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Crédito: Agencia UNO
La subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren leyó una declaración en La Moneda -sin aceptar preguntas de la prensa- en la que señaló que “el Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que pretende establecer una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
El Gobierno salió con todo a desacreditar el duro informe de Amnistía Internacional sobre las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y que golpea sobre todo al manejo de la administración Piñera.
Por la tarde, la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren leyó una declaración en La Moneda en la que establece que “el Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que pretende establecer una política deliberada para dañar a los manifestantes”.
“La única política que ha tenido el Gobierno es la de la protección de los derechos humanos”, aseguró la subsecretaria de Derechos Humanos.
Es más, la autoridad añadió que el informe de Amnistía Internacional “incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente”, señalando que el organismo no pidió información concreta para la elaboración del informe.
«El Gobierno reitera su absoluto compromiso por la verdad y la justicia, manifestando su solidaridad y asistencia a las personas que han sufrido los efectos de la violencia, y condena toda vulneración a los derechos de las personas (…) Como lo señaló el Presidente de la República, no habrá impunidad», concluyó la subsecretaria, sin aceptar preguntas de la prensa.
Con esto Recabarren reforzó el discurso del Ejecutivo de justificar en todo momento su actuación en materia de derechos humanos, tal como lo hizo en una reunión con corresponsales extranjeros el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
De todos modos, no sólo Amnistía Internacional ha hablado derechamente de que se han cometido violaciones a los derechos humanos en el país, sino también lo han constatado en Chile organizaciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, además de entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch.
En su informe, AI ha documentado 23 casos de violaciones a los derechos humanos en ocho regiones de Chile ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre.
Asimismo emplazando directamente a Gobierno señaló que “en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando cada día».
El organismo instó a las autoridades chilenas a cesar de forma urgente la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes y recomendó llevar a cabo una «reforma profunda» de Carabineros, muy cuestionada por su violenta respuesta al estallido social.
