PAÍS
Este miércoles se vivieron horas críticas en el mundo político. La arremetida de una parte de la derecha, liderada por el senador Andrés Allamand, para reinterpretar el acuerdo por una nueva Carta Magna y de este modo fijar amarras para asegurar la vigencia de la Constitución del 80, tensionó al oficialismo, especialmente a RN, y puso de cabeza a la oposición. Un conflicto que, según el Gobierno, deberá ser zanjado en el Congreso, abriendo una segunda etapa de negociación. Esta nueva tensión se suma a las dudas en cuanto a la composición y fórmula de elección del espacio Constituyente, y a un posible desfonde social, si no se logra incluir de forma más efectiva a la ciudadanía.
A menos de una semana de la firma del “Acuerdo por la Paz”, que fijó las bases para el camino hacia una nueva Constitución, un amago de incendio por la interpretación del acuerdo dejó de cabeza al oficialismo. Lo que levantó las alarmas fue una frase del senador de RN, Andrés Allamand, quien destacó que la nueva Carta Magna necesitaba ser aprobada –en su totalidad– por ⅔ de los constituyentes y que, si esto no ocurría, “se mantiene vigente la actual Constitución”.
Su postura, apoyada por algunos personeros oficialistas, marcó la tensión al interior el mundo político, más aún porque el senador fue uno de los escogidos por La Moneda para negociar el acuerdo. El propio ministro Gonzalo Blumel le dio aquella tarea, pero su rol quedó relegado detrás del de Mario Desbordes, presidente de RN. Es por esta razón que su frase causó molestia en la oposición y levantó las alarmas, ante la posibilidad de que el acuerdo se viera en peligro, tensión que se mantendría, al menos, hasta el viernes.
Allamand también contradijo la línea que ha impulsado el propio presidente de su partido, Mario Desbordes, quien no se ha visto fuera de polémicas, pero tras bambalinas. El diputado ha desatado críticas en los sectores más conservadores de su colectividad, en donde han señalado que el parlamentario tuvo un “extremo protagonismo” en el acuerdo, haciendo caso omiso a la voluntad de La Moneda, y hasta agregan que le ha dejado “libre la cancha a la izquierda” en materia de Constitución, además de presionar “indebidamente” al Gobierno con la agenda social.
Las alarmas, sin embargo, tuvieron eco en el piñerismo más duro, en donde le habrían pedido a Allamand que moderara sus palabras. Vía Twitter, el senador recalcó que votará a favor de una nueva Carta Fundamental, pero reiteró que “esta debe aprobarse por ⅔”, tratando de dejar a un lado el fantasma de la Constitución del 80. Una discusión que, según Desbordes, será parte de los temas del encuentro que tendrán con la oposición este viernes en el antiguo Congreso en Santiago. El timonel de RN hizo hincapié en que “la invitación es a los acuerdos” y explicó que no hubo un llamado de atención para Allamand, “somos todos grandotes ya, lo que él plateó es un punto de vista”.
En Palacio tomaron palco frente a la polémica. La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, destacó que se estaba en una segunda etapa del acuerdo y que se debe velar por que la nueva Constitución “sea apreciada por todos y que nadie se sienta afuera”. Respecto al quorum de ⅔ y la votación de la Carta Magna completa, agregó que “es una discusión que tiene que darse en el Congreso Nacional”, abriendo un temido espacio por la oposición, para que se pueda incluir dentro del acuerdo la votación de la Constitución ya terminada, antes de enviarla a plebiscito ratificatorio.
Al interior del oficialismo las palabras de Allamand fueron vistas como “una señal”, “un llamado de atención” de los sectores más duros del conglomerado, aquellos que no estuvieron de acuerdo con lo firmado la madrugada del viernes pasado, y que no estarían dispuestos a ceder más. Cabe recordar que dicho ítem, el de la votación completa de la Carta Magna, fue propuesto por la UDI, junto con Evópoli, en medio de las negociaciones, pero fue rechazado por la oposición, al igual que la idea de utilizar la Constitución del 80 como base para rellenar la falta de acuerdos.
Pero el Acuerdo por la Paz determinó, en sus puntos 6 y 7, que “el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de sus miembros en ejercicio” y que “la Nueva Constitución regirá en el momento de su promulgación y publicación derogándose orgánicamente la Constitución actual”.
En la oposición adelantaron que no hay dobles lecturas en el acuerdo, ni tampoco una renegociación de los puntos firmados. La presidenta de RD, Catalina Pérez, indicó que las materias en que no hubiera acuerdo no serían incluidas en la Carta Fundamental y que pasarían a ser materias de ley, mientras que el senador Jaime Quintana (PPD) puntualizó que el “texto final de la nueva Constitución debe ser refrendado por la ciudadanía en el plebiscito de salida”.
Esta arremetida de la derecha era uno de los principales temores en la oposición. En el cálculo previo a la firma del acuerdo, ya había sido incluida la crítica desde los sectores más de izquierda que no firmaron, incluso –afirman– se esperaba una posible negativa desde la Mesa Social. La crisis –claramente– al interior del Frente Amplio los tomó por sorpresa, pero aún así “es costo hundido”, señalan desde El Congreso.
Al interior de la centroizquierda identifican dos grandes conflictos: por un lado, la tensión constante en la derecha y, por otro, un posible desfonde desde lo social con el paso de los meses. Para dotar de más legitimidad al espacio constituyente, desde la oposición y alguna parte del oficialismo han señalado que es necesario incluir a los independientes, hacer una corrección por género en la integración, tener cupos para pueblos originarios y alguna fórmula de elección de delegados que representen a chilenos en el exterior.
El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, sostuvo que, en el caso de la DC, ellos esperan que los independientes puedan generar sus propias listas por tema, para competir de igual a igual con los partidos, y que se prohíba que los partidos suscriban pactos electorales.
Agrega que debe haber escaños reservados para pueblos indígenas y que se puede usar como padrón la base de datos de la Conadi. En cuanto a la cuota de género, especifica que debiera incluirse en las candidaturas, más un ajuste de corrección electoral. En cuanto a los chilenos en el extranjero, plantea que podría escogerse un delegado por continente.
Por otra parte, el especialista electoral Axel Callís, destaca que la corrección por género debe ser aplicada. También sostiene que se debe entregar la posibilidad de que los independientes levanten pactos electorales con los partidos, pero que se prohiban los pactos únicamente partidarios. Respecto de los extranjeros, Callís sostiene que podrían votar en sus comunas de origen o en las de sus padres.
El problema, señalan desde el mundo socialista, es que hay una parte de la derecha que no está dispuesta a ceder. Señalan que se entregarán las indicaciones y se hará el máximo esfuerzo por lograr incluir a los independientes, pero que la mejor opción es que los partidos abran sus puertas a estas candidaturas. Que la cuota de género sólo podrá ser asegurada en las elecciones y que hay que tener en cuenta que “no se puede dejar contentos a todos, alguien tiene que ceder”, indica.
Agregan que por ahora la prioridad es mantener el acuerdo “firme”, que en la derecha no se hagan nuevas interpretaciones y que para ellos el rol de RN “es fundamental”.
Uno de los grandes ausentes del acuerdo fue la calle, en eso no cabe duda al interior de la oposición. En dicho bloque reconocen que los esfuerzos para lograr amarrar a la derecha eran prioritarios y que algunos parlamentarios del oficialismo habrían sido enfáticos en destacar que se evitaran “problemas” con los representantes sociales.
En dicho marco, la Mesa Social sacó un comunicado en contra del Acuerdo por la Paz y a pesar de que –según las encuestas– gran parte de la población respaldó el acuerdo, las movilizaciones se han mantenido.
Pablo Klimpel, dirigente de los estibadores portuarios, hace hincapié en que un acuerdo a puertas cerradas no es lo correcto, al tiempo que reconoce que “el hecho de que hoy esté en cuestión la Constitución de 1980 que redactó Jaime Guzmán en dictadura, es un avance fruto de la movilización”. Sin embargo, agrega que el plebiscito debiera ser en diciembre y que la asamblea o convención constitucional sea “la que regule su funcionamiento, sus mecanismos, su implementación, no solo un comité de expertos de los partidos políticos”.
“Falta discutir con las organizaciones sociales, de manera clara, cuántos cupos tiene la Asamblea Constituyente, cómo se postula y cómo se eligen los delegados. Y no dejar a un lado la agenda social”. A juicio del dirigente, los pisos mínimos son «un salario de $500 mil, una pensión mínima equivalente a este salario, protección de derechos sociales, el juicio y castigo a los culpables de crímenes de DDHH y abusos”.
Desde la Confech, Agustín Salazar, vocero de la zona sur, destaca que rechazan «tajantemente el acuerdo», ya que fue hecho a «espaldas del espacio social» y sin considerar la participación del pueblo. Agrega que en la Confech aún no han zanjado si se sumarán o no al espacio constituyente, pero hace un llamado a «seguir movilizados, para tener un proceso democrático y real».
Un factor pendiente dentro del Acuerdo fue la inclusión de los espacios sociales autoconvocados en el marco de las movilizaciones, muchos de ellos propiciados por las alcaldías. En parte de la oposición reconocen que ahí no solo hay material que puede nutrir al espacio constituyente con contenidos, sino que también una base que puede ayudar a canalizar el malestar social.
Para Callís, una fórmula efectiva de integrar los espacios sociales es a través de los municipios y destaca que los alcaldes y las alcaldesas deben ser canalizadores de esta información y nutrir el espacio constituyente. Por otra parte, la apuesta del Gobierno apunta a levantar algunas consultas online, a través del Ministerio de Desarrollo Social, y que las actas de cabildos puedan ser recopiladas por el espacio. Finalmente, en parte de la oposición plantean que el Comité Asesor del espacio Constituyente podrá recorrer el país, levantando la información de los cabildos, para poder entregarla como una base para la nueva Constitución.
