manifiestan por el agua”, señala la declaración.
Entre las acciones concretas, la Sociedad Civil por la Acción Climática pide al Gobierno que “junto con las querellas correspondientes, se solicite al Ministerio Público la designación de un Fiscal con Dedicación Exclusiva para estos casos, en la Región de Valparaíso, que se suman a los de Verónica Vilches (Modatima) y Patrick Rojas (Quintero), siendo que en esta última se acusa que las amenazas provendrían de funcionarios de Carabineros”.
Junto a su preocupación por las amenazas recibidas por Katta Alonso y Rodrigo Mundaca, estas organizaciones expresan que “estas amenazas se suman a un clima creciente de violencia en contra de defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente, el que ha sido alimentado por las expresiones irresponsables y la apología al odio de sectores extremos de la sociedad, las que lamentablemente no han sido controladas adecuadamente por las instituciones democráticas, legitimando la agresión y la discriminación como maneras de hacer política”.
“La violencia que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente requiere de la atención de los Estados, pues se multiplican los asesinatos y la violencia en su contra. Defensores y defensoras son miembros imprescindibles de una sociedad democrática, como actores que velan por la justicia social e intergeneracional, llevando un mensaje que es esencialmente pacífico y que busca la armonía entre las personas y su entorno”, añade.
En este contexto, la Sociedad Civil por la Acción Climática exige la “firma del Acuerdo de Escazú, la creación de una política pública de protección de defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y, en defensa de la democracia y la paz social, combatir decididamente la apología al odio”.
Cabe recordar que dicho acuerdo –que el Gobierno se resiste a suscribir- establece, en su artículo 9.1, respecto a los defensores de los DDHH en asuntos ambientales, que «cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad».
