Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción niega que esté formando una policía municipal: «No son guardias sino inspectores municipales»

Concepción es una de las ciudades que –junto con Santiago y Valparaíso– más ha sufrido los embates de los saqueos y la delincuencia, especialmente en el centro. Datos entregados por la municipalidad de la capital penquista dan cuenta de cerca de 100 locales que han sido afectados por el vandalismo desde que comenzó el estallido social el 18 de octubre pasado. Esta situación genera especial preocupación en las autoridades, considerando que el comercio es la principal fuente de empleos de la ciudad y por lo cual se han presentado 21 proyectos por poco más de mil millones de pesos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para reponer semáforos, cámaras de televigilancia, entre otros.

A lo anterior se suma un recurso de protección que el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, presentó junto a su par de Coronel, Boris Chamorro, en contra del intendente y gobernador por la vulneración de garantías constitucionales, como el derecho a la integridad física y mental, educación, trabajo, entre otros. Acción legal que fue acogida a trámite por la Corte de Apelaciones, ordenando a ambas autoridades de Gobierno implementar medidas de seguridad en la capital regional.

Sobre este tema conversó el alcalde Álvaro Ortiz con el El Mostrador, donde además adelantó que desde su municipio esperan contratar a 50 nuevos funcionarios municipales para que colaboren en las tareas de seguridad, sobre todo de cara a la temporada navideña que se aproxima, además de una querella en contra de todos quienes resulten responsables por el daño a bien nacional de uso público. Junto a ello, el jefe comunal penquista consideró que el petitorio del movimiento social se resume básicamente en dos frases: menos abusos y más justicia social.

-¿Cómo han vivido este estallido social en Concepción?
-Tenemos una situación compleja en el centro de la ciudad, dentro de un perímetro determinado en el casco central de Concepción. Es una situación compleja que se vive principalmente en la tarde por un grupo muy reducido en comparación a las que pacíficamente hemos marchado durante ya más de un mes que tenemos de movimiento social. Nosotros rechazamos categóricamente todo hecho de violencia, toda opción que a través de la fuerza algunas personas toman, para, según ellos, hacer validar ciertas peticiones. Nosotros creemos que la violencia no es el camino, por lo tanto, lo rechazamos categóricamente. Nosotros apoyamos la demanda social en diferentes ámbitos, y que millones de personas de manera pacífica se han manifestado. Ya se han elaborado 21 proyectos por parte del municipio para enviarlos a la Subdere, para así conseguir los recursos y poder ordenar e instalar semáforos, señaléticas, aceras, etc., en diferentes lugares que son de bien público.

-En cuanto a los destrozos, ¿han presentado algún recurso judicial?
-Nosotros estamos desde el minuto uno en terreno. Nuestro municipio, nuestros funcionarios y funcionarias han dejado todo en la calle, todo su compromiso limpiando, ordenando. Yo me saco el sombrero con los funcionarios municipales que han aplicado cada una de las instrucciones que han salido desde la alcaldía en coordinación con cada uno de ellos. Cuando ya llevábamos casi 10 días, nosotros hicimos una querella en contra de todos quienes resulten responsables por el daño a bien nacional de uso público, y el día viernes, junto con el alcalde de Coronel, presentamos un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción, que iba dirigido al Ministerio del Interior, del cual dependen los cargos de intendente y gobernador, en virtud de no dar garantías de derechos constitucionales básicos que se han lamentablemente perdido en estos últimos días en estos hechos de violencia.

-¿Comparte una declaración que hizo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que dijo que hay más carabineros resguardando el Costanera Center que en las ciudades? ¿Ustedes han sentido que están abandonados o que no hay suficientes funcionarios para resguardar el orden público en la ciudad?
-Imagino que en varios momentos se han sentido sobrepasados (Carabineros), porque esto es algo de todos los días que se tiene que salir con todo el personal de Carabineros. Se ha tratado de hacer todo lo humanamente posible. Más que yo evaluar lo que hace Carabineros, me imagino que la coordinación que tienen con la Gobernación y con Intendencia, con quienes se relacionan directamente, imagino que obedecerá a una estrategia que ellos tienen.

-¿Por qué razón se decidió a contratar guardias privados para ayudar a resguardar el orden público?
-Nosotros en ningún momento hemos planteado guardias privados. Lo que nosotros planteamos es la contratación y el refuerzo de personal para cumplir funciones de inspección municipal. Los municipios en nuestro país no tienen policías municipales, por lo tanto, estos no son policías municipales. No es contratación de guardias de empresas privadas, sino que aumentar la cantidad de inspectores municipales para que también genere una especie de copamiento en el sector céntrico de la ciudad de Concepción. De esta manera, nosotros queremos que estos funcionarios municipales tengan la función de asistir, coordinar y fiscalizar acciones en las materias del ámbito propio de un gobierno comunal, que en este caso son de los inspectores municipales. A través de esta iniciativa buscamos contribuir con un rol preventivo y disuasivo a la seguridad de la comunidad que reside, trabaja y transita en el casco urbano de la ciudad de Concepción. Nosotros no somos jefatura de Carabineros y de PDI, y el rol de realizar otras acciones distintas a lo que nosotros, como gobiernos comunales tenemos, está a cargo de Carabineros y la PDI.

-¿De cuántos funcionarios estamos hablando y cuándo comenzarían a trabajar?
-A partir de hoy empezamos la búsqueda de personas que reúnan ciertas condiciones para ser no guardias de seguridad sino inspectores municipales, y estamos contratando a aproximadamente de 50 personas que de aquí al viernes ya deberían ir saliendo a la calle, porque en el fondo se trata de personal para que colabore en funciones de seguridad principalmente en el centro. La principal actividad económica que tiene Concepción es el comercio establecido, por lo tanto, ahora que se viene este mes de diciembre, necesitamos generar cierta seguridad y tranquilidad tanto a las personas que trabajan como quienes nos visitan.

-¿Cuál es su punto de vista sobre la agenda social y de seguridad planteadas por Sebastián Piñera?
-Yo creo que criminalizar el movimiento social no es el camino. Acá lo que la ciudadanía está esperando son cambios profundos. Obviamente hay temas puntuales de seguridad (…) pero lo que nosotros también esperamos son cambios profundos a diversas cosas, y cuando uno revisa el amplio petitorio de este movimiento, uno podría resumirlo en dos palabras: menos abusos y más justicia social, y por lo tanto tienen que existir cambios profundos para que la ciudadanía finalmente vea la voluntad de proyectar un Chile mucho mejor al cual vivimos actualmente.

-¿Y considera que la agenda social responde a esas demandas?
-Yo creo que siempre se puede hacer más. Este gran acuerdo nacional, que en el fondo gestionaron y firmaron los partidos políticos con representación parlamentaria, yo creo que faltó una parte muy importante (…) este movimiento social no lo convocamos ni los partidos políticos, ni el Gobierno, ni nadie. Este fue un movimiento social convocado desde la ciudadanía para la ciudadanía y creo que se debería haber trabajado ese acuerdo que se generó días atrás también con los representantes de ese mundo social que finalmente llevó a cabo este gran movimiento que lleva más de un mes.