PAÍS
La batería de medidas con las que el Presidente se presentó al país, con un tono más conciliador después de 5 días de protestas en todo Chile, no tuvieron efecto alguno para bajar la presión social. Tal como afirman los especialistas, no son medidas estructurales, sino pequeños paliativos. Especialistas en pensiones, salud e impuestos y que conocen bien el detalle de las cifras, observan en los anuncios la letra grande y la letra chica.
Los anuncios más importantes del Presidente Sebastián Piñera el lunes, como una forma de bajar la presión del estallido social en las ciudades y volver paulatinamente a la normalidad, fueron cuestionados como medidas de alto tonelaje por parte de la oposición, algo que parece obvio en un contexto de política habitual, donde los bandos están continuamente enfrentados. Pero por una parte: los que no asistieron al almuerzo con el Mandatario. Los que sí fueron, los timoneles del PPD, la DC y el Partido Radical, tuvieron una reacción comedida, de buena crianza.
Carlos Maldonado, presidente del PR, sostuvo que el anuncio presidencial tuvo “un sello puesto en la protección social”. Heraldo Muñoz, del PPD, en un tono pacificador, dijo que constituían “un buen primer paso, pero habría que ir más allá. Son insuficientes para responder a las demandas ciudadanas”. Fuad Chahin, al frente de la DC, planteó que las medidas iban en la línea correcta, aunque “hubiésemos esperado algo más estructural, pero es una base importante para empezar a conversar”.
Los especialistas, conocedores de las cifras, observan la letra grande y la letra chica.
El Presidente Sebastián Piñera anunció «un aumento inmediato del 20% de la Pensión Básica Solidaria, lo que beneficiará a 590 mil pensionados», y además “un aumento inmediato de 20% en el Aporte Previsional Solidario, lo que beneficiará a 945 mil pensionados». Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, aterriza en cifras la promesa de Piñera.
«Ya estaba comprometido que existiera un aumento del 10% en la Reforma Previsional, de la pensión básica solidaria que hoy está en 110 mil pesos y fracción. Lo que compromete el Gobierno es que ese aumento inicial, en vez de que sea un 10%, sea un 20%, y eso significa que la pensión básica solidaria llegaría a 132 mil pesos, veintidós mil pesos más”, puntualiza. En otras palabras, el Mandatario solo ofrece un 10% en este paquete de Agenda Social.
En la práctica –señala– la pensión seguirá siendo muy insuficiente para los gastos básicos, porque además está muy lejos de alcanzar el salario mínimo. Si el ingreso mínimo garantizado anunciado sería de $350 mil, con el aumento inmediato a la pensión esta quedaría por debajo de un 40% del salario mínimo. «Lo cual sigue mostrándonos una pensión que no alcanza para casi nada”, asegura.
Respecto del aumento del Aporte Previsional Solidario, que es el subsidio del Estado a las pensiones bajas, el incremento también es exiguo y tampoco llega a toda la gente. “Solo aplica para el 60% más pobre, no es universal. Lo que ocurre es que sube el techo para el cual puedes postular al subsidio. Una persona que está en el 60% más pobre y recibe una pensión inferior a $325 mil, puede optar al subsidio. Mientras más baja es la pensión, más alto es el subsidio, pero nunca se llega al techo. Por ejemplo, si alguien saca una pensión de 100 mil, sube a 180 mil, pero una persona que está en 250 mil, sube a 280 mil», sostiene Kremerman.
Dentro de los anuncios el Presidente también presenta el que se establece como “un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones mensuales”. Además precisó que la recaudación de impuestos aumentaría en US$160 millones. A primera vista, una buena noticia para quienes piensan que las personas de altos ingresos pagan pocos impuestos. Pero no es tan así. Según Daniel García, director ejecutivo de Espacio Público, «aquí estamos gravando a los empleados de más alta renta pero no a los dueños. Es un gerente, de sueldo súper alto”, dice, puntualizando que una medida como esta puede incentivar la evasión y la elusión.
“Se provoca este posible incentivo a la evasión, sobre todo en rentas altas: gente que puede contratar abogados y servicios de planificación tributaria es bien probable que empiecen a recibir parte de su remuneración como si fuesen socios pasivos o en base a sociedades. Pero si uno no toma ese efecto, que es bastante probable, es un impuesto de recaudación baja, pero sí progresivo en teoría. Con alto riesgo que aumente la evasión y sin estar gravando al tramo más alto. Y es seguir aumentando la diferencia entre las rentas del trabajo y del capital”, asegura.
García tiene otra mala noticia. El costo de la agenda completa presentada por Piñera tiene un costo –según la estimación que hizo Felipe Larraín– de unos US$1.200 millones, lo que a juicio del especialista significa otra Reforma Tributaria.
“Este Gobierno ya va por su segundo y tercer ejercicio presupuestario donde ya ha hecho todas las reasignaciones que puede. Hay muy poco espacio para la reasignación, por lo tanto, estos recursos debieran ser a partir de ingresos nuevos. Esos ingresos tienen que salir de alguna parte, es lo más razonable, y nuevos ingresos deberían venir vía Reforma Tributaria. Osea, necesitaría que los supuestos de la recaudación de esta reforma que se están tramitando, debería ser sin reitegración, porque con ella se pierde recaudación. Con los supuestos de recaudación, que tienen que ver con la boleta electrónica y el impuesto a las plataformas digitales , alcanza más o menos para lo que estamos hablando acá. El problema es que hay bastantes dudas sobre lo bien que están hechos esos cálculos”, concluye García.
El Presidente anunció un ingreso mínimo garantizado de $350 mil, para “todos los trabajadores con jornada completa que complementan el salario de los trabajadores, cuando sea inferior a los $350 mil», según dijo Piñera.
Nuevamente Kremerman, de Fundación Sol, viene a amargar la fiesta con lo que significa este anuncio en la práctica. Primero anticipa que no es un alza en el sueldo mínimo legal, sino un subsidio para llegar a un ingreso mínimo. Aquí lo que habría es un subsidio del Estado a las empresas para que lleven un ingreso mínimo garantizado a los $350 mil. No está claro pero podría ser una combinación del sueldo base con la gratificación, que es un componente que se ha desnaturalizado, que se ha transformado en un gasto fijo y, por tanto, muchas empresas a veces alcanzan los $350 mil con $301 mil de sueldo base más gratificación. Entonces puede tener un alcance muy acotado esa medida”.
Por lo demás, esta medida no alcanza para que un hogar promedio salga de la pobreza, de acuerdo a las mismas métricas que usa el Estado para medirla. “La línea de la pobreza para un hogar promedio, según la propia métrica del Estado chileno, está en 436 mil pesos. O sea, la distancia con el salario mínimo es 135 mil y supuestamente, con este subsidio, quedaría 86 mil pesos por debajo”, concluye.
Entre los anuncios para las áreas más sensibles, como la salud,, el Presidente detalló “urgencia inmediata al proyecto de ley que crea el Seguro de Enfermedades Catastróficas, de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias. El gasto que exceda a ese techo será cubierto por el seguro. Creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias chilenas, no cubierto por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto y ampliación del convenio del Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos, lo que beneficiará a más de 12 millones de personas.
Más que letra chica, para Rafael Urriola, de la Asociación de Economistas de la Salud, estos anuncios son, ante todo, confusos.
“Es un poco confuso lo que realmente se va a hacer. Porque, por ejemplo, el seguro de enfermedades catastróficas, ¿para qué enfermedades, para la gente que se atiende en el sector público o para el que no está en el sector público? Hay un seguro de enfermedades catastróficas que es el límite financiero que está en el propio GES. No sé si es para los que se atienden en el sector público o fuera del sector público, esa es una primera gran pregunta. Porque en general la gente Fonasa que se atiende en el sector público, aún siendo del grupo D, en general no paga o paga muy poco”, detalla.
Sobre el seguro de medicamentos, Urriola detalla que Fonasa ya dispone de uno, por lo tanto, falta conocer los detalles. «Ya existe un seguro de medicamentos, pero ¿por qué no ponen un arancel a los medicamentos? Y si es eso, ¿sobre qué precio? Es difícil ver cómo funciona, por la estructura misma. Hay posibilidades de hacer cosas por los medicamentos, pero que son otras. Es decir, lo que hay que hacer es que el sector público compre y los entregue con un costo distinto. Si queda abierto el precio, van a quebrar a Fonasa”, ironiza.
Por último tampoco tiene claridad en cómo será el convenio con las farmacias. Por lógica básica, las farmacias no son instituciones de caridad. Por lo tanto, si tengo un convenio para que entreguen medicamentos, van a decir ‘no hay problema, les cobro por el servicio, o bien, van a decir ‘no se preocupen no les cobro por el servicio pero les vendo dos o tres veces más caro’. No se entiende en qué consiste ese convenio. Lo otro podría ser que Cenabast comprara, les entregara a las farmacias y las farmacias vendieran a precio Cenabast. Eso sería pedirles a las farmacias que se transformaran en instituciones sin fines de lucro”, remata.
Para analizar estas propuestas y ver caminos de salida, la asociación a la que pertenece tiene programado un congreso anual para los días 7 y 8 de noviembre.
Quien ve letra grande en los anuncios es el doctor Enrique Paris, quien colaboró con Piñera en su programa. «Los anuncios son positivos. En mi opinión, el que encuentro muy acertado es la ampliación del convenio Fonasa con farmacias. Ojalá se extienda a todo Chile. Con eso el Seguro Público se asemeja a los Seguros Privados que tienen múltiples convenios. Además, hace competir a las farmacias, ojalá puedan participar las farmacias independientes. Me habría gustado que se dijera que se avanzaría más rápido, que apretara el acelerador, por ejemplo, en la Reforma a la Ley de Isapres, que fortalece Fonasa. El seguro para enfermedades catastróficas estaba en el Proyecto Clase Media Protegida”. Paris, en todo caso, reconoce que no es nada nuevo, sino que casi todo se discutió en el Programa de Salud.
Junto a estos anuncios, todos los demás ya estaban prometidos, como la Defensoría de las Víctimas, incluida en el programa de Gobierno de Piñera, o el proyecto pro infancia que termina con el Sename y el de Sala Cuna Universal, que ya está en tramitación en el Congreso. Paralelamente, la rebaja de contribuciones para los adultos mayores está contemplada en la Ley 20.732 de 2014 y el mismo Piñera hizo una nueva propuesta en julio de este año.
