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Crédito: Agencia UNO
El libelo, que fue presentado por la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica, busca “radicar las responsabilidades de autoridades civiles y militares en la violación generalizada y sistemática de derechos humanos” a partir del estallido social.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a trámite una querella presentada en contra del Presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad y remitió los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para que designe un fiscal exclusivo para indagar.
El libelo, que fue presentado por la Defensoría Popular, el Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo y la Cooperativa Jurídica, busca “radicar las responsabilidades de autoridades civiles y militares en la violación generalizada y sistemática de derechos humanos” a partir del estallido social.
El abogado querellante, Oscar Castro indicó a El Desconcierto que “con esta decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se inicia el proceso judicial remitiendo los antecedentes al Ministerio Público para que empiece una investigación en primer lugar, desformalizada, en atención a todos los antecedentes proporcionados para que se comience a investigar la posibilidad y la factibilidad de que autoridades civiles y militares puedan tener responsabilidades penales por la violación sistemática y generalizada a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales a partir del 18 de octubre a la fecha”.
La querella ingresada el 4 de noviembre señala que se han cometido “homicidios; torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales; abusos sexuales; violaciones; privación de libertad arbitraria, en lugares no habilitados para el efecto; detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales a consecuencia de encontrarse personas en circunstancias de desobediencia civil, en toque de queda decretado ilegalmente; detenciones desde el domicilio de personas; privación de libertad física, sin atender a la entrega de información referente a la suerte o paradero del detenido; y mutilación de miembros importantes, destrucción de globo ocular de más de 150 personas según comunicado del Colegio Médico”.
