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A pesar de que en La Moneda están completamente cerrados a la idea de crear una nueva Carta Magna, al interior del mundo municipal se ha impuesto la idea de generar una red de consultas ciudadanas que le pregunten al pueblo si quiere o no una Constitución, la que acompañaría a los cientos de cabildos que se han levantado en la última semana. Apuesta que tendría a algunos alcaldes del propio oficialismo barajando la propuesta. Una estrategia que podría opacar los diálogos ciudadanos liderados por el ministro Sichel, y presionar al corazón de Palacio a abrirse a un nuevo pacto social.
La propuesta de diálogos ciudadanos del ministro Sebastián Sichel no logró levantar los ánimos al interior de la oposición, principalmente entre los alcaldes y las alcaldesas, a quienes les otorgó un rol protagónico dentro del proceso, junto a los intendentes. La omisión de la discusión por una nueva Constitución separó aguas entre quienes están dispuestos a ser parte de la estrategia del Gobierno y quienes la ven como “un intento de baipasear al movimiento social”.
Un sector de los jefes comunales ha comenzado a hacer cuajar una nueva propuesta, que será zanjada durante una amplia reunión durante esta semana, y hasta podría incluir a algunos alcaldes del oficialismo. Además de apoyar en la constitución de cabildos, se está preparando la implementación de una red de consultas municipales por una Carta Magna. Una especie de plebiscito comunal que tiene como objetivo centrar el poder constituyente en las personas.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), explica que “esta no es una idea que surja de una sola comuna, es una conversación entre un conjunto de alcaldes que nos estamos coordinando para tener un plebiscito más amplio que un solo gobierno local. Pretendemos convocar a la mayor cantidad de alcaldes a nivel país”. Agrega que “puede ser un muy buen ejercicio, para que algunos que le tienen pánico a la ciudadanía, le tienen pánico a la participación –fundamentalmente en la derecha–, entiendan que este es el camino”.
Cabe recalcar que, además de no incluir la Constitución dentro de los siete ejes prioritarios para el Gobierno, desde La Moneda han sido tajantes en negar la posibilidad de hacer un plebiscito para definir si habrá o no nueva Carta Fundamental. “La gran salida participativa la tienen y es la propuesta de los diálogos”, señala un colaborador del Ejecutivo.
Al interior de Chile Vamos el panorama es un poco diferente. Hace unos días, el presidente de RN, Mario Desbordes, se abrió a estudiar la posibilidad de renovar la Carta Magna, línea a la que se han sumado el senador Manuel José Ossandón y Lily Pérez. Es justamente en el partido de Desbordes en donde algunos alcaldes han sido parte de las conversaciones –bajo cuerda– para levantar los plebiscitos municipales.
Otro de los que está detrás de la idea de impulsar una consulta constituyente comunal es el alcalde Jorge Sharp (CS). El jefe comunal de Valparaíso destaca que ha quedado demostrado con las movilizaciones que el cambio constitucional es una prioridad para la ciudadanía, “la pregunta es en quién reside el poder constituyente y la respuesta a eso es: el pueblo de Chile. Tiene que ser la gente, y no los mismos de siempre con un pacto entre las élites políticas y económicas, la que tendrá que encontrar las respuestas para dibujar un país distinto”.
Una idea que no causa total simpatía al interior del mundo político, a pesar de que en la oposición hay consenso respecto a la necesidad de una nueva Constitución. El mecanismo y los integrantes del proceso constituyente constituyen una piedra de tope interna. En los sectores más de centro, o ligados al “Partido del Orden”, han optado por un proceso que incluya a los parlamentarios y las parlamentarias, junto a un grupo representativo de la ciudadanía para armar un Consejo Constituyente.
El alcalde Sharp explica que el proceso constituyente no puede marginar a las personas, “si un alcalde, diputado, concejal, funcionario público, desea jugar un rol en este proceso constituyente, tendrá que tener las mismas posibilidades que un dirigente de la junta vecinos, una académica, un dirigente de pequeños comerciantes, padres y apoderadas. No hay vetos en el proceso, mientras los representantes sean elegidos democráticamente por la ciudadanía”.
Una de las principales críticas de los alcaldes a la postura del Gobierno es su falta de voluntad para abrirse al diálogo por cambios constitucionales. El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, destaca que “el Gobierno, o no entiende o no tiene voluntad para salir de una estructura dogmática, en lo económico y del rol de la ciudadanía. Insiste en contraponer las demandas sociales a la constitucional, siendo que son parte de un mismo proceso”.
Para el jefe comunal de Recoleta, en La Moneda buscan “mantener la Constitución y el modelo de la dictadura, que les pertenece a ellos. Aquí hay una decisión política que esconde un miedo y una vocación profundamente antidemocrática”. Mirada que es compartida por otros alcaldes de la oposición que están “barajando” la propuesta de los denominados “municipios ciudadanos”.
A pesar de los esfuerzos por lograr un consenso con Chile Vamos, Jorge Sharp duda que el “Gobierno y la derecha quieran impulsar el cambio a la Constitución. Han justificado y trabajado esta Constitución –que les acomoda– durante 40 años, ¿por qué tendrían que aceptar cambiarla? La gente ha protestado durante semanas y no ha habido una respuesta contundente para decir que la derecha en verdad escuchó”, consigna el alcalde de Valparaíso.
En la misma línea, Rodrigo Ruiz, uno de los intelectuales de la renovada centroizquierda, señala que pacto social «es el nombre que recibe una de las ideas más repetidas» del Gobierno. Sostiene que es necesario subrayar que «no estamos una situación que pueda describirse como la crisis de un pacto anterior, pues el régimen actual fue instalado de forma completamente autoritaria y descansa sobre cualquier cosa, menos un pacto social». Y agrega que este régimen «no supone un acuerdo, precisamente porque su instalación y funcionamiento consisten en la permanente supresión de toda situación democrática de la que pueda emerger algo parecido a un pacto social».
Finalmente, el alcalde Sharp, apunta que se vive una oportunidad histórica, ya que las anteriores constituciones de nuestro país “fueron antecedidas de un proceso de guerra civil o de la violencia. Lo que hoy tenemos al frente es que, por primera vez en nuestra historia, tenemos la posibilidad de definir una Constitución en democracia, en paz, en base al diálogo”.
A pesar de las críticas realizadas por los alcaldes y las alcaldesas durante la reunión de este fin de semana con el Gobierno, en Palacio siguen convencidos de que el diálogo con la ciudadanía, al estilo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, es lo más “correcto” ante la crisis,
Más allá del modelo de procesamiento y síntesis de datos, la idea es poner a un rostro amigable, blindando la imagen del Presidente Piñera. Allí surgió el liderazgo del recién llegado ministro Sichel, rol protagónico que no tiene del todo contentas a las huestes de Chile Vamos, debido a que el rostro social del proceso no pertenece a ningún partido oficialista y proviene del enjambre más liberal de la ex Nueva Mayoría.
En la propuesta presentada por el ministro de Desarrollo Social, entregada el domingo 3 de octubre, se detalla el levantamiento de un diálogo ciudadano con el fin de configurar una Nueva Agenda Social, enmarcada en los siete puntos propuestos por el Presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis.
El proceso será liderado por un Grupo Directivo, más 16 grupos regionales, que contará con
una Secretaría Ejecutiva, un Consejo Observador, más 16 consejos regionales y Observadores Externos, en tantp que los procesos se darán de forma virtual y presencial. El ministro, según su presentación, espera que haya un 90% de participación, unas 165 comunas, con el objetivo de generar una Nueva Agenda Social “de corto, mediano y largo plazo” y sentar “las bases para un nuevo paradigma de participación ciudadana”.
Los diálogos se darán a nivel comunal en grupos de 20 personas y durarían unas 3 horas, el que se dividirá en un proceso de reflexión y diagnóstico, para luego pasar al levantamiento de demandas sociales, que se presentarán sobre la base de “preguntas específicas sobre grandes temas”, luego, se priorizan las demandas. Luego, expertos más ciudadanos elaborarán las propuestas para la Nueva Agenda Social.
Se revisarán diez grandes temas, “con preguntas específicas donde se podrá priorizar”, detalla el documento. Las temáticas son: buenas prácticas y combate a los abusos, burocracia y buenas prácticas del sector público y probidad, educación, equidad territorial y vivienda, pensiones, salud, seguridad, servicios básicos (acceso y tarifas), trabajo e ingresos, y un ítem “otros”.
Cabe destacar que el grupo directivo, compuesto por autoridades locales, dirigentes sociales, representantes de las universidades y especialistas internacionales, será presidido por el ministro de Desarrollo Social y Familia y su composición debe ser aprobada por el Jefe de Estado. Además de liderar el proceso, este grupo es el encargado de redactar las propuestas para la nueva Agenda Social.
En el documento el ministro Sichel no detalla el tema de la nueva Constitución, ni tampoco se especifica el carácter vinculante o la posterior consulta de las propuestas que levantará el diálogo ciudadano.
Respecto a este tema, Jadue plantea que el Gobierno “ha dicho que vamos a participar los alcaldes, pero hay un grupo importante que no estamos disponibles para encubrir la falta de voluntad política del Gobierno. Mientras no nos aseguren que sea vinculante y que aborde no solo la agenda social del Gobierno, yo al menos, y varios y varias colegas, no vamos a participar de una cosa así”.
Para el alcalde Durán, “iniciar diálogos y cabildos que no se hagan cargo adecuadamente de los temas de fondo y estructurales, no tiene sentido. Valoro la disposición de generar un proceso verdaderamente participativo, pero esto tiene que tener una expresión concreta al final del proceso”.
El jefe comunal de Recoleta agrega que “no estamos para prestarnos para el juego del Gobierno y terminar desmovilizando a la ciudadanía” y recalca que con esta propuesta “hay un intento de baipasear al movimiento social”.
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