El general Rodrigo Ventura, jefe de las Fuerzas de la Defensa Nacional en Talca, entregó un informe a la Corte de Apelaciones de la capital del Maule con el fin de justificar la aplicación del toque de queda en medio del estado de emergencia. Los datos entregados a la justicia solo registran el accionar de Carabineros en la zona y no incluyen acciones de militares, que sí estaban desplegados en la ciudad. Además, solamente abarca los días 21, 23 y 24 de octubre, dejando fuera el registro del 22 octubre, día en que salió a la luz la muerte de un joven en la región, debido a un disparo de un efectivo del Ejército. Según la información entregada a la justicia, en ninguno de los despliegues de Carabineros se registraron heridos, cifra en cero que no explica cómo, solo el miércoles 23, se registraron 122 atenciones a civiles heridos en los centros de salud talquinos, 15 de ellos con heridas de proyectil.
Corría la segunda noche de toque de queda en Talca y un incendio en el icónico mercado CREA marcaba la jornada. Mientras bomberos intentaba apagar el fuego, una escena llamó la atención de los vecinos del lugar: un grupo de militares –que había sido enviado para ayudar en la emergencia– se hacía fotos con poses de guerra, como para calendario, ante el foco de otro militar que intentaba obtener el mejor ángulo, esto mientras las llamas en el mercado devastaban todo.
El video de los efectivos militares se hizo viral y los medios nacionales destacaron la polémica sesión fotográfica. Pero el Ejército, bajo el mando del general Rodrigo Ventura, optó por no registrar el bochornoso incidente, o al menos no incluirlo, en un informe que entregó a la Corte de Apelaciones de Talca, con el fin de justificar la aplicación del toque de queda entre el 21 y 24 de octubre.
En el documento, Ventura atribuyó todas las acciones de las fuerzas del Estado en Talca, bajo estado de emergencia, a Carabineros, despliegues en los que –según el informe del Ejército– no resultaron civiles heridos y hubo detenciones aisladas.
Pero la prensa local da cuenta de que durante esos días los militares sí estuvieron en las calles, como tenía que ser, resguardando supermercados, haciendo rondas por villas y poblaciones, conteniendo manifestaciones sociales a plena luz del día, y tomando gente detenida, debido al toque de queda. De estas acciones no hay registro, según el Ejército.
El informe del jefe de la Defensa Nacional en Talca se generó en respuesta a un recurso de amparo presentado por un grupo de abogados de la zona, que está brindando ayuda jurídica en la capital del Maule. Su tesis es que efectivos de Carabineros, militares y de la PDI, no podían detener a las personas que infringieron el toque de queda, ya que esto solo sería una “falta”, que le costaría al infractor –únicamente– una citación posterior a un tribunal.
El Ejército, ante distintos amparos presentados a lo largo de todo Chile, dio la misma respuesta. No serían detenciones como las define el Código Penal, sino que solo «retenciones» hasta que finalice el toque de queda o para poner a los “retenidos” a disposición de Carabineros o PDI. En el caso de Valparaíso, el contralmirante Juan de la Maza justificó el toque de queda, “como una forma de brindar protección a la población y sus familias, y facilitar la labor de las fuerzas encargadas de restablecer el orden público severamente amagado por grupos violentistas y delictuales”.
En Talca, el general de brigada Rodrigo Ventura justifica la implementación del toque de queda con el mismo argumento del contralmirante Maza: “La medida de toque de queda, adoptada por este jefe de la Defensa Nacional, obedece a los hechos acontecidos a partir del día 20.10.2019, en la ciudad de Talca, los cuales han puesto en peligro el orden público y la seguridad de las personas”.
Ambos recursos fueron rechazados por las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Talca, pero el grupo de apoyo jurídico del Maule anunció que acudirá hasta la Corte Suprema.
Con el fin de “ilustrar mejor” los hechos que “pusieron en peligro” a la ciudadanía, el general Ventura adjuntó tres documentos “resumen”, con cifras y registros internos de las operaciones oficiales, de los días 21, 23 y 24 de octubre.
El oficial dejó fuera el 22 de octubre. De ese día no hay registro de Carabineros ni de los militares de la zona, justo el día en el que salió a la luz la muerte del joven José Miguel Uribe Antipani (25), quien recibió un disparo en el tórax, la noche del 21 de octubre, en el sector de Aguas Negras, Curicó, en medio de una protesta que cortaba el tránsito en la Ruta 5. Sobre este hecho hay un militar formalizado y en prisión preventiva.
Se trata de Juan Carlos Reyes Araneda, que pertenece al Regimiento Bellavista de Santiago. Cabe destacar que la única ciudad que estuvo bajo estado de emergencia en el Maule fue Talca, razón por la que los militares no tenían el control de las zonas aledañas, a pesar de lo cual funcionarios del Ejército sí hicieron uso de sus armas fuera de la capital maulina.
Siguiendo con el informe de Ventura, el documento militar registra prácticamente solo acciones de efectivos de Carabineros, y solamente un hecho aislado que involucra a un militar. Cabe recalcar que el último informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile señala que “más del 90% de las denuncias sindican a Carabineros de Chile como autores de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estado de Emergencia”. Según los especialistas, esto se debe a que no hay un registro claro de las acciones y detenciones que realizan los militares.
El documento del Ejército detalla que, el lunes 21 de octubre, el personal que estuvo en Talca registra un total de nueve acciones que son calificadas como “evento pacífico” o como “evento de incidente”. Registran el resguardo a un “Híper Líder” de la zona, sin hacer uso del armamento, en el que hubo 18 detenciones por circular en toque de queda y dos por delitos, no especifica si hubo o no heridos.
Durante esa jornada las fuerzas policiales hicieron uso en dos ocasiones de escopetas, a las 1:50 hrs. en una “Cruz Verde” sin registrar detenidos y sin heridos; además, el personal de Carabineros registra el uso de un arma de fuego es a las 0:32 hrs, debido a “incidentes violentos en la Farmacia Socorro”, donde también utilizaron “químicos”. Durante el resto del día, solo registra el uso de químicos y la toma de detenidos –sin definir el número– en “incidentes violentos” en bancos y farmacias.
El miércoles 23 de octubre, el Ejército informa de incidentes durante solo una hora y media, entre las 21:36 hrs., y las 22:53 hrs., puntualizando que hubo intentos de saqueo, intentos de suprimir el suministro eléctrico y desorden en la vía pública. Carabineros registra solo el uso de armamento químico, sin detenidos ni heridos.
El día jueves 24 señalan que hubo “disparos al aire hacia la 4° comisaría”, razón por la cual se respondió con el uso de escopeta y químicos, sin lograr detenciones. Además, los militares informan de 45 barricadas en la noche, en el lugar detalla que el “90% de ellas fueron en la ZG Carlos Trupp” y que hubo “18 detenidos por TDQ (toque de queda) y 02 por delitos”. Cabe recalcar que estas dos frases se repiten en uno de los incidentes del día 22 de octubre.
El mismo jueves, el Ejército informa de incidentes debido al lanzamiento de piedras a un “CEFAN” y un intento de atropello contra Carabineros.
Entre las 11:00 y 11:30 hrs. de la mañana, el registro castrense destaca que envió a efectivos de Carabineros al evento de Yoga “Recuperando las fuerzas”, al que asistieron 30 personas, también a una marcha de profesores y estudiantes, calificada como “pacífica”, en Plaza Cienfuegos, y un evento que es calificado como “pacífico (PRO GOBIERNO) de camioneros”. Durante el 24, nuevamente, no se registran detenidos ni heridos.
De acuerdo al registro de operaciones oficiales entregado por el Ejército a la Corte de Apelaciones, en Talca, los días 21, 23 y 24 de octubre habría al menos 40 detenidos, en más de 18 actos violentos, que incluyen saqueos a supermercados, farmacias, disparos a comisarías y el lanzamiento de piedras a un “CEFAN”, hechos en que –según el Ejército– no hubo ningún herido.
La ausencia de registros de heridos llama la atención, ya que en el mismo informe, entregado al presidente de la Corte de Apelaciones de la Región del Maule, el Ejército da el detalle de las atenciones médicas de la zona bajo estado de emergencia, las que no se condicen con la cifra de “cero” heridos en las protestas o incidentes, descrita por el Ejército al Poder Judicial.
El documento anexado tiene un timbre que da cuenta del día miércoles 23 octubre, fecha en la que se registran cinco acciones de contención por parte de Carabineros. El documento de los heridos durante esa jornada, del mismo Ejército, destaca que se registraron 122 atenciones a civiles en centros de salud. Hubo 99 constataciones de lesiones, 15 heridos por perdigones o balas, tres heridos en manifestaciones y 5 por accidente o traumatismo. Ninguno de estos lesionados habría estado en los lugares en donde se desplegó Carabineros, según informó el Ejército al citado tribunal de alzada.
Además, el informe recalca que hubo 14 atenciones a carabineros, 10 contusiones, 1 herida de cuero cabelludo, 1 desgarro muscular, 1 fractura y un trauma facial. Además, incluye una atención médica en el Regimiento de Talca por “accidente o traumatismo de otro tipo”, sin dar mayores detalles.
El único registro de un posible herido para el día jueves 24 de octubre, se dio a las 1:15 hrs. en el “Jumbo El Arenal”. En la acción se describe “accidente SG2 (sargento segundo) I.Reyes A. (disparo en el pie izquierdo)”. En el ítem de detenidos se repite la hora “1:15” y dice “no” en el espacio de heridos.
Según muestran los registros del sitio de noticias En Línea Maule, ese supermercado era resguardado por los militares desde el 21 de octubre, a pesar de que no registraba intentos de saqueo. Es más, en el registro del medio regional –que data del 21 de octubre– se ve a efectivos del Ejército llegando en vehículos particulares, a alta velocidad, para instalarse en el estacionamiento del supermercado.
El abogado Iván Vidal, parte del equipo que presentó el recurso de amparo en la Corte de Talca, señala que una práctica detectada por los abogados es la utilización, por parte de miembros del Ejército, de los estacionamientos de supermercados como local de retenciones para “ciudadanos que iban de vuelta a sus casas” en horario de toque de queda. “Los tenían en el Jumbo, en el suelo por horas”, recalca Vidal, quien agrega que “eso lo sé porque yo lo vi”. El procedimiento en estos casos determina que solo Carabineros y la PDI puede detener a los civiles, efectivos del Ejército debían entregarlos a las policías en caso de quebrantar el toque de queda.
Respecto a las actuaciones de efectivos militares, el abogado asegura que el Ejército dio una imagen de “estar jugando voley, a la pelota, de ser amables”, hasta la prensa a nivel nacional destacó cómo en Talca una joven le regalaba flores a un efectivo del Ejército y un efectivo le aseguraba a unos manifestantes que ellos no querían herir a nadie. Pero “tenemos una serie de testimonios en donde a los detenidos (por militares) les pisan la espalda, eran encañonados con arma de guerra, los amarraban fuerte con cintas plásticas, golpes, patadas, escupitajos y malos tratos”, detalla Vidal.
El abogado subraya que durante estos días de movilizaciones han detectado “una serie de detenidos maltratados, gaseados, otros con impacto de balines. Ha habido muchos abusos que hemos detectado sistemáticamente”. Resalta que en muchos estos “la gente no quiere denunciar por miedo. Hay una cifra negra enorme que la vamos a saber quizás cuándo”. En todos los casos denunciados ante el grupo de asistencia jurídica, se están presentando acciones judiciales.
El Mostrador consultó al Ejército sobre la falta de registro de acciones de efectivos militares, también sobre las circunstancias en que 15 personas resultaron heridas por acción de efectivos del Estado el 23 de octubre. Respondieron que los antecedentes requeridos al general Ventura «fueron puestos a disposición de los tribunales competentes, por lo tanto, son parte de un expediente que administra la Justicia».
Se agrega que los actos administrativos dictados por el general Ventura, en calidad de jefe de la Defensa Nacional de Talca, «fueron adoptados considerando los antecedentes que disponía dicha autoridad en el ejercicio de sus funciones, siendo esta una materia que no encuentra en el marco de las competencias de la Institución (Ejército)».
El texto finaliza señalando que están «imposibilitados» de responder a lo solicitado por El Mostrador, y que el Ejército se remitirá a aportar con los requerimientos realizados por la justicia.