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Crédito: Mateo Lanzuela / ISO50Agency
Entre el 19 de octubre, un día después del comienzo del estallido social, y el 11 de noviembre, Amnistía Internacional documentó, recopiló evidencias e investigó las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante ese período en Chile. La conclusión del informe fue entregada hoy, señalando, entre otras cosas, que «la decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas» en la ciudadanía, ya que constataron cinco personas muertas a manos de agentes del Estado, más de 2.300 lesionadas y 220 con trauma ocular severo. En esa línea, le entregan recomendaciones a las autoridades, como exigir el cese de «la represión de manera urgente» y que se debe «emprender una reforma seria y profunda» de Carabineros.
Una de las organizaciones que ha seguido de cerca los hechos de violencia ocurridos en Chile tras el estallido social es Amnistía Internacional. Esto, para velar por los derechos humanos de las personas que se manifiestan. Y este jueves, entregaron las conclusiones del informe que realizaron tras un trabajo de investigación que los llevó a recorrer varias ciudades del país.
La investigadora española Pilar San Martín, dijo que tras la investigación pudieron constatar una serie de violaciones a los derechos humanos en el mes de protestas y exigen que los altos mandos involucrados en estos hechos sean juzgados.
«La intención de las fuerzas de seguridad es clara: dañar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes», detalla parte del informe.
Después agregan que «en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día», como asegura Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La investigación señala que “la responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”.
Entre las conclusiones del informe dicen que las distintas fuerzas de orden público han «utilizado armamento militar y de forma indiscriminada» durante las manifestaciones, dejando un saldo de cinco personas muertas a manos de agentes del Estado, más de 2.300 lesionadas, 220 con trauma ocular severo. Sumado a esto, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes además de, al menos, 70 delitos de carácter sexual cometidos por agentes de seguridad.
«La decisión del presidente Piñera de sacar al Ejército a las calles tras imponer el estado de emergencia tuvo consecuencias catastróficas», agregan.
«Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío-Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la Región Metropolitana de Santiago ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones», explican.
Tras detallar todas las denuncias y evidencias recopiladas -las que puede leer en el siguiente link– Amnistía entrega cuatro recomendaciones a las autoridades de Chile.
En el primer punto, les dicen a las autoridades que «deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada, en línea con los estándares internacionales que rigen la materia. Las autoridades deben además ser muy enfáticas en el uso excepcional de armas letales y aquellas consideradas como potencialmente letales para que nunca se usen como medio de disuasión y solo se recurra a ellas de manera puntual y ante una amenaza clara y manifiesta para la vida e integridad física de quienes protestan o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».
Después, le dicen a la Justicia que «deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía, de acuerdo con el ordenamiento jurídico chileno y los estándares internacionales».
«Las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas. Se deben llevar a cabo de forma urgente las reformas legislativas y de política pública necesarias para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas, sin discriminación y con especial atención a las personas en mayor situación de desprotección, así como asegurar un proceso participativo e inclusivo hacia una nueva constitución que proteja y promueva todos los derechos humanos», señalan en el tercer punto.
Finalmente, Amnistía le recomienda al Gobierno «emprender una reforma seria y profunda» de Carabineros. «Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformar la institución para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos y que la institución cuenta con mecanismos estrictos de control y rendición de cuentas», sentencian.
