Organizaciones emplazan al Gobierno a avanzar en paralelo con una agenda contra la corrupción y la impunidad

En medio de la crisis política y social que por más de un mes afecta a Chile, las organizaciones Espacio Público, Chile Transparente y el Observatorio del Gasto Fiscal plantearon la necesidad de que el Gobierno aproveche la oportunidad de delinear una agenda en materia de probidad, transparencia  y lucha contra la impunidad.

“El Gobierno presentó una Agenda Social, que está siendo discutida en el Congreso Nacional y también nos encontramos en un proceso constituyente inédito el que apoyaremos entusiasta y profesionalmente. Para completar la agenda necesaria para superar esta crisis, se requiere avanzar en una agenda que combata la impunidad y los abusos tanto en el sector público como privado”, señalan.

Las organizaciones plantean que dicha agenda debería contener al menos 8 puntos, como sanciones efectivas contra los abusos, la reforma profunda al Congreso Nacional, y una reforma al empleo público, entre otros.

“Es necesario avanzar con urgencia en estos aspectos a la brevedad, dar señales reales y concretas, antes que termine este período legislativo, en el combate a la corrupción y la impunidad”, señalan.

La propuesta plantea como primer punto la protección de informantes y denunciantes de corrupción y delitos conexos, medida que aplique tanto al sector público como privado a través de la creación de mecanismos amplios y efectivos.

Luego, en materia de transparencia acerca de las personas naturales detrás de empresas y propiedad privada, postula la creación de un Registro Público Nacional de Beneficiario finales acorde a estándares internacionales en materia anti-lavado de activos que permita tener acceso a los datos de personas naturales que finalmente se benefician o controlan propiedades y/o una empresa o sociedad.

Como tercera medida, postulan una reforma profunda al Congreso Nacional, que apunta a eliminar privilegios, mejorar fiscalización y establecer mecanismos de sanción y control externo, otorgar mayor transparencia y rendición de cuentas, más y mejores mecanismos de participación ciudadana y una mejora en la eficacia del trabajo legislativo.

En cuanto a la reforma al empleo público, proponen maximizar la meritocracia como único criterio de acceso a cargos públicos, aumentar así el profesionalismo y generar estrategias de movilidad que permitan promover y formar talento en el servicio público, «así como evitar la captura del Estado por parte de partidos políticos u otras organizaciones».

Como quinto punto, plantean una reforma al gasto público, que pasa por modificar la Ley de Presupuestos para aumentar transparencia, eficacia y eficiencia, con foco en declaración de objetivos, metas y la rendición posterior de resultados medibles para la ciudadanía.

También consideran medidas de probidad en gobiernos municipales y regionales, como avanzar en mayores estándares de transparencia, profesionalización, rendición de cuentas y controles tanto externos como internos de los gobiernos locales.

En séptimo lugar plantean mayor transparencia de beneficios a personas naturales y jurídicas, sobre todo fijando criterios objetivos de condonación de multas, intereses y reintegros a empresas y personas naturales.

Finalmente, un punto crucial de la propuesta contempla sanciones efectivas contra los abusos, como el establecimiento y aumento de sanciones reales y disuasorias que sean mayores al beneficio obtenido en casos como faltas a la ley de mercado de valores o delitos de corrupción y otorgar mayores herramientas tanto al Ministerio Público como a entidades investigadoras para perseguir y sancionar este tipo de delitos.

En este mismo ítem, consideran el fortalecimiento de las medidas internas de las empresas en el combate y la prevención de la corrupción, y el fin a la exclusividad de acción penal del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servel.

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